El undécimo aniversario de Primera Plana es propicio para reflexionar sobre el momento actual que vive la capital del Alto Paraná, a las puertas de la oportunidad histórica de un cambio en la forma de conducir su destino, que hasta hoy, y durante 15 años, ha estado al servicio de un clan político-familiar que ha manejado la municipalidad de Ciudad del Este como si fuera su feudo particular.
A lo largo de once años de incansable prédica, este medio de comunicación ha insistido en la necesidad de conocer los números reales con que ha sido gestionado el municipio, en concordancia con las numerosas denuncias presentadas contra las administraciones del clan Zacarías, por parte de organizaciones ciudadanas.
El reclamo popular de transparentar las cuentas comunales ya tiene ahora un alcance nacional, al haber iniciado la Cámara de Diputados el proceso que podría llevar a la tan ansiada intervención de la municipalidad esteña, con el fin de aclarar las dudas sobre la gestión de la intendenta Sandra McLeod, extensivo al período anterior ejercido por su marido, el autodenominado líder colorado Javier Zacarías Irún.
El clan dice no temer a la transparencia, pero los hechos lo desmienten, al haberse blindado en forma reiterada de la Contraloría General, teniendo la complicidad y la complacencia tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial.
Ahora toca ver si los diputados, contradiciendo lo que pide la ciudadanía a través de sus representantes de la junta municipal, le otorga esta vez al clan el blindaje político que están solicitando. Si ocurriera esto, sería como cohonestar una gestión plagada de sospechosos manejos poco claros, basados en un avieso esquema clientelar y en chocantes movilizaciones violentas de sus partidarios, como lo acontecido la semana pasada con el saldo de periodistas agredidos de forma salvaje por una turba movida a control remoto por la consabida consigna zacariísta de aplicar el garrote y propagar el miedo contra toda disidencia en sus dominios, como si se tratara de volver a aplicar viejos esquemas autoritarios que ya se creía estaban perimidos desde el final de la dictadura en 1989.
A través de estas columnas editoriales siempre hemos sostenido que los manejos del clan están basados en una concepción del ejercicio del poder autoritario, como forma de asegurar la continuidad de un sistema corrupto y prebendario en el cual se beneficia sólo el grupo familiar en detrimento de la gran mayoría ciudadana de la segunda ciudad de la República.
Es hora que, por fin, la clase política nacional entienda que esta forma de hacer política debe ser desterrada de todas las municipalidades y del conjunto de entes estatales, en consonancia con lo expresado por el propio presidente de la República en su discurso ante el Congreso, en su rendición de cuentas del pasado 1 de julio, cuando dijo que, más que nunca, se halla comprometido con la transparencia en el ejercicio de la administración del país, por encima de cualquier interés particular.
Ojalá que el presidente Horacio Cartes se mantenga conteste con sus expresiones ante los parlamentarios, y no le tiembla la mano para dar una señal a sus diputados en el sentido de apoyar la reivindicación soberana del pueblo de Ciudad del Este.
Una intervención a la comuna esteña será una evidente indicación de que no se tolerará, en los dos años que le resta de mandato al Jefe de Estado, la vieja forma de hacer política que representa el clan Zacarías.
Por el contrario, el rechazo de los legisladores al pedido de la junta municipal de CDE significará un retroceso y un mentís a lo deseado por el presidente Cartes en su mensaje anual al Parlamento.
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