Cartes designado “corrupto” antes de tener causa judicial

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El expresidente Horacio Cartes insiste en la campaña política con el fin de buscar el blindaje que le permita enfrentar un eventual pedido de extradición de Estados Unidos.

Escribe: Luis Alen.

 

El cartismo habla de una “persecución” con fines electorales contra su líder Horacio Cartes, tratando de aparentar un control de la escena política a pesar del fuerte golpe recibido de Estados Unidos. Pero un análisis objetivo revela que, definitivamente, el problema de HC no se limita al ámbito sólo interno, porque una declaración de este calibre y especialmente al no existir aquí ninguna causa judicial contra el Patrón, lleva a presagiar el siguiente paso que sería  un pedido de extradición de la Justicia norteamericana.

 

De hecho, Horacio es el primer paraguayo designado “corrupto” por EE.UU. sin tener una causa judicial incoada en nuestro país, contrariamente a lo ocurrido en el caso de anteriores políticos que recibieron la deshonrosa calificación con procesos tribunalicios en marcha, como el fallecido Óscar González Daher o el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, así como la última “designación” del diputado cartista Ulises Quintana.

El propósito evidente del Gobierno norteamericano era, en los casos anteriores citados, presionar sobre los jueces para que establecieran rápidamente condenas ejemplificadoras, con el fin de romper el maleficio de la rampante impunidad de los señalados como corruptos en el manejo de los bienes estatales o, peor aún, de los funcionarios deseosos de beneficiarse con la corrupción para su beneficio personal o de grupo familiar.

Por el contrario, para el Patrón HC aparece en principio sólo la connotación política, lo que le hace presumir que a pesar de todo Washington le sigue dando la oportunidad de copar el poder con el objetivo de parapetarse en él. Sin embargo, otra lectura puede indicar lo opuesto a la presunción avalada por toda la dirigencia cartista, en el sentido que lo menos recomendable sería persistir en el intento de desafiar a la mayor potencia occidental.

Ocurre que en menos de que cante el gallo se abre la posibilidad que Estados Unidos intervenga ya en forma directa en el proceso político nacional con un pedido de extradición del empresario tabacalero, sobre quien pesarían eventualmente serias acusaciones que hasta se relacionan con la seguridad nacional del país del Norte, en vista que una de las acusaciones alcanzan a sugerir posibles conexiones con organizaciones terroristas.

Ante la inminencia de que EE.UU. dé el siguiente paso del pedido de extradición, resulta evidente que la designación no ha esperado ni el resultado de las inminentes elecciones internas ni generales, o la apertura de alguna causa judicial en el país por parte de la fiscalía de Sandra Quiñónez, por lo que a Cartes sólo le queda analizar el “mensaje” que le ha enviado Washington y tomar las decisiones que más le convengan.

Por ahora, es un hecho que HC ha preferido el camino de romper lanzas con sus adversarios, a los que agrega ahora a los norteamericanos, apuntando a ganar tanto la interna de la ANR como la elección general de 2023. Su objetivo de unir el poder fáctico que ya detenta por su control de la fiscalía y la justicia, con el poder político, le dará indudablemente a Horacio una posición muy fuerte, y hasta eventualmente un blindaje para hacer frente a cualquier intento “yanqui” de tenerlo entre las rejas al estilo del empresario y dirigente deportivo Juan Ángel Napout o de la exdiputada Cinthia Tarragó.

Otra posibilidad es que se le abra un frente judicial interno para evitar la extradición, pero todo dependerá finalmente del cambio en la fiscalía general, a la espera de la mayoría de votos en Diputados.

 

Salvar los negocios

La prioridad para HC debe ser “salvar” sus negocios, dado que estar excluido del sistema financiero norteamericano resulta un vallado inexpugnable que conspira contra la necesidad de expandir sus activos blanqueados procedentes presuntamente del lavado de dinero o incluso de las actividades lícitas que también detentan las más de 70 empresas que conforman el grupo Cartes.

De allí que Horacio deberá sopesar con calma si le conviene insistir en reconquistar posiciones políticas dominantes, como la que tenía por ejemplo en su presidencia entre 2013-2018, o desistir de este propósito llamándose a cautelosos cuarteles de invierno, con tal de evitar que se concrete alguna ida forzada al exterior.

De momento, las movidas cartistas llevan a pensar que un objetivo clave es parapetarse en la defensa de la fiscala general, quien ha dado demostraciones de una lealtad absoluta evitando cualquier investigación seria contra HC.

La insuficiencia de votos para el juicio político a Quiñónez en la Cámara de Diputados, evidencia que la estrategia de Cartes apunta notoriamente a evitar un procesamiento interno con imprevisibles consecuencias, ya que en el Senado todo indica que la votación le será desfavorable, tanto para aprobar la salida de la actual titular del Ministerio Público como cuando llegue la ocasión de tratar su desafuero, por tratarse HC de un senador vitalicio según la Constitución.

De que hay una atenta mirada de Cartes a cualquier señal procedente del lado judicial lo indica su rápido desistimiento de la inconstitucionalidad que planteó en 2018 para jurar como senador activo cuando se le había evitado tal posibilidad por una mayoría senatorial que lo prefería como senador vitalicio según la cláusula constitucional respectiva.

La sala constitucional de la Corte Suprema había congelado cuatro años la solicitud, hasta que las nuevas señales procedentes del Norte obligaron a desempolvar el expediente para su tratamiento, admitiendo su estudio para una posible sentencia.

La inmediata reacción de HC y sus abogados indicaría que Cartes prefiere ahora atrincherarse en su fuero de senador vitalicio, que ya lo trae desde que abandonara la presidencia, y no quedarse en un limbo jurídico peligroso como sería el caso de estar a las resultas de la decisión de los ministros de la máxima instancia de la judicatura sobre su posible función de senador activo, ya declarado por el superior tribunal electoral cuando tenía aún mayoría el cartismo, atendiendo a que ahora incluso podría salir una sentencia en la que existiría el peligro de perder ambas condiciones.

Esto es así porque existe el precedente que la Corte en 2008 había avalado el carácter de senador electo activo de Nicanor Duarte Frutos, pero sin obligar al Senado a realizar la jura, con lo que el expresidente nunca pudo integrar la cámara alta, así como también le ocurrió en 2018 corriendo la misma suerte de Cartes, siendo después recompensado por Marito Abdo con la dirección de Yacyretá.

 

Salvar la economía

Las voces empresariales han sido unánimes en los últimos días acerca de la necesidad urgente que tiene el país de contar con seguridad jurídica en base a un sistema fiscal-judicial independiente y desvinculado de los condicionamientos políticos. La economía nacional más que nunca requiere de un orden legal en el que funcione el Poder Judicial, por lo cual se impone llegar cuanto antes a una renovación en la cúpula de la desacreditada fiscalía general a cargo de Sandra Quiñónez.

El Gobierno de Marito Abdo recibió con satisfacción la evaluación positiva del Gafilat sobre los avances en la lucha contra el lavado de dinero, a la espera de que se concreten las condenas firmes en la Justicia, con lo que se pudo evitar el ingreso del país en la lista gris que habría sido muy perjudicial para la captación de inversiones, así como para acceder a los mercados internacionales de crédito.

También el avance positivo en el ránking del riesgo país de parte de las calificadoras internacionales, junto al examen salvado en Gafilat, configura un escenario favorable para una posterior calificación tendiente al grado de inversión, lo que estaría sólo pendiente de la forma en que los casos de Cartes y de los demás políticos en la picota por su conexión con delitos transnacionales según Estados Unidos, lleguen a los estrados judiciales tras procesos que sean totalmente legales y transparentes.

La intención clara de parte de los actores económicos es que los casos judiciales se lleven por su cuerda y finalicen con sentencias firmes y ejecutoriadas, sin ninguna dilación provocada por cuestiones políticas. Es lo que ahora se pone a prueba con el caso de HC y de otros políticos que también estarían en la lista negra de Estados Unidos.

 

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