Escribe: Luis Alen.
El pueblo esteño es claro que desea acabar con la corrupción en la comuna de Ciudad del Este y cuyo principal ideólogo es el clan Zacarías. Por tanto, el presidente de la República, Horacio Cartes, no puede continuar apareciendo o protegiendo a un grupo familiar que desde el 2001 viene esquilmando las arcas públicas.
Además de las motivaciones políticas, el presidente quiere emular al líder de Ciudad del Este, que utiliza su poder omnímodo en la capital del Alto Paraná para escapar impune de todas las instituciones de control de las cuentas públicas, ya sea la Contraloría, la Fiscalía o mismo el Poder Judicial.
Durante la campaña electoral por la interna presidencial de 2012, Horacio Cartes resaltaba que Javier Zacarías Irún mantenía un doble discurso evidente. Es que ZI exigía a su contrincante demostrar cómo llegó a ostentar su poderío económico basado en casi 30 empresas, pero al mismo tiempo el líder esteño no estaba en condiciones de llevar adelante una política de transparencia en CDE y menos aún someter a una auditoría su cuestionada gestión administrativa.
Derrotado en las elecciones partidarias de diciembre de aquel año, pronto ZI se acopló al carro ganador apoyando a HC para las generales y volviéndose su fiel escudero hasta el punto que el presidente le hizo varias demostraciones de aprecio y valoración, integrándole a Javier y a su esposa Sandra en comitivas presidenciales durante viajes tan importantes como los realizados a la Santa Sede en 2014 y a la Argentina recientemente.
El maridaje HC-ZI ha sido uno de los ensambles políticos esenciales para la consolidación del cartismo en el Partido Colorado, no existe ninguna duda de ello, pero también ha evidenciado a su vez el doble discurso de Horacio, cuando éste lleva a cabo una política de transparencia en la administración estatal, pero, simultáneamente, protege con el manto de la impunidad a quienes le demuestran lealtad para sus fines políticos de permanencia en el poder más allá de 2018.
¿Por qué optó por ZI?
Los análisis políticos siempre trataron de encontrar los motivos por los que Cartes no llegó a romper con Zacarías Irún y mantuvo al clan esteño como pieza clave en su consolidación del poder, a lo largo de los casi tres años de gestión cartista en el Gobierno nacional.
La conclusión lógica es que ambos se necesitan mutuamente: HC prefiere que ZI esté a su lado sin la posibilidad de mostrar sus uñas de traidor empedernido, por ejemplo no atacando el lado débil de Javier ante las múltiples denuncias de mal uso de los recursos públicos, pero siempre a cambio del apoyo zacariísta a las pretensiones hegemónicas cartistas en el partido y en el país.
Por su parte, Zacarías necesita ser parte del proyecto continuista de Cartes como último recurso para evitar en el futuro ser molestado por la fiscalía y la Justicia. Lo que también anhela en su fuero íntimo el propio HC: es decir, emular el blindaje fiscal-judicial conseguido por el líder esteño a lo largo de 15 años de manejo dictatorial en la comuna de CDE.
El apoyo invariable de Horacio a Javier lleva al cartismo al punto de no retorno de enfrentar nada menos que un clamor popular cada vez más creciente de traer el fin de la impunidad en la gestión de la cosa pública en la municipalidad esteña. Esto se repite lamentablemente a nivel nacional, con las crecientes movilizaciones ciudadanas que exigen al Gobierno de HC una mayor atención a los reclamos de la gente.
La movilización ciudadana contra la impunidad y la corrupción se transforma así en una protesta contra la misma forma de hacer política en el país, de la cual el maridaje HC-ZI es una muestra de cómo se utiliza el poder para buscar que los actos irregulares de gobierno permanezcan impunes.
Cartes endurece su posición y no hace caso a los pedidos de los manifestantes, sean éstos cooperativistas que protestan por la aplicación del IVA a sus préstamos, tirando la pelota al Congreso, o en el caso de los campesinos que solicitan condonación de deudas y más asistencia gubernamental, tratándoles de “sinvergüenzas” a sus dirigentes, y rematando para hacer de fogonero de Fernando Lugo, ya que éste aprovechó la situación para intentar ganar de nuevo el apoyo del campesinado alzado contra el Gobierno.
En fin de cuentas, ya todo apunta a otear en el horizonte político a los posibles contrincantes de la pulseada por la silla de López. Las manifestaciones continuarán para probar el grado de aguante de Cartes, que no se apeará fácilmente de su imagen de “duro” y menos aún dará el brazo a torcer para cometer el error de Lugo de hace cuatro años, cuando éste creó las condiciones para el “golpe” del juicio político al atizar la llama del enfrentamiento social, tan temido por la derecha depositaria del poder de los terratenientes.
Comenzó la pulseada por el 2018
Donde se juega gran parte del futuro de HC es en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. De ser una movida política maestra para tener la famosa “Corte a la medida”, el proceso se transformó en un escenario previo a la contienda electoral y a una eventual reelección presidencial.
Comenzó el “circo” con el juicio al ministro Sindulfo Blanco, pero será difícil contar con los 30 votos necesarios en el Senado, más aún cuando el Partido Liberal cambió su postura inicial a favor de la destitución tomada hace un año y medio, en noviembre de 2014. Sin el voto liberal se hace casi imposible la remoción del alto magistrado, que es también de extracción azul, lo que indica que en el PLRA la suerte de HC está echada, con el apoyo del llanismo en retirada y con el emergente espacio a favor de candidaturas como las de Efraín Alegre, que vuelve con todo para vengar su derrota de 2013 a manos del mismo Cartes.
Una cerrada posición anti-Cartes le conviene al PLRA de cara a 2018, lo que le daría en definitiva una buena chance para liderar una alianza opositora que vuelva a vencer a una ANR sin calor popular por el maridaje HC-ZI.
Al no pasar a la siguiente etapa de la política de transparencia, que es la lucha contra la impunidad, Cartes está pagando un alto costo, en términos de popularidad y hasta en la economía, ya que la falta de mejora en la calidad institucional es uno de los factores negativos que está influyendo para que las inversiones privadas recelen acerca de las verdaderas intenciones del presidente y suspendan por ahora cualquier plan, aparte de aquellas relacionadas con actividades semioscuras como el lavado de dinero.
Un dato no menor es que el Departamento de Estado de Estados Unidos dio un informe muy desalentador para Cartes, al recordar que en Paraguay siguen intocables las condiciones para el buen desarrollo, sin mayores molestias para sus ejecutores, de los negocios no tan santos a nivel internacionales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el contrabando de cigarrillos, que así son puestos en nivel de igualdad en la medida en que prácticamente van juntos de la mano al pasar la frontera.
Es así que, aunque el Banco Central del Paraguay sostiene que el crecimiento económico será del 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, la calificadora de riesgo Fitch publicó una previsión menos optimista, situando el crecimiento en 2,5 por ciento. Esto ocurre al mismo tiempo que la calificadora mantiene la calificación de riesgo país en “BB” con perspectiva estable, explicando que “las calificaciones de Paraguay resultan del balance entre su política de prudencia fiscal a través de diferentes ciclos económicos y políticos, sus fuertes indicadores de solvencia fiscal y una mayor resiliencia a las crisis externas; y las restricciones sobre la solvencia del país por la alta volatilidad de la producción de “commodities” debido a los choques relacionados con el clima, una base baja de recaudación tributaria y factores estructurales débiles en términos de tasas de inversión, la calidad institucional y los indicadores de desarrollo social”.
Como se puede apreciar en el comentario de la calificadora, la calidad institucional es un elemento clave en los análisis de inversión y de riesgo país.
Esto es así porque la calidad en el manejo de las instituciones en el país no ha mejorado e incluso ha quedado en mayor evidencia con la política de transparencia, ya que de la simple denuncia no se ha pasado al castigo a los responsables de los hechos de corrupción, por la deplorable lentitud y hasta complicidad de los estamentos jurisdiccionales encargados de aplicar las sanciones que establecen las leyes.
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