Escribe: Luis Alen.
No contentos con las chicanas judiciales, jueces amigos en Ciudad del Este y la inacción cómplice de la fiscala general nombrada por HC, Javier Zacarías Irún y su clan familiar operan fuerte entre bambalinas para sacar adelante la Operación “Cicatriz” en la ANR.
El plan perverso de impunidad de la “unidad” colorada tiene en realidad como objetivo la completa sumisión de la Justicia y la ciudadanía honesta del país a la nueva “dictadura” de políticos que responden a la nomenclatura oligárquica de la narcopolítica.
Mario Abdo parece que se percató de la maniobra y no se prestaría a la operación “blindaje”, ya que planteó la competencia en vez de las listas únicas en las elecciones, poniendo así palos a la rueda de la iniciativa originada en el quincho del “Patrón” HC.
Además, el presidente se convertiría en un mero pasapapeles de Horacio Cartes y, peor aún, en un títere genuflexo en manos de la rosca fraudulenta que desea controlar todos los negocios legales e ilegales de la República, convirtiendo al Congreso en un refugio inexpugnable contra los intentos de llevar a la prisión a quienes son denunciados como los artífices de la corrupción generalizada que agobia al país.
El virus de la corrupción
Coincidente con las noticias alarmantes de la expansión mundial del coronavirus que también ya ha llegado al Paraguay, la mayor conmoción para el país proviene de otro virus mucho más letal y aparentemente imbatible: el de la corrupción que está cimentada en la narcopolítica, cuyos tentáculos van envolviendo a la población paraguaya.
Otra coincidencia no menos preocupante se dio con la simultánea eclosión del escándalo -mezcla de “reality show” internacional y opereta criolla- del pasaporte trucho del astro brasileño del fútbol mundial, Ronaldinho Gaúcho, junto al melodrama de la Operación Cicatriz, que bajo el ropaje de la “unidad” y el “consenso” para las listas únicas de la ANR en las internas partidarias y en las generales municipales, esconde el plan diabólico de blindaje para parlamentarios con problemas en la justicia, entre ellos el impresentable Javier Zacarías Irún y detrás de él su clan familiar completo.
Resulta evidente que no ha pasado desapercibido para el presidente Marito Abdo, el propósito oculto del mentado “abrazo” republicano con Horacio Cartes, que no es otro que tender un gran manto de impunidad en la República a los hechos de corrupción protegidos por la clase política, como son el padrinazgo del narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando y de paso el financiamiento al terrorismo, como saben muy bien las agencias norteamericanas.
Abdo también sabe que para él sería un suicidio político anticipado caer en las redes de este pacto de no agresión para la protección de políticos sinvergüenzas, especialmente legisladores y en mayor escala aún el ínclito ZI, quien acumula varios procesos judiciales, pedidos de desafuero y una solicitud de renuncia de sus propios colegas, a los que, sin embargo, el senador mira con una fea mueca de soberbia, posiblemente porque está seguro que será el principal beneficiado del operativo de cicatrización en marcha.
No es la primera vez ni tal vez la única, que en la transición democrática se acude a un pacto de gobernabilidad o de unidad colorada, con el consiguiente reparto de “utilidades” de los participantes, pero lo más llamativo en la Operación Cicatriz es el mensaje estremecedor que se quiere dar a entender, tanto a la Justicia como a la ciudadanía en general.
Demoler la Constitución
Los dueños del poder, no contentos con el control sobre los procesos de reparto de la torta tanto formal como informal de la economía, ahora pretenden volver al conocido trámite de la “certeza” constitucional, específicamente al pedir a la Corte Suprema su posición ante el artículo 191 de la Constitución, que habla sobre la detención de un parlamentario en flagrancia delictiva, pero habría que leer todo el citado texto constitucional para entender que no se trata precisamente de una licencia de impunidad para el legislador.
En concreto, la Carta Magna dice: “Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta inmediata del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad. Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderán en sus fueros”.
Pero los proyectistas de la acción de inconstitucionalidad, los abogados del diputado Miguel Cuevas, actualmente en prisión preventiva, quieren utilizar sólo la frase fuera del contexto: “Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal”, obviando tanto el párrafo inicial como el final, ya que la Constitución se refiere específicamente al fuero del legislador, para no ser molestado por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones.
Con este texto en sus manos, despojado de su significado verdadero, los abogados del diputado Cuevas le quieren sacar de prisión a pesar de sufrir un proceso por delitos cometidos incluso antes de ser electo legislador, por lo que plantearán la acción de inconstitucionalidad ante la Corte con el evidente propósito de que sirva también como precedente para otros casos de legisladores presos o a punto de serlo, como ZI.
Pero los impulsores de esta nueva forma de “dictamen a la carta” de la Corte, no se percatan que el mandato constitucional se refiere sólo a la imposibilidad de detenciones arbitrarias a través de un montaje en el que no exista la flagrancia ni orden judicial, lo que no implica que los legisladores tengan una especie de “patente de corso” para evitar la cárcel por procesos judiciales en los que se les investiga por delitos o crímenes de corrupción, tanto en el período de sus funciones como en épocas anteriores a la función legislativa, cuando eran administradores de la cosa pública en otras dependencias del Estado.
El propósito de la “unidad” colorada viene a ser así como una demostración de fuerza ante los ministros de la Corte, para que éstos se convenzan que deben poner a disposición de la corrupta clase política una nueva especie de venia constitucional para el creciente poder de quienes buscan impunidad, como los diputados y senadores incursos en causas de corrupción.
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