Escribe: Luis Alen.
Las sucesivas denuncias que aparecen en la prensa sobre hechos de corrupción en los que están involucrados dirigentes, candidatos y operadores políticos oficialistas, confirman que los fondos procedentes del lavado de dinero y de toda clase de trapisondas, son los principales financiadores del cartismo, cuya carta de presentación es la ostentación que hacen de contar con ingentes recursos del tipo “plata dulce”, en contraste notorio con la estrechez financiera en la que se mueven la disidencia y los demás partidos opositores.
Los dirigentes colorados disidentes son conscientes que luchan contra una corporación o cártel que se ha adueñado de la nucleación política y que ya se ha propuesto imponer a nivel país un régimen autoritario y además corrupto hasta las vísceras.
Con la vía libre al financiamiento del dinero negro a los partidos políticos y la no implementación del desbloqueo de las listas sábanas, la actual campaña electoral previa a las internas, con su prematura e ilegal propaganda masiva en lugares públicos, muestra claramente dónde está el grueso de los recursos que financian el proselitismo que ya lleva meses y que puede inclinar la balanza hacia los candidatos del oficialismo cartista, dado el poderoso bolsillo de HC.
El propio Marito Abdo ha pedido a sus adherentes que tomen el dinero del movimiento de Horacio Cartes pero que voten el 17 de diciembre por lo que les indica el corazón y, principalmente, por el deseo ferviente de muchos colorados de recobrar la ANR de las garras de la narcopolítica.
Para completar el círculo perverso electoral, el cartismo basa la campaña a favor de Santi Peña y de sus demás candidaturas a cargos electivos, en las amenazas y presiones contra los funcionarios públicos, que son arreados a las concentraciones bajo la advertencia de recibir alguna sanción por su inasistencia o, peor aún, por manifestar simpatía hacia la disidencia colorada.
El círculo perverso
Con el dinero negro financiando la campaña y el arreo de los funcionarios públicos en plena vigencia, parecería que está todo dicho, pero el círculo perverso del cartismo se cierra con la utilización del aparato gubernamental y, por ende, de los recursos estatales que pertenecen a todos los paraguayos, para financiar el objetivo de permanencia cartista en el poder de la República.
Esta constatación contradice de algún modo la leyenda negra del bolsillo profundo de Horacio y que sólo “use y abuse” de sus propios recursos, o de su “propio peculio”, como lo expresara al término de la elección de Pedro Alliana para la junta de gobierno de la ANR, en julio de 2015.
En realidad, se está en presencia de un escenario montado para teatralizar la tan cacareada “transparencia” del sistema cartista, que supuestamente no necesita “robar” al pueblo porque el líder es un millonario, pero que hábilmente hace caer en la trampa (es la “tramparencia”) al pueblo, de que en el gobierno de HC se ha dejado de meter la mano en la lata.
El latrocinio se esconde evidentemente en un aceitado esquema de corruptelas para beneficio exclusivo de los paniaguados del poder, y sólo para ellos y no, por ejemplo, para los disidentes y opositores.
La lista de denuncias aparecidas en la prensa independiente y no sometida al grupo Cartes es muy larga, para su enumeración en esta columna, e incluye desde repartijas groseras de prebendas y canonjías financiadas por el dinero público, hasta los manejos de contrataciones y adquisiciones, cuya falta de transparencia es casi total, pasando por el descontrol y carencia de seguimiento sobre la forma de administrar el presupuesto nacional, tanto en los ingresos como en los gastos, además del oscuro proceso de contratación del financiamiento del déficit fiscal por los bonos, ya sea los aplicados por Hacienda en el mercado interno como en lo que respecta a los soberanos, en el exterior.
Las coimas y la consiguiente corrupción de los funcionarios están a la orden del día en las reparticiones estatales, y muchos de los casos se explican por la necesidad de aportar fondos para la campaña electoral cartista, pero, en realidad, Cartes estaría dejando “usar y abusar” de los recursos públicos a sus huestes, con tal de mantener unida a la tropa, en vísperas de las compulsas electorales.
A pesar de los discursos de la transparencia y de que ya no hay latrocinio, se nota que la corrupción hace a la naturaleza del cartismo y, peor aún, a su esencia ligada a los negocios de frontera, es decir, al contrabando y a los demás tráficos no santos que ocurren en dichos lugares.
El pueblo paga
Lo cierto y lo concreto es que el pueblo paga todo este desaguisado, porque el financiamiento nefasto de la política tiene su alto costo, ya que el desvío de fondos públicos y el no pago de los niveles tributarios que figuran en el papel pero que no se cumplen, suponen una factura muy elevada que se manifiesta especialmente en la pobreza, la falta de servicios públicos eficientes de salud y educación, así como en la mala infraestructura de viviendas, transporte y la inseguridad reinante en todo el país.
El hecho de que se haya triplicado la deuda externa del Paraguay en la era Cartes, ya explica de por sí el tamaño del financiamiento corrupto de la política, que incluso abarca a todos los partidos que son partícipes de la repartija de dinero público con el subsidio a las agrupaciones políticas.
Pero así como la colocación de los bonos soberanos se realiza otorgando comisiones a “brokers” de la bolsa de Nueva York y a intermediarios locales, también el cartismo cuenta con sus mecanismos bien aceitados de consecución de recursos a través de la evasión de impuestos y los arreglos en las aduanas, sin que ningún auditor de la Contraloría o un fiscal osen meter sus narices para investigar a la todopoderosa Subsecretaría de Tributación, donde más bien se especializan en perseguir a pequeños comerciantes, en vez de fiscalizar a los grandes contribuyentes evasores, entre las que estaría la propia empresa tabacalera de HC, según denuncias realizadas en la Justicia y en la prensa.
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