El abogado Daniel Kovacs Popoff es un influyente consultor ambientalista que asesora en la SEAM no para apoyar la conservación de los bosques sino con el fin de confeccionar dictámenes jurídicos que favorecen a actividades industriales de alto impacto contaminante y exonerarles de cumplir la Ley de Certificados Ambientales.
Los propietarios de bosques que poseen certificados ambientales simplemente no los pueden negociar con aquellas actividades de amplio impacto, tal como establece la Ley 3.001/06, por la aplicación de caprichosos dictámenes jurídicos en la propia SEAM que prácticamente anulan la legislación vigente.
El nombre de Daniel Kovacs ya sonaba como posible ministro de la Secretaría del Ambiente en 2012, poco después de la “caída” de Fernando Lugo, que en las postrimerías de su mandato había reglamentado la Ley 3.001, incluyendo a las construcciones con un costo de más de 50 millones de dólares como pasibles de pagar los bonos destinados a la conservación de los últimos bosques existentes en el país.
Antes de la salida de Lugo, la SEAM, bajo la dirección de Oscar Rivas, había dictado la resolución 2.079/12 en la que se calificaba a las construcciones de edificios como de alto impacto ambiental, por lo que varias grandes obras edilicias en Asunción debían pagar el 1 por ciento del costo total en servicios ambientales previstos en la citada Ley de 2006.
Pero, en forma llamativa, bajo la presidencia de Federico Franco fue emitido el decreto 11.202/13, en el cual se apoyan los dictámenes jurídicos de la SEAM para empezar a exonerar a los edificios del pago de los bonos.
Dicho decreto, además de la construcción y ampliación de rutas, aeropuertos, represas hidroeléctricas, ductos y líneas eléctricas, definía como de alto impacto a la “construcción de establecimientos portuarios, aeroportuarios o industriales cuyas inversiones sean iguales o superiores a los dólares americanos cincuenta millones (USD 50.000.000.-)”
Hugo Enrique Cañiza, asesor jurídico de la SEAM.
Los asesores jurídicos de la SEAM, bajo la batuta del director Hugo Cañiza, se han aferrado a este decreto para establecer que la construcción de grandes edificios no está obligada a comprar los bonos de servicios ambientales.
Pero la construcción fue conceptuada siempre como una industria más, por lo que las obras edilicias de más de 50 millones de dólares no pueden escapar al pago de los servicios, incluso con la nueva norma en cuestión.
El mismo decreto de 2013 había establecido que la SEAM se encargaría de definir en forma taxativa las construcciones y actividades de alto impacto, pero a casi tres años esta dependencia de la Presidencia de la República no ha divulgado ninguna nueva reglamentación.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) del Senado, exigió a la SEAM la redacción de una nueva resolución, porque actualmente existiría una especie de “vacío legal” que fomenta la aparición de contradictorios dictámenes jurídicos como los que han favorecido a algunas grandes industrias y construcciones de alto impacto ambiental.
La CONADERNA prácticamente conminó a la SEAM a volver a la reglamentación de 2012, pero la dilación en la fijación exacta de las obras y actividades de alto impacto sería una jugada del equipo jurídico que domina en la SEAM, bajo la asesoría de Daniel Kovacs, para continuar con el festival de exoneraciones a las empresas, con la sospecha de posibles “incentivos” a los funcionarios, según se dijo en la reunión del Senado.
Kovacs entra en acción
El edificio del World Trade Center (WTC) de la avenida Aviadores del Chaco debió pagar el 1 por ciento de bonos sobre el costo de la obra de US$ 80 millones, es decir 800 mil dólares, según la resolución del 8 de agosto de 2014. Pero, a pedido del abogado Daniel Kovacs Popoff, en representación de la firma Capitalis S.A., constructora del WTC, se pidió el cambio de la resolución para exonerar a la construcción de la adquisición de los bonos ambientales.
La celeridad con que actuó la SEAM fue muy llamativa, coincidentemente con la salida de la anterior ministra María Cristina Morales, en enero de 2015, y su reemplazo por el actual titular Rolando de Barros Barreto.
La firma Capitalis había pedido la reconsideración del pago el 2 de setiembre de 2014, poco tiempo después de que saliera la resolución de la SEAM obligándola a adquirir los bonos. El 12 de diciembre de 2014, el director jurídico de la SEAM, Hugo Enrique Cañiza, accedió a la exoneración del pago de los bonos, supuestamente porque un decreto está por encima de una resolución.
Sin embargo, hay que advertir que el decreto en ningún momento derogó en forma expresa la resolución, más aún por tratarse de materias similares e incluso porque el Poder Ejecutivo volvió a decir que la SEAM es el órgano encargado de precisar las actividades de alto impacto.
Salida de Morales
Coincidentemente con la salida de la anterior ministra María Cristina Morales, el 13 de enero de 2015, y la toma de posesión inmediata del actual titular Rolando de Barros Barreto, se aceleraron los trámites a favor de las exoneraciones a las empresas de alto impacto.
El 19 de enero de 2015, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Edelira Duarte, contestó a Capitalis en nombre de la SEAM dándole la razón a la empresa indicando que “el Decreto 11.202/13 (actualmente vigente) no considera la construcción de edificios como de alto impacto ambiental”.
Dos días después, el 21 de enero, con el membrete de la consultora PGK, Daniel Kovacs Popoff se dirige al director de Control Ambiental de la SEAM, Hans Hellman, pidiendo la expedición de una nueva resolución que le exonere a Capitalis de la obligación de pagar los bonos ambientales.
Siguiendo con el mismo trámite acelerado, el 18 de febrero, Hans Hellman le da la razón a Kovacs Popoff y deja sin efecto la obligación de adquisición de los bonos ambientales, por parte de Capitalis, abriendo así el camino a un festín de exoneraciones para otros pedidos similares.
La consultora PGK del abogado Kovacs se erige así en una influyente instancia asesora en la SEAM, a tal punto de encargarse de presentar relatorios de impacto ambiental de otras grandes industrias, como la que realizó para Vetorial Paraguay S.A., que regenta actualmente la planta siderúrgica de Acepar de Villa Hayes.
El letrado ejerce de asesor de la SEAM en varios temas que aborda la asesoría jurídica a cargo de Hugo Cañiza, como la revisión y actualización del marco legal ambiental forestal.
Su influencia es tal que se lo ha visto en una reunión conjunta con Cañiza para abordar temas “a partir de la visión de los encargados de realizar las tareas jurídicas para el cumplimiento y aplicación de la legislación ambiental en aquellas cuestiones de las que la SEAM ejerce la calidad de autoridad de aplicación”, según un comunicado de la propia entidad estatal.
La influencia de PGK se debería también a la presencia en el equipo de consultores del ingeniero ambientalista Juan Moreno Rodas, que estaría vinculado por parentesco a la firma de abogados Moreno Ruffinelli, con gran capacidad de lobby en el Gobierno porque uno de sus integrantes es el actual procurador general Roberto Moreno.
Con la actitud asumida por la dirección jurídica de la SEAM, se ha abierto un amplio agujero por donde se filtran las exoneraciones que impiden la aplicación irrestricta de las compensaciones ambientales basadas en la conservación de bosques, tal como establece la ley.
Paradójicamente, la anterior gestión de María Cristina Morales venía siendo cuestionada, entre otras cosas, por la falta de eficiencia en el control y manejo de los recursos naturales del país, una de cuyas consecuencias es la persistente deforestación que sitúa al Paraguay como uno de los más afectados. La ex ministra de la SEAM había reconocido incluso que nuestro país en pocos años más se quedaría sin bosques.
Una premoción que va camino a cumplirse con la actual gestión de Rolando de Barros Barreto, incentivada por sus asesores jurídicos.
Facebook Comentarios