Escribe: Luis Alen.
La salida de Arnaldo Giuzzio del ministerio del Interior no debe aminorar la necesidad de arremeter contra la creciente influencia de los narcos en la vida política y social del país. Por el contrario, pone en evidencia más que nunca que el fortalecimiento de la Justicia y las instituciones resulta indispensable en el cometido de limpiar el Estado y la sociedad de la presencia de gente indeseable como los traficantes, que con su dinero malhabido y blanqueado en el proceso de lavado, pretenden comprarlo todo.
El mismo día que Marito Abdo le daba “las gracias por los servicios prestados” al destituido Arnaldo Giuzzio, el martes 22 de febrero pasará a la historia como una de las fechas más significativas en la lucha contra la mafia del lavado de dinero y el crimen organizado, al llevarse a cabo el mega operativo “A Ultranza Paraguay”, con una serie de allanamientos y detenciones para fulminar un esquema de grandes dimensiones del narcotráfico que llevaba la droga desde aquí a Europa, pasando por Brasil y Uruguay.
Los seguidores de Horacio Cartes, entre ellos el liberal Blas Llano, tomaron como un logro la salida de Giuzzio que tantas veces habían solicitado, pero que sobrevino no porque el presidente Abdo les hizo caso, sino a causa del desprevenido proceder del ministro que toleró la “mala compañía” de un narco ahora detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, prestando de éste un vehículo para sus vacaciones en diciembre pasado.
Resulta inconcebible el accionar del ahora exministro haciendo buenas migas con uno de los narcos más buscados que finalmente cayó días atrás atrapado por la Policía brasileña, pero ya no sorprende este preocupante episodio a la vista de la escandalosa toma de las instituciones por parte del hampa y sus protectores políticos que están presentes en casi todos los organismos claves del Estado como el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial, así como también en la Policía o en las demás reparticiones encargadas de la seguridad ciudadana.
Desprolijo manejo de Giuzzio
Llama la atención el desprolijo manejo del ahora exministro, que trata de zafarse del problema aduciendo que no conocía las andanzas del sospechado de liderar una súper banda de narcotraficantes brasileños con ramificaciones en el Paraguay, y que inclusive era pareja de una accionista minoritaria de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), de propiedad del expresidente Horacio Cartes.
Se debe recordar que otro narco brasileño buscado en el operativo “Turf” se había escapado de las narices de la Fiscalía, la Senad y de la Policía Nacional el pasado martes 15 de febrero, en el Paraná Country Club de Hernandarias. Se trata de Lindomar Reges Furtado, quien también tendría relacionamiento con Espíndola Marques de Padua a través de la empresa de éste dedicada al blindaje de vehículos, denominada Black Eagle Group S.A., ubicada en Ciudad del Este.
La fulminante destitución de Giuzzio ocurre en un momento crítico para el Gobierno, porque un capítulo clave del libelo acusatorio contra la fiscala general Sandra Quiñónez, firmado en la Cámara de Diputados por diputados oficialistas de la ANR y una parte de la oposición, contiene las denuncias del exministro contra un supuesto esquema de lavado de dinero de empresas pertenecientes o relacionadas a Cartes, que estaría bajo la protección de la fiscala general.
Más de un analista político ya pronosticó que con lo ocurrido con Giuzzio lo más probable es que se desinfle el proceso de juicio político contra Quiñónez.
Pero las renovadas ínfulas cartistas no tienen mucha gracia cuando tratan de aprovechar el desliz de Giuzzio para desacreditar sus denuncias contra HC, con el fin de parar el proceso de juicio político de la fiscala general Sandra Quiñónez, lo que indica una evidente preocupación de Horacio sobre la suerte de la fiscala general, que aparece como su protegida y por tanto parte esencial del esquema de sustentación política de los negocios del Patrón.
Es que la operación “A Ultranza PY” dio aún más la razón a Giuzzio y al libelo acusatorio contra la fiscala general, porque se habla de más de 100 millones de dólares ingresados al Paraguay por los traficantes, que fueron blanqueados en el sistema financiero a través de adquisiciones de propiedades, costosos vehículos y hasta un lujoso yate, que por lo visto los entes de control no los detectaron, o si lo fueron, habrían habido “efectivas razones” para no verlos ni olerlos.
El sistema como problema
Lo aberrante del caso es que las instituciones ya se están poniendo al servicio del mecanismo narco, del contrabando y del lavado de dinero, para lo cual tienen mucha responsabilidad en el asunto tanto la Fiscalía como la Justicia, las instituciones que deben ser limpiadas “a ultranza”, es decir hasta las últimas consecuencias, tal como señala el nombre del operativo puesto en ejecución por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el apoyo de la DEA de Estados Unidos, la Euripol de la Unión Europea, la Policía Federal brasileña y la Agencia Antinarcóticos del Uruguay.
Tuvieron que intervenir agencias internacionales de gran poder para acompañar los operativos de allanamiento y detención de los narcos, todo lo cual resalta aún más la extrema debilidad institucional paraguaya para hacer frente a los criminales que ponen en peligro, a cambio de camionadas de dólares, la vida de millones de personas en varios continentes, principalmente el europeo.
En estas condiciones deplorables de la institucionalidad paraguaya, ¿podrá el mismo sistema limpiarse a sí mismo, sin que exista un cambio radical en su conducción política? Es la gran pregunta que ni siquiera la oposición está en condiciones de responder ahora, a la vista de la profunda división que la aqueja, como se ha constatado en la falta de votos para el juicio político a la fiscala general, cuyo deficiente manejo en los casos de corrupción y lavado de dinero según la acusación de los diputados, precisamente ha facilitado la caída del Estado en poder de los narcopolíticos.
De la forma en que el país salga de la crisis de la fiscalía general dependerá para que el sistema se sacuda del control narco y de los lavadores de dinero, porque de continuar Sandra Quiñónez en el cargo con el agregado de la salida de Giuzzio del ministerio del Interior, seguirá la acumulación de poder fáctico de Horacio Cartes, con el resultado cantado a favor de quienes se aprovecharon de esta situación, tanto durante su mandato presidencial entre 2013 y 2018 como cuando sirvió de sustento a Marito desde 2019 hasta hoy, hasta convertir a Paraguay en un virtual Narcoestado.
La operación “A Ultranza PY” y varias otras similares llevadas a cabo últimamente sólo demuestran inequívocamente que el incremento exponencial del narcotráfico y su consecuencia el lavado de dinero del crimen organizado, tienen mucho que ver con la inacción de la fiscalía de Sandra Quiñónez pese a los informes de la Seprelad que le fueron arrimados desde 2017, según reveló Carlos Arregui, titular de la Secretaría Antilavado.
A ello se agrega que durante el Gobierno de Marito también hubo una vista gorda tremenda de Quiñónez y sus fiscales sobre el contrabando de cigarrillos, que según informes de las autoridades brasileñas y norteamericanas financia las operaciones delictivas de las bandas que trafican con la cocaína y la marihuana.
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