Escribe: Luis Alen.
La decisión del gobierno de Mario Abdo de auditar las empresas públicas en el último año de gestión de Horacio Cartes, es una correcta iniciativa que llevará necesariamente a una investigación a fondo de las sospechas que existen del intento del ex presidente de aprovecharse de la función pública para virtualmente confundir los objetivos de su grupo empresarial con los altos intereses de la nación.
Aunque en primer lugar cabe aclarar las recientes denuncias que envuelven a Petropar, es de suponer que las funciones del “súper auditor” Carlos Arregui sobrepasarán con creces las meras auditorías de gestión de las empresas públicas, para avanzar sobre el manejo global del Estado que realizaron los gerentes de HC acicateados por la Fundación “Ñande Paraguay”.
No debería obviar la investigación de Arregui y su auditoría, por ejemplo, el destino y la forma de captación de los recursos provenientes de los bonos soberanos, que prácticamente duplicaron la deuda externa en el gobierno de HC. Al mismo tiempo, no debe descartarse poner bajo la lupa todas las adjudicaciones y no sólo de las empresas públicas, enfocando principalmente a las cuestionadas licitaciones emprendidas en el Ministerio de Obras Públicas.
No hay que olvidar igualmente la protección política sin disimulos que tuvo el contrabando de cigarrillos, principalmente de la empresa del presidente, que es cierto resulta uno de los grandes contribuyentes al fisco, pero que también está acusado en la Justicia de declarar sólo la mitad de su producción en fábrica, donde precisamente se aplica el cálculo del valor imponible tributario para el pago de IVA, Selectivo al Consumo y Renta, dejando todo a cargo de la declaración jurada sin ninguna objeción de la SET.
El tema Petropar
Las acusaciones del cartismo sobre supuestos manejos irregulares en Petropar en las primeras semanas de gestión de la nueva presidenta del ente, Patricia Samudio, fueron la causa de las auditorías generales dispuestas en las empresas públicas, abarcando también de paso el último año de gestión del anterior gobierno de HC.
Justamente el análisis coincide también con el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 2019, en el cual se está tratando de evitar que se concreten masivos aumentos salariales para un funcionariado cada vez más inflado y que ya tiene el promedio salarial mucho más alto en comparación al sector privado.
Lo indicado sería que no se den incrementos en el presupuesto por parte del Congreso, tanto en la administración central como en las entidades descentralizadas, dejando los números así como están pedidos por Hacienda, de manera a ayudar a las investigaciones de los auditores a dilucidar las incógnitas que ahora pesan sobre el gobierno de Cartes y sus gerentes.
Lo que importa, tanto en Petropar como en las demás empresas del Estado, es que se auditen los números del anterior “nuevo rumbo”, y no tanto los dos meses de gestión de Marito. Es lo que ocurre con la petrolera, cuyos manejos en la era Cartes sí pueden arrojar luz sobre los intereses de los gerentes cartistas en el negocio petrolero.
Un capítulo especial merecen las binacionales Itaipú y Yacyretá, que de una vez por todas deben dejar de ser cotos cerrados para que los políticos usen los “gastos sociales” para un festival de prebendas y desvíos de fondos hacia finalidades que no hacen precisamente a un incremento de la producción en laeconomía y para una utilización más eficiente de la energía hidroeléctrica.
Podría ser hasta lo más acertado, que los “gastos sociales” y de los ingresos por la cesión de la energía, sean repartidos entre la población más necesitada, como sería el caso de los padres de familia con hijos pequeños que cuidar y educar, en vez de destinarlos en forma prebendaria a los políticos en permanente campaña electoral.
Hablando de los intereses del Grupo Cartes, habría que investigar también hasta qué punto los intereses del negocio tabacalero de HC incidieron para que no se consiguiera con Brasil ninguna nueva ventaja económica para el país en Itaipú, como ocurrió en el gobierno de Fernando Lugo.
Es decir, lo más probable es que Cartes haya “usado y abusado” a favor de su negocio, en la relación con los vecinos en Itaipú, ganando miles de millones de dólares en el tráfico de cigarrillos, pero perjudicando al mismo tiempo al país en miles de millones de dólares que podrían haber sido reclamados al Brasil si es que se exigía un mejor resarcimiento por la cesión de la electricidad a los socios en la binacional.
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