Escribe: Luis Alen.
El ejercicio de la protesta es libre, cualquiera sea su formato, toda vez que no produzca daños a terceros, físicos o materiales, se podría decir para comprender la actitud asumida por el abogado Paraguayo Cubas en el tribunal de Ciudad del Este, donde adoptó una pose impúdica para llamar la atención pública sobre lo mal que andan nuestras instituciones democráticas, y especialmente la Justicia.
Pasar del “escrache” al “escarnio” era de prever ante la excesiva dureza de la fiscalía en reprimir a quienes protestan contra los corruptos, y, al mismo tiempo, la debilidad manifiesta de los fiscales y la inacción judicial por los reiterados reclamos ciudadanos para investigar las múltiples denuncias contra el poder de turno tanto en CDE como en el plano nacional.
Es que la clase política está cosechando lo que plantó cuando prácticamente declaró como su “sucursal” tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, maniatando a éstos con nombramientos y canonjías que definitivamente han convertido estas reparticiones del Estado en meras dependencias del poder de turno, ya sea local o a nivel país.
Por qué el “no” a la reelección
Hay que imaginarse lo que sería la política nacional en el caso de habilitarse la reelección. El Gobierno actual se eternizaría y asumiría el control total del Estado, de sus negocios y de la hacienda nacional, lo que en un marco de sumisión de los magistrados y fiscales a las órdenes del poder daría lugar a la ciega obediencia de la Justicia a las directivas del dictador de turno, como en los tiempos de Alfredo Stroessner.
De allí se entiende la oposición de mucha gente al proyecto de reelección de HC, porque si se concretara el “rekutú” contaríamos sólo con una democracia de fachada, atendiendo al hecho de que ya ahora empiezan a no funcionar las instituciones republicanas que, como el Poder Judicial o la Fiscalía, deben ser independientes del Ejecutivo e incluso del Congreso, para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
Si hoy un poder local como el del clan Zacarías de Ciudad del Este tiene aprisionada a la Justicia, consiguiendo el blindaje para que no se lo audite en ningún caso por las denuncias de mal manejo del Fonacide y de otros recursos puestos a su disposición, se debe pensar seriamente en otorgar plenos poderes al Ejecutivo nacional, cuando también actualmente se sabe que cualquier denuncia contra las autoridades a nivel país corre el riesgo de terminar en el mismo “opa rei” que ya sucede en la capital del Alto Paraná.
La eternización de algunos personajes en el poder, a nivel latinoamericano, no le trajo ningún beneficio a varios países, precisamente por la sospecha de que los gobernantes usan el gobierno para su propio beneficio personal o grupal. Tras la salida de los aprendices de dictador, caso Brasil o Argentina para no ir tan lejos, dejan una estela de corruptelas que hacen tambalear las economías con índices de inversión bajísimos por el temor de los empresarios en apostar a un futuro signado por la incertidumbre de la politiquería en vez de cimentarse en la institucionalidad.
La campaña a favor de la reelección de Horacio Cartes tiene el claro objetivo de posicionar al presidente y a su grupo empresarial en la cima del poder político nacional “per secula seculorum”. Una parte de la clase empresarial está de acuerdo con esta postura y claramente busca su concreción, porque supuestamente HC es la única garantía para mantener a raya los reclamos de las clases populares, como campesinos y sin techos de las ciudades, apelando muchas veces a aparatosos movimientos policiales como el que se vio en Guahory, Caaguazú, hace unos días, para el desalojo de ocupantes de tierras que incluso tenían documentos del Indert cuestionados por compradores brasileños.
Quienes alientan la idea reeleccionista saben que, felizmente, la Constitución de 1992 tiene una doble cerradura que no hace tan fácil cambiar el texto de la Ley Mayor. La Carta Magna de la República no es el estatuto del Partido Colorado, que resultó muy permeable en su momento en la parte que prohibía la candidatura de miembros con menos de 10 años de afiliación, bajándose de un plumazo a 1 año la inhabilitación para permitir que HC sea candidato presidencial.
El camino de la enmienda puede ser tomado, pero torciendo groseramente el texto constitucional, mientras que es más “legal” acudir a la reforma, pero llamando a una convención nacional constituyente donde se requiere llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas que será difícil alcanzar toda vez que gran parte del arco político opositor se muestra reacio a habilitar la reelección para el actual ocupante del sillón de López.
Lo que puede venir
Lo que ocurre con el clan Zacarías actualmente, con su impunidad total avalada por la Justicia y el blindaje político del cartismo en la Cámara de Diputados, es sólo una premonición de lo que puede llegar a suceder en el país en el caso de ser habilitada la reelección de HC.
Si ahora, sin reelección, Cartes y Zacarías Irún exhiben en forma desembozada una manipulación de la Justicia, fiscal y policial, sin escrúpulos, en contra de campesinos, estudiantes y cualquiera que se le cruce en frente, hay que pensar seriamente en el destino de la República en el caso que el poder total caiga en sus manos.
Lo llamativo es que HC muestra, por el contrario, una debilidad rayana en la complacencia con la insurgencia del EPP y el crimen organizado del Norte, concentrando gran parte del presupuesto de “inteligencia”, por ejemplo, en espiar a políticos, periodistas y jóvenes dirigentes estudiantiles de la capital, en lugar de destinar estos recursos a la lucha contra los delincuentes.
Es lo que le hace al cartismo parecerse cada vez más al régimen autoritario stronista, con la vuelta del famoso sistema del “pyragüereato” (delación institucionalizada), pero con la sutil diferencia de que Stroessner conseguía resultados contundentes en su lucha antisubversiva, diametralmente opuesto al casi nulo éxito cartista contra los marginales de la política y la sociedad.
Por eso, el mejor bien que tiene la República es la no reelección, ya que el texto incluso no deja que existan interpretaciones torcidas en base a cualquier ambigüedad semántica, al señalar que “en ningún caso” se admite que HC esté en la presidencia más allá del 15 de agosto de 2018.
Los más interesados en la reelección son indudablemente los del entorno presidencial, ya que cinco años son pocos “para poder llevar a cabo las obras de progreso”. Es decir, en gran parte para el progreso del grupo empresarial ligado a HC y a los demás negocios que puedan realizar los miembros del entorno, se debe leer entre líneas.
De allí que el escarnio público al magistrado de CDE, por parte de “Payo” Cubas, hay que comprender como el extremo grito desesperado para despertar la conciencia ciudadana y no permitir la instalación de una dictadura político-judicial en el país.
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