Con la remisión del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados del documento que contiene el pedido de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, por parte de la Junta Municipal local, y la pérdida del poder político en el Congreso, sería el momento más propicio para que el presidente Horacio Cartes pueda desligarse del clan Zacarías.
Este primer paso dado por el ejecutivo es un buen síntoma de que el Gobierno tiene el compromiso y la obligación de transparentar la gestión pública en el país, como lo viene pregonando en todos sus discursos el actual mandatario.
De lo contrario, caería en una grosera incoherencia, instando al combate a la corrupción, pero al mismo tiempo intentando encubrir a autoridades sospechadas y denunciadas por graves irregularidades en el ejercicio de la función pública, como el caso de la pareja Zacarías en el municipio de la capital del Alto Paraná.
Este mal endémico se enquistó en el 2001 en la municipalidad de Ciudad del Este, sin que ninguna institución de control pudiera, hasta ahora, realizar una auditoría de gestión contable, que permita llevar a desentrañar el misterio de la institución comunal, bajo un régimen despótico del clan Zacarías, que ha blindado cualquier intento de examen contable a varios órganos, entre otros, la Contraloría General de la República (CGR), fiscalía de Delitos Económicos y al propio gobierno, gracias a una justicia complaciente y corrupta.
Hoy ante este panorama que se presenta, los legisladores de la cámara baja tienen la responsabilidad histórica ante la ciudadanía esteña en poder abrir el búnker de la comuna paranaense, que hace una década y media (15 años) que está lacrada y nadie sabe el destino de los multimillonarios recursos que ingresan a las arcas municipales. Lo único visible es el vertiginoso crecimiento económico del clan Zacarías y su entorno inmediato.
Los legisladores, como representantes del pueblo, tienen el compromiso en acompañar el clamor popular, que desde hace años viene exigiendo una transparencia de gestión, que nunca se concretó, porque las instituciones responsables han dado la espalda, otorgando una total impunidad a un grupo de políticos que se dedica a esquilmar las arcas de la municipalidad, sin importarle el devenir y la suerte de la ciudadanía.
Urge la pronta resolución sobre la crisis que atraviesa esta comuna fronteriza. Es necesaria que las instituciones tomen cartas en el asunto, para buscar que la institución retorne por el sendero de la normalidad, que hace años ha desaparecido de este segundo municipio más importante de la república.
Desde hace años Ciudad del Este está parada en su actividad comercial, ingresando en una peligrosa recesión económica, que ha llevado al cierre de centenares de negocios y el despido de más de 5 mil trabajadores, que han pasado a engrosar la enorme cantidad de desempleados que existe en el país.
Los habitantes de esta comunidad fronteriza aguardarán con expectativa la decisión que pueda tomar la Cámara de Diputados, con relación a la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, que desde el 2001 ha sido tomada y saqueada por un grupo de facinerosos, que pisoteando el sueño y la ilusión de todo un pueblo, se dedicó a esquilmar el dinero de los contribuyentes, transformando en una verdadera “orgía” la sagrada institución comunal. Con la última actitud demostrada por el presidente Cartes, se puede deducir que no apañará más la corrupción atribuida al clan Zacarías.
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