Escribe: Luis Alen.
Las últimas medidas contra los tarifazos y el aumento del impuesto a la renta, dan la pauta que el Gobierno se inclina por el libreto populista, lo que también puede llevar a moderar la lucha contra la corrupción en la administración pública.
El presidente Horacio Cartes está consciente que de aquí en adelante debe encajar su derrotero de gobierno de cara a la compulsa electoral de 2018, de la que en ningún modo se apartará muy fácilmente, pese a que la Constitución se lo prohíbe. Mientras todo esto ocurre, de reojo lo mira Fernando Lugo y su correligionario, Mario Abdo Benítez.
Sabe también que no basta con los discursos o las poses para inaugurar obras, sino que debe tomar medidas de corte populista que impacten en el imaginario popular sobre la necesidad de seguir contando con un defensor de las causas de los desfavorecidos en el corte de la torta económica nacional.
Así es como se entienden las últimas decisiones como el caso del frenazo a las pretensiones de los propios técnicos cartistas de aplicar reajustes en las tarifas de servicios públicos (ANDE y ESSAP) o en el aumento del monto imponible sobre los ingresos de la gente para el cálculo del Impuesto a la Renta Personal (IRP). Sin olvidar que también no hubo finalmente el anunciado incremento del salario mínimo, pensado seguramente en un principio para calmar a la ansiosa dirigencia sindical que organizaba una nueva huelga este fin de mes.
El Gobierno , en una palabra, no desea para nada poner nerviosa a la ciudadanía agregando más leña al fuego de la inflación con reajustes tarifarios o aumento de impuestos, pese a la clara necesidad que tienen los entes estatales y el equilibrio presupuestario, de ajustes de tarifas e impuestos.
La batalla en la Corte
El Senado decidió por fin iniciar los trámites para el juicio político a los tres ministros de la Corte Suprema en capilla, Miguel Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo, pero todo hace suponer que no se tienen aún los votos (30), porque ni siquiera sería posible “comprar” a los legisladores según rumores muy extendidos, en vista de que los senadores saben que la cuestión es muy delicada y pasa finalmente por una composición de la Corte que sea funcional a los intereses de la clase política, incluyendo el mismo proyecto continuista de HC.
La interna de los partidos tradicionales, Colorado y Liberal, resulta fundamental para el resultado de la votación de condena o no a los miembros de la Corte enjuiciados, pero más aún flota en el aire el poco interés de dotar al presidente Cartes de la posibilidad de nombrar a más ministros adictos a su plan de reelección, a sabiendas de que ya la ministra Miriam Peña y la presidenta Alicia Pucheta, serían partidarias de aplicar la “certeza constitucional” para establecer la enmienda constitucional en lugar de la reforma, pese a la prohibición de la Constitución de que las cuestiones electorales se diriman en un referéndum, ya que es una atribución exclusiva de la Convención Nacional Constituyente.
Detrás de la posibilidad de la enmienda o de la “certeza”, se moverían también los ex presidentes Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos, que intentarían el rekutú al mismo tiempo que lo intenta Horacio Cartes. Como HC deberá enfrentar eventualmente a Nicanor en la interna, para las generales de 2018 tendrá que medir fuerzas inevitablemente con Fernando Lugo, en el caso que fuera éste también habilitado por la Corte y se diera la enmienda pro-reelección vía referéndum.
Pero el referéndum implicará necesariamente un verdadero plebiscito en el que el pueblo deberá dar la posibilidad del continuismo cartista y del rekutú luguista o nicanorista. Si el pueblo votara por el “no”, es obvio que rechazaría no sólo la gestión de HC sino también la de Lugo y la de Nicanor, en un mensaje claro de que prefiere caras nuevas que tomen el timón de la nación dentro de dos años.
Vuelve el “freezer”
Con el calentamiento del clima pre-electoral, la prometedora lucha anticorrupción del Gobierno empezó a flaquear, y prueba de ello es el aplazamiento sine die de la publicación de la lista de planilleros en la administración central y entes descentralizados, incluyendo posiblemente hasta a las binacionales.
La antigua costumbre de mantener en el “freezer” los documentos sensibles y a los recursos humanos sin puestos definidos pero que cobran religiosamente cada fin de mes, parece que está volviendo en el gobierno cartista, pese a las esperanzadoras señales provenientes de la ley de información pública y la promesa presidencial de empezar la limpieza de gente aprovechadora que succiona los recursos públicos sin trabajar.
Una nueva denuncia al Ministerio Público, esta vez contra los tres ministros del Tribunal Superior Electoral, tendría así el mismo destino de siempre, es decir el opa rei. Precisamente, se acusa a los magistrados electorales de varios delitos, entre ellos la utilización indebida de fondos estatales, lo que debería significar prácticamente el juicio político para los denunciados.
Todo lleva a pensar que las prioridades políticas y las urgencias electorales incidirán en forma decisiva para detener cualquier intento de la fiscalía de esclarecer las denuncias de corrupción y castigar a los culpables.
En este contexto, cabe esperar que el presidente Cartes pase a insistir en las medidas populistas, en detrimento de las que tiendan a transparentar la administración pública, más aún cuando necesita también de los votos de los funcionarios colorados.
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