Combate al tráfico de tabaco es primer paso en lucha antimafia

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Los grandes cargamentos de cigarrillos de contrabando decomisados principalmente en Brasil son de procedencia paraguaya, la mayor parte fabricados por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), perteneciente a Horacio Cartes.

Escribe: Luis Alen.

 

Ya no hay vuelta atrás: el Estado paraguayo se encuentra en guerra con el crimen organizado tras los sucesivos ataques mafiosos contra personas representativas, como el fiscal Marcelo Pecci asesinado en Colombia y una semana después el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, herido de gravedad por sicarios pero que lucha por su vida en un hospital de la capital del Amambay. Lo que reclama la ciudadanía es una respuesta contundente del gobierno de Marito Abdo, para evitar el surgimiento del Narco Estado adoptando las medidas indicadas, como el primer paso dado con la adhesión del país al protocolo internacional de combate al tráfico ilícito de tabaco, aceptado por el Senado este jueves 19.

 

De lo que no hay dudas es que el crimen organizado, es decir la mafia, responde con los últimos alevosos golpes a figuras del Estado enviando el mensaje como una seria advertencia de que no tiene escrúpulos en cuanto a aplicar sus códigos de muerte en el caso que no le dé más resultado el soborno a funcionarios o la protección de la narcopolítica para seguir con sus oscuros negocios.

Pese a la amplia consternación ciudadana por estos crímenes que muestran el poderío de la mafia transnacional, llama la atención que las principales autoridades del país reaccionaron en forma apática frente al desafío lanzado por las bandas criminales que copan el territorio nacional y hasta más allá de nuestras fronteras, porque se dan el lujo de atacar en un país extranjero a uno de los principales fiscales de la nación.

Más allá de las demostraciones de condolencias y de los discursos de circunstancia, poco es lo que se puede esperar en la lucha destinada a reducir al mínimo el poderío mafioso, si es que no se adoptan las medidas conducentes a establecer una clara frontera con el crimen organizado, en la forma de una política definida para romper cualquier alianza política de facto con estos grupos y al mismo tiempo terminar con la impunidad judicial de los mafiosos amparados por ciertos políticos que hacen gala de su gran poder fáctico.

A partir de ahora, hay que ir monitoreando de cerca el comportamiento de la clase política con respecto a sus conexiones con la mafia, a fin de observar si se adopta la decisión de marcar distancia con ella o si continúa en la tesitura manifestada hasta hoy de una actitud zigzagueante con los criminales y sus adláteres políticos criollos. Es el caso, por ejemplo, de la reciente despenalización de las declaraciones juradas o de las trabas impuestas a otras iniciativas como la comisión bicameral contra el lavado de dinero, especialmente de parte de las bancadas afines al cartismo, como ocurre en la Cámara de Diputados.

 

El protocolo del tabaco

Más posiblemente como efecto de la interna colorada que por una decidida acción destinada a frenar el contrabando de cigarrillos en la frontera, en el Senado se consiguió por fin una rara alianza entre el oficialismo abdo-velazquista y la oposición, para dar el visto bueno a la adhesión del país al protocolo internacional de lucha contra el tráfico ilícito de tabaco, ya firmado en 2012 en la época del gobierno de Federico Franco, pero que fue ignorado por obvias razones durante el gobierno de Horacio Cartes. 

Casi volvió a campear el desinterés en la época abdista hacia el convenio mundial, hasta que la insistencia de la senadora Desirée Masi y de otros legisladores opositores consiguió la media sanción de la Cámara Alta, ya que una nueva demora hubiera sido muy vergonzosa a la vista de la constatada relación estrecha entre el tráfico de tabaco, la mafia de los narcos y el crimen transnacional, que según expertos internacionales son los que estarían detrás de la muerte del fiscal Pecci o del atentado al intendente Acevedo, salvo que se demuestre lo contrario en las investigaciones en curso, lo que sería muy difícil que llegue a ocurrir.

Ahora queda por ver qué resolución adoptará la Cámara de Diputados, que deberá aprobar el texto sin cambios, ya que un acuerdo internacional no puede ser modificado ni en una coma, más aún porque se sabe que el cartismo puede influir en un eventual rechazo del protocolo, si es que cuenta con la adhesión de miembros de otras bancadas, ya sea oficialista o de la oposición.

La senadora Masi fue explícita acerca de la necesidad de aprobar el documento que dará trazabilidad a la producción de las tabacaleras nacionales y permitirá identificar a las cajetillas en todo el mundo para conocer así la ruta del contrabando o de los negocios ilícitos ligados al tráfico ilegal. Es que no hay dudas para las agencias internacionales de lucha contra estos ilícitos, que el comercio irregular de cigarrillos está ligado al crimen organizado y al lavado de dinero, porque se tienen pruebas de la misma ruta que siguen los cigarrillos, el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos conexos, bajo la coordinación de mafias transnacionales.

Hasta ahora el Patrón HC, sus gerentes y los legisladores que le son genuflexos impidieron la aprobación del protocolo internacional, demorando una ratificación por casi 10 años, aduciendo que se afectaría a la producción nacional cigarrillera favoreciendo a los falsificadores y evasores de impuestos. Pero, por el contrario, la trazabilidad traerá más bien la posibilidad de un control efectivo de la fabricación con fines impositivos, impulsando la plena recaudación tributaria, ya que hoy en día es difícil asegurar la plena correspondencia entre la producción real -basada sólo en la declaración jurada de las empresas en la Secretaría de Tributación (SET)- y el pago efectivo de los impuestos como el Selectivo al Consumo (ISC), tal como quedó demostrado en un estudio del CADEP (Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya), del cual forma parte el exministro de Hacienda Dionisio Borda.

 

La corrupción en la base

Además del combate al contrabando de cigarrillos y otras medidas destinadas a impedir el lavado de dinero en las tabacaleras y los clubes de fútbol, así como la obligatoriedad de instalar escáneres en todas las aduanas para detectar la cocaína camuflada entre otros productos enviados al exterior en contenedores, todos los mecanismos de control llevados a su máxima expresión no serían suficientes si es que persiste la tendencia a encubrir a los corruptos en el Poder Judicial y en la Fiscalía.

Es la posición de los gremios de abogados expresada en una audiencia con ministros de la Corte Suprema, que reclamaron el fin de la impunidad, porque el blanqueo casi constante a los acusados por corrupción en el estamento estatal facilita a su vez el avance del crimen organizado.

Resaltaron los abogados la “ausencia” de la Fiscalía General del Estado en la vida pública, ya que no aparece comandando la lucha anticorrupción y contra la impunidad, pese a los reclamos de la sociedad a la cual representa el Ministerio Público, según establece la misma Constitución.  Es lo que dijo Manuel Riera, titular del Colegio de Abogados, al afirmar que la fiscala general Sandra Quiñónez “no dio un solo mensaje claro de apoyo a la ciudadanía tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, lo que es negativo porque se trata de la dueña de la acción penal en el país”.

Pareciera que la fiscala general está decididamente atrapada por el poder fáctico que detenta el Patrón HC, a quien le debe su cargo evidentemente, y es lo que le impediría realizar investigaciones que pudieran comprometer al poder político predominante, y cuya continuidad se definirá necesariamente en la interna de diciembre próximo de la ANR y en las generales de abril de 2023.

Lo triste para el país resulta subordinar cualquier lucha frontal contra el crimen organizado a la correlación actual de fuerzas políticas, lo que revela la falta de una política de Estado contra la criminalidad que podría ser fatal para los altos intereses de la nación en el mediano y largo plazo, especialmente en términos económicos.

 

La sociedad debe estar alerta

A la vista de los nuevos procesos por lavado de dinero procedente del crimen organizado, la gran incógnita está centrada en si la Fiscalía y el sistema judicial de nuestro país se hallan preparados para afrontar los juicios que se desarrollarán, comprometidos en evitar que finalicen con la impunidad para los delincuentes.

Es por ello que la sociedad civil organizada deberá realizar un seguimiento minucioso de los procesos en curso por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, que se constituyen desde ahora en la prioridad para luchar con éxito contra la corrupción y la impunidad, ya que está a la vista de todos que la narcopolítica se ha adueñado del país, a estar por las últimas evidencias de que connotados actores políticos, legisladores y hasta ministros del Ejecutivo se hallan vinculados a los narcos.

También los retrasos judiciales con su resultado indefectible que es la impunidad, constituyen una rémora para el desarrollo económico, porque poseen un costo muy alto para las empresas y familias, distrayendo recursos que podrían ser utilizados en otros fines de progreso social, y subsidiariamente, porque la mora judicial de por sí configura un déficit de la administración judicial que termina pagando todo el conjunto de la sociedad, ya sea en términos monetarios por la ineficiencia del sistema o con la falta de justicia “pronta y barata” que a la larga repercute en la competitividad de la economía, afectando su capacidad para crear riqueza y empleos.

Está demostrado que la justicia lenta o ineficaz para los emprendedores resulta la más negativa, por cuanto la inseguridad jurídica para quienes desean abrirse camino en una economía legal podría significar lisa y llanamente la imposibilidad de llevar a cabo una buena idea empresarial. 

Por todos estos motivos, no puede ser más oportuno insistir en la mejora de la confianza en el sistema judicial, aumentando su eficiencia a través de un mayor presupuesto para sus distintas oficinas, un mejor proceso de selección de los magistrados y el personal a su cargo, y el compromiso de los políticos de lograr la plena independencia de la Justicia de las demás instituciones del Estado y de los poderes fácticos. 

En definitiva, la eficiencia de la Justicia tiene un valor económico al situar la seguridad jurídica entre los principales factores que impulsan la creación de empleos estables y el desarrollo sostenible. 

Por este motivo es que resulta necesario consolidar la confianza ciudadana en el sistema judicial paraguayo, a través de un seguimiento constante de sus actuaciones en los temas de corrupción, dadas las ligazones estrechas de los funcionarios corruptos con el crimen organizado transnacional que intenta por todos los medios alzarse con el control del Estado, si es que ya no lo ha concretado.

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