Tanto Horacio Cartes como Javier Zacarías Irún no ven la hora de definir a su favor el continuismo del “nuevo rumbo” y así consolidar su maridaje de conveniencia para los negocios. No debe sorprender por tanto que ZI se presente como el más aguerrido de los dirigentes colorados que promueven la enmienda ilegal e incluso demuestra que no tiene escrúpulos para presionar sobre la Justicia para obtener sus objetivos.
Como muestra vale el caso de la resolución favorable que consiguió del tribunal electoral del Alto Paraná, por la cual éste en forma inaudita dispuso limitar las atribuciones legales de la junta municipal de Ciudad del Este, a través de una medida cautelar a favor del clan Z, beneficiando a la intendenta Sandra McLeod con la prohibición de iniciar un nuevo pedido de intervención a la comuna, y en el caso que la decisión sea tomada en el siguiente año al pedido anterior de 2016, se lo haga por mayoría absoluta (nueve votos).
Los responsables de esta atrocidad jurídica son los magistrados electorales de la circunscripción del Alto Paraná y Canindeyú, sede Ciudad del Este, los abogados Víctor Candía, Carmen Chávez y Benicio Rodríguez. Desde adentro igualmente operó el juez Francisco José Zacarías Cubilla, tío del jefe del clan Zacarías, Javier Ernesto Zacarías Irún, considerado como el “cerebro” de todas las tramoyas que se perpetran en el comuna paranaense, desde hace más de 16 años.
De este modo, es fácil adivinar que cuando falta poco más de un año para que el veredicto popular de abril de 2018 sepulte las ansias continuistas del cartismo, la arremetida por el poder absoluto de HC, con el lánguido e impopular aporte de Zacarías Irún, terminará inexorablemente en la Justicia electoral y en la Corte Suprema de Justicia, instancias en donde se sabe existirán fuertes presiones del oficialismo con tal de conseguir el “rekutu”.
Un preanuncio de todo lo que está ocurriendo y de lo que se viene, ya se pudo apreciar en años anteriores, cuando, ni corto ni perezoso, ZI también obtuvo lo que quiso en el Poder Judicial, a través del “puenteo” que le hizo a la Contraloría General de la República, consiguiendo que sea el Tribunal de Cuentas -por supuesto con total complacencia de los jueces hacia su administración-, para que juzgara los números dudosos manejados por el municipio esteño y denunciados en su momento por el Frente Ciudadano.
Facebook Comentarios