Escribe: Luis Alen.
Ahora Horacio Cartes está cosechando magros resultados económicos por haber priorizado sus urgencias políticas en el transcurso del año que va terminando. Entre los errores principales que cometió HC aparece lo que ya se veía en 2014, cuando comenzó a dejar de lado un mayor control del gasto público en aras de favorecer a las bases políticas, que después se vio en los comicios pasados en muchos lugares le dio la espalda a su proyecto hegemónico.
En 2013 ya había dejado prácticamente de invertir en las obras públicas, también por motivaciones netamente políticas, teniendo en mente su necesidad de cortar el grifo de dinero que fluía hacia algunos liderazgos, sean éstos colorados o de la oposición.
Pasada la efervescencia política de las recientes elecciones municipales, donde los candidatos de Honor Colorado (HC) fueron derrotados en las principales ciudades del país, aparece ahora un escenario nacional dominado por la caída en los indicadores económicos principales, por efecto no sólo de las presiones provocadas por la recesión internacional, sino también por visibles equivocaciones del Gobierno en su política económica para enfrentar los coletazos externos.
A la lentitud en la canalización de fondos hacia obras de infraestructura, se le agrega la reducción drástica del consumo en la economía, como consecuencia de los eventos desfavorables en la economía mundial y de la baja inversión pública en los proyectos ya establecidos.
Esto ocurre pese al gran endeudamiento externo propiciado por el Gobierno de Cartes, lo que lleva a concluir que el dinero prestado en el exterior no puede sustituir en ningún caso una adecuada orientación del gasto público, reorganizando las finanzas públicas para priorizar la inversión en sectores productivos que garanticen la devolución futura de la deuda.
El freno al consumo
Apareció también un hecho nuevo que se agregó al ya largo listado de metidas de pata del Gobierno, con el frenazo de los bancos a seguir financiando las compras por tarjetas de crédito, después de la vigencia de la ley sobre topes a los intereses.
Es que las entidades bancarias y financieras no le ven la gracia a la medida que provoca una fuerte reducción de su rentabilidad con el negocio de préstamos para consumo, y no vieron otra mejor respuesta que el corte al financiamiento a plazos largos de hasta 12 meses que estuvo vigente con las tarjetas.
Si bien en muchos casos el freno al financiamiento automático con tarjetas ayudará a reducir el sobreendeudamiento de mucha gente, lo cierto es que la reducción en el consumo trae consecuencias sobre el organismo económico general.
En efecto, se ha comenzado a notar un menor dinamismo en las compras en momentos en que la misma economía ya se ha resentido por las menores exportaciones, un tipo de cambio alcista que afecta las importaciones y por la tendencia a un creciente déficit fiscal que evita incrementar las inversiones estatales.
Lo sorprendente ha sido igualmente la poca intervención que tuvo el Banco Central en el asunto del tope a los intereses de tarjetas, dejando que los políticos sean quienes lleven la batuta en este tema delicado para la economía y central en el panorama monetario, con las consecuencias negativas que están a la vista.
A propósito, el presidente Cartes tuvo la ocasión de vetar la ley pero no lo hizo, en una señal de que acompañó desde un principio la implementación de la intervención directa para reducir la tasa de interés, en un golpe directo a los grandes bancos extranjeros y nacionales, en una llamativa jugada teniendo en cuenta que HC es propietario del banco Amambay.
Sin dejar de reconocer la importancia de una reglamentación sobre la materia, con el fin de reducir las altas tasas activas, lo indicado en este caso hubiera sido un sistema manejado por el propio BCP, con el fin de establecer límites racionales a los intereses, que al mismo tiempo posibiliten continuar con el financiamiento del consumo.
El equilibrio del Presupuesto
A la vista de los datos desfavorables para la economía en 2016, lo recomendable en este caso es la sanción de un Presupuesto Nacional equilibrado y no deficitario. Pero todo lo contrario han comenzado a aprobar los legisladores por las cifras manejadas en el Senado la semana pasada, que inflaron algunas partidas presupuestarias que habían venido más achicadas desde Diputados, poniendo en entredicho la obligación por ley de no pasar el déficit fiscal del 1,5 por ciento del PIB.
El saneamiento en las cuentas públicas parecía ser la bandera emblemática de la administración Cartes, con la publicación de los grandes beneficios de los empleados públicos, muchos de ellos recibiendo más gratificaciones que sueldos. Pero en vez de un saneamiento, prácticamente se confirmaron las bonificaciones, integrándolas con el salario en una sola asignación y sólo haciendo retoques en los escalafones, exigiéndose al mismo tiempo el acceso a la función pública a través de concursos y no ya acudiendo a las recomendaciones.
Lo que sí resultaron plausibles fueron las medidas tomadas en la Contraloría, en la Universidad Nacional y en la Justicia Electoral, para poner punto final a los escandalosos manejos de salarios y planilleros de todo tipo.
Sin embargo, falta mucho por hacer aún en materia de lucha contra la corrupción en el sector público. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se conduce la fiscalización que se realizará en la Aduana con la incorporación de técnicos venidos del Banco Central y de Hacienda, como enviados del propio Presidente de la República para informarle sobre el famoso “maletín para la corona”, que aparentemente no va a HC, pero sí a algunos padrinos políticos.
No hay sanción ejemplar
Lo que los mismos obispos están señalando en las homilías del Novenario de la Virgen de Caacupé es que no se sanciona en forma ejemplar a quienes roban a mansalva la plata del pueblo, especialmente los intendentes que desviaron los recursos del Fonacide, ya que en vez de destinarlos a los niños y a la educación, los utilizaron en otros fines, entre ellos para el enriquecimiento de sus familias o grupos políticos.
Varios de estos intendentes tuvieron su voto castigo en las elecciones, pero otros fueron reelectos, como demostración de que para un sector de la ciudadanía, el hecho de robar lo que es de todos no significa un motivo para dar la espalda a los políticos ladrones.
El aspecto positivo de la gestión del presidente Cartes es que favoreció de alguna forma el destape de las ollas malolientes de los políticos, tal vez por una estrategia destinada a dejarlos en ridículo y potenciar su figura dentro del partido Colorado y en la escena nacional como partidario de barrer las corruptelas propiciadas por la clase política.
Pero, en contrapartida, HC se cuidó mucho de no influir para detener la sangría de fondos de los intendentes, seguramente por su deseo de presentar a su favor un rotundo éxito en los comicios municipales, lo que no ocurrió.
Ahora es el momento de que el jefe de Estado cambie el rumbo de su política económica, priorizando al máximo las inversiones en obras y poniendo freno al crecimiento del gasto superfluo alimentado por la corrupción política.
Otro elemento a tener en cuenta es que la inversión privada también se ha contraído, por causa de los mismos datos desfavorables originados en la mala conducción económica nacional. Es también el momento de corregir esta tendencia, evitando el Gobierno continuar con las medidas que han provocado el recelo de los inversionistas extranjeros, citando por caso la equivocada decisión del monopolio de Petropar.
Capítulo aparte es la poca o ninguna importancia que le ha dado el Gobierno de HC a la situación del comercio de Ciudad del Este, tal vez igualmente por su prioridad política de no favorecer las chances de Javier Zacarías Irún. O, en última instancia, porque se ha propuesto no molestar al clan en su feudo tras la adhesión de éste al cartismo.
Lo cierto es que no ha habido desde el Gobierno ningún plan paliativo para la crisis terminal de CDE, y en general de toda la frontera.
Si el comercio fronterizo está prácticamente abandonado a su suerte, es razonable pensar que también el país está al borde de ir a la deriva, si sigue una política económica como la implementada hasta ahora, sin planificación ni gestión adecuada.
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