
Escribe: Luis Alen.
Además de pretender alcanzar el máximo apogeo del control cartista sobre las instituciones del Estado, la Comisión Bicameral de Investigación que inicia sus sesiones el martes 3 de septiembre, pondrá en evidencia la actuación de la Fiscalía, que siempre se mostró reacia a investigar a fondo a Horacio Cartes, mientras ahora será presionada para ir con todo contra los enemigos del cartismo.
La Comisión Bicameral de Investigación instalada por el cartismo en el Parlamento tiene como principal motivación inicial, poner en entredicho las conclusiones de la anterior CBI, que durante la legislatura pasada confeccionó un lapidario informe sobre Horacio Cartes y sus movimientos en el submundo del lavado de dinero y su relación con el rey de los doleiros, Darío Messer, el “hermano del alma”.
Sin embargo, la anterior fiscala general Sandra Quiñónez no movió un dedo para iniciar un proceso contra el actual titular de la ANR con el objetivo manifiesto de mantener incólume a HC, y, como contrapartida, la intención ahora es presionar al nuevo fiscal general Emiliano Rolón con el fin de reorientar las pesquisas sobre lavado en contra de los adversarios políticos o económicos del Patrón, entre ellos principalmente el grupo empresarial Zuccolillo y su red de multimedios encabezada por el diario ABC Color.
Igualmente, aparece en la agenda prioritaria del cartismo que la nueva CBI tenga una neta finalidad política, a través de frustrar el financiamiento de cualquier intentona opositora con miras a armar un frente unido destinado a desplazar a Cartes del poder, en momentos en que también el Patrón puso a prueba la capacidad que ostenta para mantener su hegemonía política y fáctica, después del grave caso de la muerte del diputado de su movimiento, Eulalio “Lalo” Gomes, a manos de la policía en Pedro Juan Caballero, el lunes 19 de agosto en un allanamiento judicial en su residencia a las 3 de la madrugada.
Por lo tanto, la clara intención del poder cartista legal y político, así como del fáctico, es alcanzar su plena consolidación lo más pronto posible, para poner en resguardo a su líder Horacio Cartes de cualquier amenaza que provenga tanto del frente interno como del externo.
El titular de la ANR ya no disimula que es quien tiene la última palabra para mantener a la tropa disciplinada, como ocurrió en el episodio que no pasó a mayores de la “rebelión” de la bancada cartista de Diputados, después de la virtual ejecución por la fuerza pública de uno de sus miembros, “Lalo” Gomes, en un dudoso procedimiento judicial en busca de evidencias por su supuesta implicancia en el financiamiento de narcos.
La candidatura de Alliana
El plan estratégico cartista tiene toda la agenda supeditada a la meta de las próximas elecciones, en 2026 las municipales, y en 2028 las generales, y cumpliendo con dicha línea bajada desde el comando cartista, se ha confirmado el prematuro lanzamiento de la candidatura presidencial del vicepresidente Pedro Alliana.
Pero el apuro en iniciar la carrera presidencial, por parte del mismo Santi Peña, se da en un escenario bastante complejo que pone en jaque todos los intereses del Patrón HC, empezando por la continua vigilancia monitoreada por Estados Unidos, que no ve con buenos ojos el omnímodo poder político y legal de Horacio, unido a su poder fáctico sobre las instituciones judiciales, conformando así una hegemonía real que es la esencia del unicato cartista, que en ese aspecto resulta ya muy parecido al que rigió en la época stronista.
Basta un botón de muestra que las sesiones de la CBI serán reservadas, en contra de la inveterada práctica del ejercicio democrático parlamentario de las sesiones abiertas a la prensa o al público, más aún tratándose de cuestiones de interés general, lo que hace suponer que el secretismo está en consonancia con el objetivo de la mayoría cartista en la comisión, que es una mezcla de “vendetta” política contra enemigos políticos y económicos, pero también con el condimento de un mecanismo destinado a desarticular el financiamiento de la oposición que se vaya armando para defenestrar eventualmente a HC del poder, en las próximas elecciones.
La Comisión Bicameral, casi totalmente integrada por senadores y diputados vinculados al cartismo, tiene así principalmente la finalidad de “auscultar” a potenciales “enemigos” del proceso de consolidación del cartismo en el poder.
Aunque, oficialmente, la intención cartista sea recoger información fidedigna de quienes se hallan inmersos en la lucha contra el lavado de dinero y negocios ilegales conexos, como el tráfico de armas y el de drogas, entre otras actividades ilícitas que mueven sumas multimillonarias en el mercado negro paraguayo, llama la atención el exagerado acento puesto en las cuentas y en las personas que trabajan en las entidades no gubernamentales sin fines de lucro.
Resulta por demás un despropósito meter en la misma bolsa a fuentes de financiamiento de las ONGs casi en un mismo plano de igualdad junto a esquemas criminales mafiosos, convirtiendo a las entidades con fines netamente sociales y de bien público en sospechosas de lavado de dinero o evasión tributaria, siguiendo un libreto autocrático y antidemocrático que está siendo aplicado también en países con regímenes autoritarios de partido único, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, para no ir tan lejos, y que son de izquierda rabiosa, en contraposición al unicato de derecha que pretende instalarse con fuerza en el Paraguay.
El impulsor principal de la CBI y del control a las organizaciones sociales no gubernamentales sin fines de lucro (Oenegés), es el senador Gustavo Leite, quien reconoció que la intención primordial del equipo investigador responde a la necesidad de obligar a la rendición de cuentas de estas entidades, a sabiendas que ya está en proceso parlamentario un discutido proyecto de ley que pretende exactamente lo mismo, es decir ejercer un control sobre las ONGs, pero no precisamente para saber si cumplen con sus finalidades sociales, culturales o cívicas, sino para conocer quiénes son los que manejan y ejecutan aquí el financiamiento que reciben mayoritariamente del exterior, según lo expresado por el legislador.
A decir verdad, el plan piloto cartista de freno al desarrollo de las ONGs y de paso al crecimiento financiero opositor, tiene el propósito evidente de desmontar eventualmente el posible esquema de financiamiento político que sería armado, según entienden los estrategas cartistas, y en parte sustancial con aportes foráneos, para financiar campañas políticas orientadas supuestamente a echar del poder al cartismo en los comicios venideros, tanto municipales como generales.
El otro objetivo no menos preocupante de la bicameral cartista, consiste finalmente en desacreditar y hasta si es posible “neutralizar” los informes manejados sobre HC tanto en la CBI presidida antes por el exsenador Jorge Querey como en la Seprelad de Carlos Arregui, quien ahora se halla bajo proceso judicial junto al expresidente Marito Abdo por supuestamente haber “filtrado” a la prensa los informes sobre lavado de dinero y otros posibles mecanismos ilegales de negocios, que involucrarían al ex jefe de Estado del período 2013-2018 y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.
La “pelota” en cancha de Rolón
En este contexto de máxima tirantez institucional, entra a tallar una contradicción notoria, y hasta una ironía marcada, por cuanto la Fiscalía de Emiliano Rolón tampoco movió un dedo para investigar las incursiones de HC en el lavado, la evasión, el contrabando de cigarrillos y hasta el financiamiento a organizaciones criminales y terroristas, según ha sostenido la anterior CBI encabezada por el exsenador del Frente Guasu luguista, Jorge Querey, así como la Seprelad de los tiempos de Arregui y Marito Abdo, con los que coinciden además los profusos informes de las agencias norteamericanas.
De allí que con la nueva CBI, habrá que ver si finalmente la Fiscalía se aviene a investigar y procesar judicialmente a partir del resultado de las investigaciones sobre lavado de la bicameral, ya que con seguridad no tendrá como figura principal del esquema a HC y sus negocios.
Más bien casi toda la labor de la CBI se orientará hacia un terreno en el que el cartismo desea recoger información y hasta eventualmente emprender alguna presión no sólo sobre la Fiscalía, sino también sobre la Justicia, como sería el caso de indagar sobre entidades bancarias y financieras que estarían siendo investigadas judicialmente por lavado de dinero, incluidas algunas que ya cuentan con procesos en los estrados tribunalicios, lo que resultaría en una intromisión de la Comisión Bicameral en procesos judiciales vigentes, es decir un hecho que está prohibido expresamente por la Constitución, pero que se constituiría en un claro mensaje que el cartismo defiende sus intereses hasta super poniéndoles por encima de un mandato constitucional.
Mientras tanto, sigue sobre la mesa de Estados Unidos la clara advertencia lanzada el pasado 4 de agosto, en ocasión de la reiteración de las sanciones contra Tabesa, la emblemática empresa de la cual ahora Cartes resulta acreedor como ex accionista que vendió su participación accionaria a la propia empresa tabacalera, de acuerdo con la administración Biden y que motivara el renovado ultimátum norteamericano, lo que demuestra, según los términos del Departamento de Estado “el compromiso de Estados Unidos de garantizar la integridad de las sanciones e inhibir la capacidad de Cartes de recibir beneficios materiales”.
Y concluye en forma tajante y premonitoria que “Estados Unidos sigue enfocado en garantizar la responsabilidad de Cartes y a promover una reforma anticorrupción en Paraguay”.
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