Escribe: Luis Alen.
Una de cal y otra de arena. Es que un contradictorio Horacio Cartes profundiza la “limpieza” de las listas de funcionarios de los entes públicos, en busca de planilleros y miles de vividores que medran a costilla del Estado, pero, al mismo tiempo, sigue aplicando la vieja práctica stronista de “la ley para los opositores y la impunidad para quienes son leales”.
No es ningún descubrimiento que la campaña de destape de ollas podridas se centra especialmente contra recomendados y operadores de políticos que han usado y abusado del erario público, poniendo en crisis un sistema heredado del stronismo y bien aceitado en la democracia.
Ya en la campaña electoral HC advertía que el régimen prebendario y corrupto tenía sus días contados, y que se debería dejar de convertir al Estado en una especie de mercado persa a merced de los políticos que utilizan el presupuesto nacional para su beneficio y perpetuación en los ámbitos de poder.
Pero Cartes algo se trae entre manos, sospechan con razón los exponentes de los partidos opositores y los disidentes colorados, porque la barrida en los estamentos públicos prácticamente se diluye en la opaca acción de la Contraloría, en la inacción de la Fiscalía y en la no menos lánguida actuación de la Justicia.
También la pose de HC como campeón de la transparencia se desdibuja inmediatamente cuando se sospecha que sólo tiene la intención de aparecer como el único capaz de desmontar un esquema político perverso de décadas, lo que tiene un cierto tufo electoralista o la finalidad de demostrar su poder, que se precia de desafiar nada menos que a la hasta hace poco intocable y corrupta clase política.
Otra prueba de que no pasa de ser una apuesta política fuerte, es que la cruzada por la transparencia en las reparticiones públicas afecta principalmente a funcionarios de menor rango, cuando se sabe que los grandes negociados y la mala utilización de los recursos públicos, como el caso del Fonacide u otros fondos, tiene a gran parte de intendentes colorados y liberales con gran poder local o regional con serias sospechas de corrupción al borde de un procesamiento y condena judicial, aunque muchos de ellos siguen protegidos por el manto de impunidad.
Fiscalía no se mueve
Un ejemplo de impunidad que no se anima a desmontar HC es el que rodea al Clan Zacarías de Ciudad del Este. Pese a que la gestión de Sandra McLeod tiene numerosas denuncias por mala utilización de los fondos comunales, como el Fonacide y otras flagrantes irregularidades incluyendo el último caso de la niña electrocutada en una plaza céntrica de la capital del Alto Paraná, la fiscalía se llama a un llamativo silencio y no procesa a la intendenta.
Un grupo de abogados del foro esteño tuvo que enviar su nota de protesta al Fiscal General del Estado por la evidente inacción de los agentes del Ministerio Público, que no han tomado medidas para imputar a los posibles culpables de la muerte de la nena que conmovió a Ciudad del Este. Esto demuestra a las claras la influencia que todavía tiene sobre la fiscalía y la Justicia el jefe del clan, Javier Zacarías Irún.
Como medida extrema, los profesionales solicitaron que la central de Asunción proceda a nombrar fiscales imparciales que no dependan de las directivas políticas que se presume provienen del mismo clan Zacarías o de algunas instrucciones procedentes de la misma capital.
Y hablando de limpieza de planilleros en la administración, podría también aprovecharse la ocasión para observar la larga nómina de parientes miembros del clan Zacarías que ocupan cargos públicos, y esta tarea se puede realizar con solo abrir el portal web donde aparecen los registros de servidores del Estado.
La conclusión que se hace es que Cartes, a falta de un fiscal valiente, prefiere no mover un dedo para impulsar la intervención a la comuna del Este, por tratarse del feudo de un aliado al que necesita para sus objetivos políticos, ya sea de reelección o al menos para tenerlo a Zacarías Irún fuera de la competencia por la candidatura presidencial colorada en 2018 si de favorecer se trata a algún delfín digitado desde el Palacio de López.
Es decir, se está ante la presencia de una recaída en la vieja práctica dictatorial de la impunidad para los leales, mientras todo el peso de la ley se ceba sobre las espaldas de funcionarios públicos con poca capacidad de reacción o directamente contra los opositores.
El espionaje cartista
Pero lo más grave de la contradictoria actitud cartista es la información ahora conocida acerca de la compra por parte del Gobierno de HC de un sofisticado programa informático capaz de espiar por internet y por las frecuencias de la telefonía celular a toda la población, y especialmente a potenciales opositores políticos, empresarios y periodistas.
La denuncia fue hecha por una ONG que se especializa en la lucha para denunciar los avances del Estado contra la privacidad y los contenidos libres de internet. Precisamente, el software contratado por el gobierno cartista tiene la intención de monitorear todos los contenidos y publicaciones a través de las redes sociales y páginas web, además de realizar escuchas de las líneas de celulares, así como de otros sistemas de intercambio de voz, datos e imágenes, como Skype.
El costoso equipamiento habría insumido alrededor de 3 millones de dólares, y es un programa informático de última generación que permitirá al Gobierno a realizar escuchas e interceptaciones de mensajes y contenidos de neto corte ilegal, por transgredir expresas disposiciones de la Constitución nacional.
Lo grave del caso son las consecuencias de este espionaje para los ciudadanos, ya que no sólo vulnera garantías constitucionales sino que promoverá la sensación del miedo porque las personas quedarán inevitablemente marcadas por el poder, en el caso que aparezcan como opositores al mandamás de turno. O peor aún, existe el temor que sean utilizadas las escuchas con fines de amedrentamiento y control sobre el estamento empresarial, donde se sabe podría estar concentrado el grupo más crítico al régimen cartista y a los negocios llevados a cabo desde el poder por parte del presidente-empresario.
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