Escribe: Luis Alen.
Una siniestra conspiración contra los intereses nacionales, con la complacencia y complicidad de elementos del primer anillo del presidente Mario Abdo Benítez, está detrás del acuerdo firmado con Brasil, que tiene como finalidad dejar en manos brasileñas el 90 por ciento de la producción de Itaipú, como ya ocurre actualmente.
La negativa del ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, de convalidar el acta bilateral entre los gobiernos de Brasilia y Asunción sobre la contratación de potencia “vinculada” de Itaipú, destapó una crisis sin precedentes en las relaciones paraguayo-brasileñas, además de un terremoto político para Marito Abdo.
Todo esto configura sólo el prólogo de lo que se prevé serán las duras negociaciones sobre la revisión del Anexo C del Tratado, en 2023, pero que a partir de ahora ya calientan el piso del gobierno abdista, después que éste claramente tratara, sin éxito, de ensayar una justificación a la notoria imposición brasileña tendiente a limitar la contratación de la energía que le corresponde al país en el emprendimiento y, de paso, encarecer la factura pagada por la entidad eléctrica nacional.
El acta “bilateral” ya fue firmada en forma extrañamente sigilosa el 24 de mayo a nivel de las cancillerías de ambos países, a espaldas de la opinión pública paraguaya, pero la tardanza en su traspaso a un contrato entre la ANDE y la Itaipú obedeció a la firme negativa de Ferreira, renuncia de por medio, lo que sirvió para defender el interés nacional pero también, de alguna forma, evitó que Abdo Benítez quedara definitivamente tildado de “entreguista” y sujeto casi con seguridad a un proceso de juicio político.
El acuerdo urdido “con el mayor sigilo” sin conocimiento de la opinión pública nacional, quiso ser defendido por funcionarios como el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y algunos técnicos afines a la posición gubernamental e incluso avalado por sectores empresariales como la Unión Industrial, aceptando que se trataba sólo de plasmar en números el creciente retiro de energía por parte de la ANDE, y prever para los próximos tres años la contratación de potencia, de modo a facilitar también la programación del retiro de electricidad de la parte brasileña.
Pero la trampa estaba en que se dejaba prácticamente de lado un trato ventajoso conseguido en 2007 de utilizar más energía “no garantizada”, lo que hacía que la ANDE pagara un promedio de tarifa menor, beneficiando al consumidor paraguayo. Al optar por el nuevo esquema, Paraguay debía pagar hasta más de 300 millones de dólares adicionales por la energía, con la consiguiente subida de la tarifa a nivel del consumo nacional.
El gran ganador: Brasil
Con el acuerdo, que difícilmente sea revisado por Brasil, se convalida un sistema de operación que ya actualmente se da en Itaipú, donde el socio condómino se lleva a precio regalado gran parte del 50 por ciento de la energía que le corresponde al Paraguay.
Lo que le preocupa a los brasileños es que la ANDE viene retirando mucha energía adicional a la garantizada, como forma de satisfacer un crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional, del orden del 7 por ciento anual. Y esa energía excedente es la que tiene precisamente menor precio, con lo cual se produciría una “asimetría” con el nivel de precios pagado por Eletrobras, y que induciría supuestamente un proceso de industrialización en el Paraguay en competencia desleal con la industria del vecino país.
Es la famosa “avivada” paraguaya que fue denostada en forma increíble hasta por el mismo Abdo Benítez, que, sin embargo, implica un mecanismo totalmente previsto en los instrumentos firmados anteriormente y que habilitaban al Paraguay a hacer uso de esta posibilidad ventajosa. Todo esto quedaría desactivado con el nuevo acuerdo, que daría prioridad al retiro de energía “vinculada” por parte de la ANDE, es decir, la electricidad más cara.
Resulta evidente que con la previsibilidad de una contratación por la ANDE de potencia “vinculada” o “garantizada”, y menos retiros de la “no garantizada” o “adicional”, la Eletrobras contaría con un escenario más seguro en el futuro inmediato, de aquí a tres años hasta 2022.
Se puede prever incluso inducir una reducción del consumo paraguayo vía aumento de la tarifa para el consumidor final. Y con esto, obviamente, se conseguiría mantener el retiro de energía total de Itaipú, por parte de Brasil, en el orden del 85-90 por ciento de los últimos años, con la operación a pleno de las 18 turbinas habilitadas para producir electricidad, dejando las dos de reserva para mantenimiento, lo que totaliza el parque generador de 20.
Esta situación deberá obligar a la ANDE a retomar energía de Yacyretá, con el fin de compensar el encarecimiento de la que retira de Itaipú. Pero la cuestión es que actualmente la entidad eléctrica casi no conecta el sistema interconectado nacional con la hidroeléctrica paraguayo-argentina, posiblemente por las tareas que se realizan para una conexión más eficiente y segura, la que estaría disponible en diciembre.
Todo esto lleva a la conclusión que el escenario energético paraguayo, a pesar de la capacidad de contar con unos 8.000 megavatios de potencia instalada con las dos grandes represas, debe ser reformulado en su totalidad a partir de rechazar el vigente modus operandi, y renegociar completamente los tratados y acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina, para la plena utilización del 50 por ciento de la producción hidroeléctrica que le corresponde al país en los emprendimientos del río Paraná. O para permitir a su vez la venta de los excedentes de electricidad al mejor precio posible de mercado.
La causa nacional de la soberanía energética abarca así no sólo Itaipú y Yacyretá, sino la planificación que permita prever para el futuro las inversiones en más fuentes de generación interna, con las cuales hacer frente al mayor consumo nacional de electricidad, tanto residencial como industrial.
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