Un grupo de 23 ex obreros municipales despedidos, sin sumario administrativo, en el año 2001, por el entonces intendente Javier Zacarías Irún, esperan cobrar lo que por derecho les corresponde. Se trata de la causa “Luis Aníbal Páez Marsal y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de sentencia”.
El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, Mario Aguayo, reiteró a la Municipalidad de Ciudad del Este el compromiso pendiente de pago que mantiene con un grupo de 23 ex obreros municipales.
El magistrado ordenó a la comuna incluir dentro del presupuesto 2017. Según los datos debe incluir dentro de su presupuesto la suma de 4 mil millones de guaraníes. El año pasado salió una orden judicial similar de inclusión en el presupuesto para este año, pero no se cumplió.
Si bien el entonces intendente Alberto Rodríguez incluyó dentro del proyecto de presupuesto en la Junta Municipal, la mayoría oficialista decidió desoír la orden judicial, porque la orden solamente afectaba al intendente y no al cuerpo legislativo.
La causa en cuestión es “Luis Aníbal Páez Marsal y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de sentencia”. La comuna perdió el juicio en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego se realizó la liquidación en concepto de indemnización, salarios caídos, más intereses.
En el año 2007 se realizó la primera notificación. El juez Atilio Saguier intimó a la comuna en dos oportunidades. El juez Carlos Balmaceda también lo hizo en dos oportunidades. Mientras que el magistrado Mario Aguayo, con la presente notificación, suma 3 notificaciones. Esta última de fecha 6 de agosto.
En el 2006, la condena fue de 2 mil 760 millones de guaraníes. Si es que la Municipalidad abonaba a los trabajadores como corresponde en derecho todos sus beneficios, en diciembre del 2001, el monto a abonar no superaría los 210 millones de guaraníes. “A causa de que no pagó la comuna fue condenado en el año 2006. Este monto va subiendo mensualmente, teniendo en cuenta que se ha establecido, por orden judicial, una multa de 83 millones de guaraníes mensuales por incumplimiento”.
Otra caso
Este no el único juicio laboral con revés para la comuna esteña. En otro expediente está en juego cerca de 70 mil millones de guaraníes que la comuna debería pagar en caso que no readmita a unos 103 funcionarios destituidos. El monto corresponde a salarios caídos y beneficios que dejaron de percibir los dimitidos, que está actualmente en la Corte Suprema de Justicia.
Los antecedentes dan cuenta que un grupo de 300 funcionarios fueron dimitidos en el año 2000 por el entonces intendente Eduardo Ramón Morales. Luego, por una sentencia judicial, se ordenó el reingreso de los mismos ex funcionarios.
En el marco de un acuerdo entre la comuna y los accionantes fueron readmitidos los 103, por entonces era intendente el ingeniero Carlos Núñez, que asumió el cargo para completar el mandato de Javier Zacarías, que renunció a la intendencia para volver a candidatarse en año 2005.
Pero tras la reelección de Zacarías Irún como intendente, en el año 2006, de nuevo fueron echados, iniciándose una nueva demanda que terminó en 2014, con una sentencia en contra de la comuna.
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