Escribe: Luis Alen.
El nombramiento por el Senado de un miembro más de la Corte Suprema será la primera pulseada fuerte que habrá en el ámbito político después de las elecciones municipales. La movida del cuoteo para que se mantenga el “cupo” liberal, sólo facilitaría que el cartismo cuente con la mayoría de votos para asegurar su control sobre la máxima instancia de la Justicia.
Tuvo amplia repercusión internacional el “encontronazo” del presidente Mario Abdo Benítez con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la cumbre de la CELAC que tuvo lugar el sábado pasado en Ciudad de México. Allí Marito defendió en su discurso la democracia y la institucionalidad republicanas, avasalladas en varios países latinoamericanos.
Lo acompañó igualmente en esta postura el titular del Ejecutivo uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien en una magistral pieza oratoria puso énfasis en que la separación de poderes resulta esencial para calificar si realmente un gobierno es genuinamente democrático y promotor de la vigencia plena de los derechos humanos, la libertad y, en suma, de los mínimos requisitos para que exista el desarrollo humano integral en un ambiente de respeto al estado de derecho.
Pero no faltaron quienes reaccionaron a la intervención de Marito ante los demás dirigentes latinoamericanos y caribeños, a partir del mismo desafío que le espetó Maduro de realizar un debate sobre lo que se entiende por democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina.
Es que el rechazo tajante al régimen bolivariano, expuesto en el inicio de su alocución, le hizo a Abdo más conocido en el continente y en el mundo, e hizo girar la mirada de muchos hacia el Paraguay, para preguntar si también en el país existe la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es la base esencial de la democracia.
Apetencia de HC
La independencia del Poder Judicial es la prueba palmaria de que la institucionalidad democrática de un país se halla garantizada. Pero en nuestro país la mayor aspiración de los detentadores del poder fáctico, como es el caso del Patrón del Quincho, radica en asegurar la mayoría de votos en la Corte Suprema, donde precisamente en estos meses se jugará el partido final del férreo control de los políticos sobre los magistrados con el fin de allanar el camino para las elecciones generales de 2023, donde se configurará el futuro del Paraguay.
En estos días se van conociendo los nombres de quienes se postulan para llenar la vacancia dejada por la fallecida ministra Gladys Bareiro de Módica, quien ocupaba uno de los sillones de la Corte supuestamente atribuidos al “cupo” liberal, dentro de la práctica del nefasto cuoteo político o repartija de cargos judiciales proveniente de un supuesto pacto azulgrana nacido con la caída de la dictadura stronista.
Llama la atención la escasa inscripción de candidatos, la mayoría de ellos jueces y camaristas, pero sobresale en especial la presencia del senador liberal Víctor Ríos, quien aparentemente contaría con el apoyo de algunos de sus colegas, aunque está por verse cómo finalmente se comportará el pacto de impunidad cicatrizante dentro de la ANR, entre Horacio Cartes y Marito Abdo, a la vista que ya no será obligatoria la “unidad” electoralista al haber culminado el proceso de los comicios municipales.
Como ha ocurrido varias veces en la actual campaña electoral, en medio de los abrazos republicanos se han sucedido a la vez varias fricciones entre referentes de Abdo y HC, por lo que no sorprende que el apoderado general de la ANR, Eduardo González, vinculado al cartismo, haya felicitado al presidente paraguayo por su desplante al autoritario Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC, pero, al mismo tiempo, se haya preguntado como todo el mundo “y por casa cómo andamos”, en alusión a que Marito mantiene buenas migas con el sector de izquierda y los progresistas de la Cámara Alta, a quienes debe pleitesía por haber apoyado la reelección de Óscar “Cachito” Salomón, de Añetete, en la titularidad del Congreso, evitando así el avance cartista a través del sector liberal que pretendía asumir la presidencia del Senado.
Para Cartes resulta clave contar con un miembro más de la Corte al que pueda “sugerir” orientaciones a la hora de votar por temas que son esenciales para la continuidad en el tiempo de su poder y así seguir como árbitro de la política paraguaya, hasta más allá de 2023.
De allí que el apoderado de la ANR haya dejado traslucir la máxima preocupación del “hombre fuerte” de la calle España, en el sentido de la advertencia lanzada a Marito sobre su influencia para la elección del nuevo ministro de la más alta instancia judicial, ya que puede volver a reflotar la mayoría que dio lugar a la elección de Salomón, pero que todavía no se revivió en el caso del pedido del aliado frente luguista de rechazar la declaración de “crimen” para la invasión de tierras, que pretenden sectores empresariales con el beneplácito de HC.
Si es que Marito desea realmente evitar que la Justicia caiga completamente en manos de Cartes, por ejemplo por medio de la elección de un liberal llanista para la Corte, tendrá que bajar línea a la mayoría del Senado conformada con el Frente Guasu, lo que llevaría a una situación bastante protagónica de la izquierda en las decisiones que se adopten en el futuro.
Pero si no le atrae mucho al presidente la idea de caer en manos luguistas poniendo en aprietos el acuerdo de impunidad con HC, lo más seguro es que finalmente sobrevenga el peligro de un control cartista de la Corte, a través de un liberal sumiso a las órdenes del quincho. De hecho, no puede extrañar que esta sea al final la línea a seguir, a la vista de la necesidad de asegurar el pacto de no agresión en materia de corrupción, existente entre el jefe de Estado y el capo cartista.
Se necesitan más condenas
Para la reciente evaluación del Gafilat, no hay duda que tanto el Gobierno como la Justicia deben pasar de los bellos discursos y bien redactados textos legales, a la aplicación de la ley por medio de condenas a miembros del crimen organizado, a los lavadores de dinero y a sus protectores políticos. Para ello, es de rigor la imparcialidad de la Fiscalía y del Poder Judicial, que deben mostrarse implacables en el combate a estos flagelos, como es la archiconocida posición del gobierno norteamericano.
Precisamente, después que Marito haya hecho buena letra con Estados Unidos en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), atacando al déspota venezolano y defendiendo la democracia y a una justicia independiente, además de pedir la subsistencia de la OEA (Organización de Estados Americanos), no se puede esperar menos del jefe de Estado para precautelar la Corte Suprema de la influencia política y del cartismo, que configura el sumum del “apriete” a la magistratura.
Hasta el momento, según Gafilat, muy pocas condenas se han visto en la Justicia sobre lavado de dinero negro, más aún porque los fiscales no se han podido esmerar en investigar serias acusaciones con lujo de detalles, como las que pesan en el Brasil contra HC y su hermano del alma Darío Messer.
Cuando estaba deliberando la CELAC se conocía que Estados Unidos había sancionado como “significativamente corruptos” a fiscales y jueces que se prestaron a los juegos políticos de los hombres fuertes de Guatemala y El Salvador para controlar la Justicia de dichos países. No podrá pasar mucho tiempo sin que también USA haga lo mismo posiblemente en el Paraguay, si es que se profundiza la pérdida de independencia judicial y fiscal en el país.
Razones hay para desconfiar de la doblez de Marito, que de sus discursos inflamados anti-Maduro puede pasar tranquilamente a actos que lo desmienten, como en el caso de la falta de vigor para enfrentar los negocios del Patrón en el sector tabacalero.
A pesar de que Estados Unidos ha puesto la lupa sobre el contrabando de cigarrillos como fuente principal del lavado de dinero en la frontera que financia al crimen organizado y a la milicia pro-iraní Hezbollah, poco ha hecho Abdo para frenar el suculento negocio que mueve HC con centenares de millones de dólares de ganancias anuales, que a la postre le va sirviendo para comprar no sólo la ANR sino casi todos los negocios más rentables del territorio nacional.
Se llegó al extremo últimamente que en un expediente de denuncia de evasión impositiva contra las tabacaleras, que ya lleva 20 años y que se halla en poder de la Corte Suprema, tanto la Subsecretaría de Tributación (SET) como la Procuraduría General de la República hayan solicitado el rechazo de la presentación, cuando se sabe que los números acercados por el denunciante son irrefutables y podrían originar una importante recaudación adicional para el Estado en época de crisis por la pandemia.
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