Escribe: Luis Alen.
De que el clan González Daher continúa ejerciendo mucha influencia en la Justicia lo demuestra el pedido de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, encabezada por Enrique Mongelós, para que el Senado elija como uno de los ministros de la Corte Suprema a la única mujer de las dos ternas, María Elodia Almirón Prujel.
Casualmente, la abogada y camarista contaría con la simpatía del senador Javier Zacarías Irún, quien la semana pasada protagonizara un mayúsculo encontronazo con su colega Paraguayo Cubas, quien denunció la inconstitucional maniobra de declarar secreta la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que iba a recibir precisamente a los diferentes candidatos.
El titular de la Asociación de Magistrados, Enrique Mongelós, es nada menos que el esposo de la cuñada de González Daher, Bettina Chaves, quien ha sido denunciada en varias ocasiones por alardear su influencia en el Poder Judicial para arreglar juicios, con el lógico aval de OGD.
La entidad que agrupa a los magistrados insistió en el “cupo mujer” que le corresponde a Almirón Prujel en la Corte, pero no tiene en cuenta los oscuros antecedentes de la camarista, como el caso de su inacción cuando era directora jurídica de Aduanas, al no apelar una resolución del Tribunal de Cuentas que favoreció a Javier Zacarías Irún y permitió que se alzara con las 9 hectáreas adyacentes al Puente de la Amistad, en plena zona aduanera, e instalara shoppings centers en el lugar, entre ellos el Shopping del Este.
Llamativa actitud de Marito
Mientras el presidente Mario Abdo se declara “neutral” en la elección de los futuros ministros de la Corte, continúa viento en popa el plan cartista para seguir influyendo sobre la justicia, gozando de buena salud el esquema mafioso político-judicial que ya tuviera auge en los tiempos de Óscar González Daher.
Por alguna razón de peso los senadores cartistas y de otros sectores querían la sesión secreta para recibir a los candidatos a la Corte, ya que se está armando una tramoya para tener en la máxima instancia judicial un miembro totalmente al servicio de la conexión política.
Llama poderosamente la atención el hecho de que senadores abdistas, como Enrique Bacchetta, y de otros sectores políticos, sigan rindiendo pleitesía a los propósitos de Horacio Cartes de continuar influyendo sobre la administración de Justicia, a pesar de la caída de uno de sus peones, como OGD, quien ya guarda reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y se halla bajo proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y falsas declaraciones.
Pese a los vientos que soplan en la ciudadanía a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, los políticos persisten en su intención de controlar la Justicia. Ladesembozada intentona de los políticos fue descubierta y denunciada por uno de sus colegas, el senador Paraguayo Cubas, quien acusó a Javier Zacarías Irún y a Enrique Bacchetta de propiciar el “secretismo” de las sesiones con el fin de armar un enjuague que sustente la continuidad de una sumisa administración judicial.
Los senadores pidieron la suspensión por 60 días de su colega “Payo”, pero al final la intención no prosperó, al ser retirada la solicitud.
Riera en problemas
El senador Enrique Riera, uno de los firmantes del pedido de suspensión a Cubas, sería pasible de la pérdida de investidura, si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) confirma que una jueza en lo civil adoptó, en un juicio sucesorio, resoluciones bajo presión del político cartista, cuando éste era aún legislador suplente electo, pocas semanas antes de asumir en forma efectiva su banca en reemplazo del defenestrado Óscar González Daher.
La situación de Riera podría complicarse aún más si los pormenores del proceso de sucesión en el juzgado son investigados por la fiscalía, ya que habría evidencias que el estudio jurídico donde figura con su hermano Manuel, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), estaría presionando a la magistrada Claudia Jacqueline Domínguez, del 19° turno, para que una firma “offshore” con sede en Panamá no figure en los bienes de la sucesión, pese a que la finada accionista principal de la empresa es la dueña real de una estancia ubicada en el Alto Paraguay de 22.500 ha.
Todo con el fin de evadir el pago de impuestos y concretar así un monumental lavado de dinero.
Es lo que se desprende de la documentación que está en poder del presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Cristian Daniel Kriskovich, quien ya solicitó a la jueza que le remita todos los antecedentes del caso, con un informe pormenorizado y las copias del expediente judicial caratulado “Hetty Rita Malpas Vda. de Abadie s/ Sucesión Intestada”.
Tanto el senador Riera como su hermano Manuel, integrantes del estudio jurídico del mismo nombre, son los abogados que intervienen en el juicio sucesorio de la ganadera fallecida, quien fuera además dirigente activa de la ARP.
Estilo González Daher
La investigación sobre el expediente y la participación activa en él del senador Riera, demostraría además en forma fehaciente el interés de los políticos en continuar, al estilo González Daher, el esquema de control sobre la Justicia, tanto en el Jurado de Enjuiciamiento como en el Consejo de la Magistratura y en la designación de los nuevos ministros de la Corte Suprema.
El mismo Enrique Riera pidió la suspensión de su colega Paraguayo Cubas, la semana pasada, porque supuestamente “Payo” faltó al “decoro” del Senado al protagonizar un fuerte careo verbal con los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que habían dispuesto una sesión secreta para escuchar a los candidatos a la Corte.
“Payo” Cubas se opuso a la decisión avalada por sus colegas senadores, por considerar inconstitucional la introducción de un “secretismo” a todas luces destinado a mantener en las sombras, y sin conocimiento público, los posibles pactos políticos para el nombramiento de los nuevos ministros de la más alta instancia judicial.
En el caso bajo análisis del Jurado, aparece claramente que Riera solicitó a la jueza resoluciones a las que luego ella se acopló, contrariando incluso sus propias decisiones anteriores, con el fin de que no apareciera en la sucesión la estancia “Laguna General Díaz”, de Toro Pampa, Alto Paraguay, según los antecedentes que obran en el Jurado, y que fueran enviados por la Superintendencia de la Corte Suprema, tras una denuncia de la abogada Milca Villamayor.
Con esta actitud, y estando ya el senador Riera como legislador suplente electo, y ahora como titular, habría incurrido en flagrante “tráfico de influencias”, lo que le podría llevar a la pérdida de investidura y, además, a ser pasible de un juicio penal, según la apreciación de fuentes judiciales y legislativas.
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