Por los delitos de acción penal pública de lesión de confianza, actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y omisión de aviso de un hecho punible, fueron denunciados los ministros de la Corte Suprema de Justicia y la intendenta Sandra McLeod.
“Venimos a presentar denuncia, en virtud del artículo 284 del C.P.P, contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia y superintendentes de esta circunscripción judicial: Doctores Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco; el ex superintendente de la misma: Dr. Víctor Manuel Núñez; la intendente de Ciudad del Este: Sandra McLeod de Zacarías; y la propietaria del edificio donde funcionara la sede penal en esta ciudad, cuyo demás datos serán arrimados posteriormente, y otros miembros actuales o anteriores de la Corte Suprema de Justicia y terceros que resulten partícipes, de los delitos de acción penal”, refiere parte de la presentación realizada ante el Ministerio Público por el Colegio de Abogados del Alto Paraná.
En la descripción de hecho el escrito refiere: “El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a los superintendentes para las distintas circunscripciones judiciales del país y para la circunscripción judicial del Alto Paraná fueron designados: Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Víctor Manuel Núñez. Esto fue así porque siempre se criticó la figura de Sindulfo Blanco y para paliar esta situación, no encontraron mejor solución que nombrar a los otros dos, con lo que no ha mejorado en nada la gestión de los tres superintendentes, pues venimos reclamando la construcción de un nuevo edificio desde hace más de 10 años y siempre con promesas que nunca se cumplieron, puesto que cada uno de ellos venían con diferentes propuestas y además parece ser que el pago de alquileres resultaba un gran negocio para algunos”.
Tenía conocimiento
“Sandra McLeod de Zacarías administra el municipio de Ciudad del Este hace nueve años, y a pesar de tener conocimiento de las pésimas condiciones de las sedes civil y penal de esta ciudad permitió la habilitación continua de las mismas. Eran sus obligaciones, con los concejales municipales de la época, por ley, la reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones públicas y privadas, Incluyendo aspectos sobre la alteración y demolición de las construcciones, las estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas y electromecánicas acústicas, térmicas o inflamables; así como: la reglamentación y fiscalización de normas contra incendios y derrumbes. Desconoció el peligro que representaba habilitar esos edificios, a pesar de tener los informes de los Bomberos Voluntarios”, agrega otra parte de la denuncia.
La denuncia también afecta a la empresaria Susanne Wihbi, propietaria del edificio en cuestión, y otros que resultaron responsables de los hechos denunciados. El gremio y otros abogados que se adhirieron a la denuncia, señalan que las autoridades de la Corte, de la Municipalidad y la propietaria de un edificio, alquilado para sede del Tribunal Penal, conocían que no tenía condiciones para albergar a la Justicia, pero que aún así no hicieron nada para solucionar el grave problema y en consecuencia, hace dos semanas se produjo rajaduras en el edificio y tuvo que ser evacuado.
Hundimiento
Las fisuras fueron consecuencia del hundimiento de las zapatas centrales en el edificio que era sede del Tribunal Penal, ubicada sobre la calle Aca Caraya, del barrio Boquerón de Ciudad del Este.
El hecho fue constatado por técnicos de la Corte Suprema de Justicia y el jefe de Obras Civiles de la Circunscripción local e informado al presidente de éste último, el camarista Isidro González, quien a su vez informó los hechos a los abogados y funcionarios, por lo que se tomó la determinación de mudar a los funcionarios a un edificio contiguo y luego a otro edificio alquilado.
Un hecho similar ocurrió en el año 2010 en la sede del Palacio de Justicia, propiedad de la Corte Suprema de Justicia, cuando se supo que el edificio no fue habilitado. Este hecho fue señalado como antecedente por los denunciantes.
Los denunciantes señalan que los Superintendentes de Justicia para el Alto Paraná tenían conocimiento de que el edificio alquilado no podría soportar la carga de unas 35 toneladas de funcionarios, además de los abogados y sus clientes que acuden al lugar. El gremio sostiene que el local, ahora con fisuras, había sido inspeccionado por el Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este, quienes informaron a la Municipalidad que “ningún edificio donde funciona el Poder Judicial estaba habilitado para operar y que se necesitaba adecuarlos para resguardar la seguridad de las personas”. En ese contexto, los denunciantes sostienen que debieron ser clausurados, pero que la Comuna guardó el informe sin tomar medidas.
Facebook Comentarios