Diputados oficialistas de la ANR y de la oposición presentaron el libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que principalmente contiene abundantes datos sobre la protección brindada desde el Ministerio Público al supuesto lavado de dinero realizado por empresas del expresidente Horacio Cartes, entre ellas Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). Faltarían unos pocos votos para la mayoría de dos tercios, que deben provenir del sector liberal llanista, cuyo líder Blas Llano había indicado que no quería “meterse en la interna colorada”.
La presentación en la Cámara Baja del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez estuvo a cargo de la diputada Kattya González, acompañada de un grupo de legisladores, colorados oficialistas y opositores, quienes son firmantes de una denuncia formal que permitirá el inicio del proceso de juicio político, el segundo que se le realiza a la jefa del Ministerio Público durante su mandato iniciado en 2018.
Los promotores de la acusación no tienen la seguridad de contar con los 53 votos necesarios para aprobar la acusación, porque los diputados que responden al sector liberal llanista aún dudan de aportar su apoyo para una resolución favorable y de esa manera conseguir los votos en el Senado, donde hay mayoría para la destitución.
Si bien el libelo también abarca muchos ejemplos de inacción y negligencia en causas de corrupción, o de parcialidad y selectividad de la Fiscalía, una de las principales acusaciones contra Sandra Quiñónez es la protección al supuesto lavado de dinero en relación a los negocios y empresas del expresidente Horacio Cartes, como señaló el diputado Sebastián Villarejo, de Patria Querida, para quien está claro el encubrimiento realizado por la fiscalía al cajonear un informe de “inteligencia financiera” de la Seprelad en 2019.
Un capítulo contundente constituye la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, realizada ante la Comisión Permanente del Congreso, donde se destapa el esquema de lavado de activos, contrabando, asociación criminal y mecanismo de protección de la Fiscalía a grupos de poder en rutas para el contrabando de cigarrillos fabricados por Tabesa, de Horacio Cartes. Asimismo, el círculo que siguen las cuantiosas ganancias originadas en el tráfico de tabaco y que se reintegran a bancos, casas de cambio y en la bolsa de valores, todas ellas empresas vinculadas a HC.
Con la posible sustitución de Quiñónez, tanto el Gobierno como la oposición buscan allanar el camino para la realización de investigaciones imparciales que conduzcan a esclarecer y eventualmente sancionar penalmente por las graves acusaciones que penden sobre el accionar de las empresas de HC.
Los diputados que responden a Cartes, así como los de Blas Llano, tienen clara la película que una eventual destitución de la fiscala general podría ser el inicio de una decadencia política del cartismo, así como también podría ser motivo de un “voto castigo” para el llanismo en la próxima interna liberal.
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