Escribe: Luis Alen.
El pedido de intervención a la gestión de la intendenta Sandra McLeod, enviado por la Junta Municipal de Ciudad del Este a la Cámara de Diputados, deberá ser considerado en la próximos días en forma perentoria, según lo manda la ley, habiendo un plazo para ello a partir de la formación de una comisión especial formada con el fin de estudiar el caso planteado.
Todo dependerá de complejas negociaciones políticas que se suceden en el Parlamento en el relacionamiento del presidente Horacio Cartes con las distintas bancadas y en especial con los legisladores colorados, varios de ellos reacios ya a esta altura a continuar recibiendo órdenes del Ejecutivo, sin que también se les escuche, especialmente aquellos que desean seguir contando con la bendición para integrar nuevamente la lista oficialista en las elecciones de 2018 e intentar el rekutú.
Independientemente de si HC quiera o no la intervención y terminar de paso con el reinado de 15 años del Clan Zacarías en el Este del país, el tema de la intervención a la comuna esteña servirá para que los diputados –y especialmente los oficialistas- se sacudan de una vez por todas de las sospechas que penden sobre ellos por su falta de autonomía ante las órdenes que provienen del Jefe de Estado y de su entorno.
Como se ha de suponer, conociendo nuestra política, una mansa sumisión de los legisladores, sean oficialistas o no ante las indicaciones del Ejecutivo, no sería gratuita, sino que implicaría alguna gratificación, ya sea en “especie” o en facilidades para nombramientos de operadores en la administración estatal.
El problema actual para HC es que legisladores que le juraban lealtad u obediencia, ahora se volverían díscolos y se abrirían hacia otras carpas, como la disidencia liderada por Mario Abdo Benítez, con el fin de continuar apostando por algún sillón en las cámaras, siempre, claro está, que el mismo HC no les asegure presencia en la lista “oficial” de candidatos del movimiento Honor Colorado.
El pedido de intervención a la comuna de CDE viene a ser así un mecanismo apto para que los diputados demuestren su independencia del Ejecutivo y voten a favor del reclamo popular para investigar las cuentas del Clan Zacarías. Esto, en el caso que exista una orden de Cartes de no tratar por el momento el pedido de intervención por razones netamente de conveniencia política del oficialismo.
De allí que en el tratamiento de la intervención a la municipalidad de CDE no necesariamente podrán tenerse en cuenta las órdenes provenientes de HC, de su entorno o de la cúpula partidaria de la ANR, más aún cuando existe también descontento entre los diputados colorados porque no se les tuvo en cuenta a la mayor parte de sus líderes para integrar la comisión ejecutiva de la junta de gobierno del partido.
Marito muestra el camino
El titular del Congreso, Mario Abdo Benítez, visitó Ciudad del Este la semana pasada y afirmó sin rodeos que los diputados pertenecientes a la disidencia votarán por la intervención a la intendencia gobernada por Sandra McLeod. Es una señal bien clara de hacia dónde podrían ir también los votos de diputados oficialistas que hasta hoy reciben órdenes del Ejecutivo sin mayor discusión, pero que mirando el futuro desean tener una autonomía para el caso que tengan que optar por su propio camino con miras al rekutu en el Parlamento.
En alusión al método habitual de relacionamiento entre el Ejecutivo y la mayoría de los legisladores, oficialistas o de la oposición, el líder de la disidencia colorada lanzó toda su artillería contra HC, diciendo enfáticamente que “a mí Horacio Cartes no me va a comprar”, haciendo a la vez el llamado para “liberarnos de este yugo, recuperar nuestra libertad, recuperar ese partido secuestrado por dinero, por los privilegios, en detrimento de la mayoría del pueblo”.
A partir de este reposicionamiento de las bancadas coloradas, con el aporte de la disidencia y de los votos opositores, las condiciones políticas están dadas para que, finalmente, se pueda tener una mayoría en la Cámara de Diputados y conseguir la anhelada intervención de la gestión de la intendenta Sandra McLeod, de manera a cortar así la hegemonía de 15 años del Clan Zacarías en el Este del país.
El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, reelecto recientemente como titular hasta el final del período en 2018, ya adelantó que continuarán los contactos con el titular del Ejecutivo para dar lugar a una nueva fórmula de relacionamiento con los legisladores, pero se puede deducir que, a partir de ahora, ya no se reducirán a ser un obediente rebaño que recibe órdenes sin objeción alguna. Por el contrario, los próximos meses serán de duras negociaciones para el Jefe de Estado y su necesidad de buscar la reelección así como una mínima gobernabilidad en lo que le resta de mandato.
Así como el caso Tape Porä fue un test de prueba para que HC vea hasta donde puede avanzar en el Senado con miras a conseguir la mayoría en una cámara que siempre le fue esquiva en todo su período presidencial hasta ahora, en la Cámara Baja todo dependerá de hoy en adelante no ya tanto de las ofertas crematísticas provenientes del entorno presidencial sino de la real necesidad política de los legisladores para posicionarse en el carro oficialista o de optar por mejores oportunidades en la vereda disidente.
Esta situación sacude los mismos cimientos del oficialismo cartista y hasta se puede pensar que con el objetivo de no ahondar en exceso la división en filas coloradas, le sería hasta más conveniente al presidente aprobar la intervención de la comuna de CDE, a sabiendas incluso de que con ello se enemistará con el Clan Zacarías, pero no dando motivos para una mayor ruptura con los legisladores y dentro mismo del partido Colorado.
Entonces estamos asistiendo al momento ideal para la tan anhelada intervención y saneamiento de las finanzas de la segunda ciudad de la República. Y al mismo tiempo es el tiempo propicio para que los diputados se reivindiquen con su pueblo y procedan a dar su aprobación, en conciencia, a un pedido para hacer justicia después de tantos años de discrecional gobierno de un grupo familiar, sin ningún control de los organismos estatales existentes para el efecto.
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