Escribe: Luis Alen.
En su mensaje pronunciado ante el Congreso Nacional, el pasado 1 de julio, el presidente Horacio Cartes volvió a los contenidos de sus discursos de la época electoral, al fustigar duramente el prebendarismo de la clase política, culpando de los problemas actuales que debe afrontar a los gobiernos que precedieron su administración, entre 2003 y 2013, con lo cual puso dentro de la misma bolsa a Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco, colorado, de izquierda y liberal, respectivamente. Y justamente, uno de los principales “blanco” de corrupción, en los últimos meses por parte de la ciudadanía esteña, Javier Zacarías Irún, también estaba sentado en el Congreso, en las primeras filas, escuchando el discurso de Cartes.
Según remarcó el jefe de Estado, en 10 años el Estado contrató en los gobiernos anteriores un total de 81.000 nuevos empleados, “de estos un alto porcentaje eran sencillamente operadores políticos”, que requirieron US$ 2.500 millones más en salarios, de los 490 que se pagaban en 2003. A renglón seguido, afirmó que el modelo prebendario “no va más” y que ahora se trabaja en su gobierno “para que la gente viva mejor”, no “para ganar elecciones”.
Esta virtual declaración de guerra a la clase política no quiere decir que el cartismo no tenga los mismos vicios en muchas de las dependencias del Estado, tanto en materia de corrupción como de impunidad para los amigos del poder, sino que se trata de una jugada política en la que identifica a los liderazgos que se hallan abocados en una confrontación directa con el proyecto hegemónico del propio HC.
Gran parte de la clase política ya se ha juramentado en desplazar del poder a Cartes, poniéndose el plazo de 2018, pero deberá para ello convencer al empresariado y a los sectores “cartistas” colorados o liberales, acerca de la necesidad de devolver el gobierno a una especie de coalición política menos conservadora y más atenta a los reclamos populares.
Coherencia y resultados
El presidente pidió un mayor diálogo con los mismos políticos a quienes fustigó, pero condicionado evidentemente al cumplimiento de las reglas que emanan del propio Ejecutivo. Del mismo mensaje surgió la pregunta lógica de cuán coherente es el mismo Cartes con su discurso y, al mismo tiempo, surge la pregunta de si, en el corto tiempo que le queda de mandato, expondrá a la nación algún resultado auspicioso en su misma gestión.
En estos días HC tiene la prueba de fuego del pedido de intervención de la junta municipal de Ciudad del Este a la administración de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, que es como decir el lanzamiento de un “exocet” a la línea de flotación de uno de los soportes políticos del cartismo en el Alto Paraná y en otras regiones del país.
Javier Zacarías Irún realizó su apuesta más fuerte, a sabiendas que de ello dependía su supervivencia política, y recurrió al mismo corazón de la junta de gobierno de la ANR y sacar de boca del propio titular del partido, Pedro Alliana, la promesa de que los diputados colorados votarían contra la intervención.
Alliana normalmente no abre la boca para contradecir a su mentor HC, pero en este caso se dio la lógica del apoyo al “chancho de nuestro chiquero”, aunque flota en el ambiente la supuesta “liberación” de los votos colorados y no oficialistas que son afectos a ciertas posiciones del cartismo, de tal forma a dar vía libre a la intervención.
Del resultado de la votación en Diputados depende finalmente la coherencia de Cartes con su discurso anticorrupción y antiprebendario. Al lanzar toda su artillería contra los connotados liderazgos de Duarte Frutos, Lugo y Franco, no hizo otra cosa que advertir de lo mal que le va a ir al país en el caso que vuelvan a realizar el rekutu estos capitostes de la clase política. Pero sus mismos métodos quedarán en manos de HC si se deja impune nada menos que al varias veces denunciado clan Zacarías, ahora un conglomerado de fieles acólitos cartistas.
Pero, si se protege a Zacarías Irún y sus presuntas fechorías con la administración comunal de CDE, ¿acaso no se estaría demostrando la incoherencia de HC al defender al “chancho de nuestro chiquero”?
¿Decisión ya tomada?
Tanto los denunciantes de los oscuros manejos del clan Zacarías, como la intendenta Sandra, tendrán la oportunidad esta semana de explicar y defender sus posturas ante la comisión especial de la Cámara Baja que deberá dictaminar al pleno sobre la necesidad o no de la intervención. Pero todo apunta a un mero trámite, ya que la decisión política estaría ya tomada.
Sería en el sentido de la coherencia con la postura del presidente del “nunca más” a los manejos prebendarios de la clase política, que en muchos aspectos son reflejados en los 15 años de gestión del clan Zacarías en Ciudad del Este, sin que durante este período de gobierno del grupo político-familiar esteño se haya apersonado en la intendencia algún auditor de la Contraloría para emitir un dictamen integral sobre la cuestionada administración, cuyo blindaje judicial arroja una fuerte sospecha de que se han querido apañar las presuntas irregularidades denunciadas en varias ocasiones y que nunca fueron aclaradas.
Queda flotando la impresión de que ha llegado el momento de dejar de lado los discursos, tanto del presidente como de los miembros de la clase política, para pasar al terreno de los hechos. Y una cosa parece clara: que la intervención a la comuna del Este puede marcar un hito de inflexión entre la incoherencia demostrada hasta el momento por el presidente con los hechos de corrupción producidos en su mismo Gobierno, y la demostración de su intención de hacer realidad el “nunca más” al prebendarismo en la institución estatal.
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