Escribe: Luis Alen.
Un demorado ajuste en las estadísticas de las cuentas nacionales, que afecta específicamente la medición del PIB, más que permitir una mejor presentación de la economía de cara a los acreedores internacionales, revela las funestas consecuencias del atraso cambiario para la producción como para los niveles de vida de la población.
El Banco Central acaba de actualizar el año base para el cálculo del tamaño de la economía nacional, dejando de lado el de 1994 para pasar al de 2014, una diferencia de 20 años. Aunque implica una medición más real del Producto Interno Bruto (PIB), dejándolo para 2016 en US$ 36.646 millones, del atrasado monto total anterior de US$ 27.645 millones, la diferencia de US$ 9.000 millones tiene serias implicancias sobre la preocupante capacidad fiscal de mantener un equilibrio entre ingresos y gastos del Estado.
Si bien habrá mayor margen para seguir el sostenido ritmo de endeudamiento estatal, ya que el “ratio” Deuda/PIB disminuye de 23 a 17 por ciento y el déficit de la administración central se sitúa por debajo del tope de -1,5 por ciento marcado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, este verdadero “milagro” de las estadísticas no es del todo halagador para quienes se han propuesto nuevamente tener un ampliado margen de maniobra para inflar el presupuesto estatal 2019.
Es que la mala noticia llega por el lado de las recaudaciones tributarias que, con una inflación que orilla el “cero” hasta el momento y encima con la corrección del cálculo del PIB, se presentan cada vez más reducidas con respecto al nivel de producción real en la economía, haciendo que la presión tributaria se reduzca, con los nuevos números estadísticos económicos, de 12,5 por ciento a nada más que 9,6 por ciento con relación al Producto Interno Bruto.
La trampa del atraso cambiario
De resultar un buen instrumento antiinflacionario para el BCP, la estabilidad cambiaria se convierte en atraso cambiario si se analiza la tendencia a una inflación del orden de 4 por ciento anual en los últimos años, aunque con tendencia a ser menor este año, por debajo de dicha meta de la autoridad monetaria.
A pesar del creciente déficit fiscal, la estabilidad cambiaria sostenida por un “colchón” de reservas internacionales del orden de los 8 mil millones de dólares y el agregado de elevados niveles de tasas de interés pese a la inflación baja, han tendido a llevar a la inflación a un nivel casi “cero” en los últimos meses de 2018.
De cualquier forma, ha existido en los últimos años un atraso cambiario en la relación tipo de cambio/inflación, lo que lleva a las recaudaciones tributarias a un menor ritmo de crecimiento, lo que se complica en la medida en que también inciden en un bajón de los ingresos fiscales la gran informalidad económica (la economía en negro), la evasión impositiva y el freno a un mayor crecimiento de la producción por el lado de las exportaciones, motivado por el atraso cambiario, agravado por el hecho de que cada guaraní que recibe el exportador no le sirve para pagar el guaraní de importación, que le resulta cada año más caro, mientras el tipo de cambio sigue invariable, promoviendo la importación antes que la exportación.
En forma inevitable, el nuevo Gobierno de Mario Abdo, así como la nueva legislatura, tendrán que acometer la dura tarea de reacondicionar los ingresos tributarios a la nueva realidad económica nacional, evidenciada en los guarismos del PIB, actualizados sobre una base anual más realista.
No sólo se deberá enfrentar con mayor rigurosidad la evasión tributaria y la informalidad económica, haciendo que más operadores económicos ingresen al circuito formal de Hacienda, sino también se tendrá que buscar fuentes adicionales de ingresos impositivos, como el caso de los impuestos sobre el tabaco y la soja, así como una revisión del impuesto a la renta personal (IRP), convirtiéndolo en más general y con menos posibilidades de exenciones o deducciones, que terminan haciéndolo impracticable.
Tanto los ingresos de Itaipú como de Yacyretá tendrán que ser igualmente revisados para promover su mayor afluencia a las arcas del Tesoro nacional, por medio de una renegociación adecuada de sus servicios financieros en los próximos años, sin esperar el 2023, especialmente en el caso de la usina paraguayo-brasileña. Estos mayores ingresos tendrán que ser destinados exclusivamente a infraestructura física y social, y no a gastos corrientes como salarios.
Lo mismo debe pasar con el endeudamiento externo, que deberá ser estrictamente destinado a proyectos de infraestructura de alta rentabilidad que puedan permitir el repago de la deuda pública, contratada en el mercado interno como en el exterior.
Otra instancia decisiva será el recorte de los gastos superfluos en la administración estatal y en evitar por un tiempo la contratación de más personal público, hasta llegar a un punto de equilibrio entre ingresos tributarios y egresos corrientes.
En el plano social, proseguir con los programas contra la pobreza extrema, pero revisando la estrategia de la lucha contra la pobreza en general, promoviendo la creación de condiciones para el pleno empleo en la economía, pero logrando al mismo tiempo una adecuada tendencia firme hacia la formalización plena de las actividades económicas por medio del sistema de la renta básica universal unido al impuesto a la renta, tanto sobre las empresas como el que grava los ingresos de las personas en general, y no sólo aquellas que son los “privilegiados” del IRP en estos momentos, como son los profesionales “liberales”.
Facebook Comentarios