Con el lema “Basta de corrupción”, pobladores de Minga Guazú hicieron una caravana en repudio al clan Caballero-Vargas, ayer (28 de junio). Miles de millones de la Municipalidad, administrada por el intendente Digno Caballero Ruiz (ANR), fueron a parar en las cuentas de su esposa, la diputada Blanca Vargas (ANR). Esto se comprobó al conocerse la declaración jurada de la parlamentaria, quien posee tres empresas, creadas con el solo objetivo de proveer bienes y servicios a la comuna. Dos de las firmas, Po Kuarahy Rese S.A. y Dimafre S.A. fueron beneficiadas con decenas de contratos por la institución comunal, desde el 2013.
Los organizadores de la manifestación: César Paredes, del sector de Ramón
Romero Roa. / Diego Ríos, Movimiento Independiente. / Gilberto Zapatti,
del PLRA. / Gustavo Arzamendia, Esperanza Republicana, de Enrique Riera.
Las pancartas de los manifestantes rezaban “Basta de robo”, “Clan Caballero nunca más”, “Intervención ya”, “Fuera 8 concejales corruptos”, entre otros. La inmensa fila de vehículos partió del Km. 14 Monday, zona donde tiene su residencia la pareja Caballero–Vargas, hasta el Km. 16 Acaray (microcentro de la ciudad, donde funciona la Municipalidad). La ruidosa caravana, que contaba con altoparlantes y detonación de petardos, llegó hasta el Km. 20 por la Ruta PY2, donde más ciudadanos se adhirieron a la movilización. Según el reporte policial, fueron 800 los vehículos que participaron de la movilización.
Los manifestantes repudiaron a la pareja, a la que acusaron de enriquecerse con el dinero público, y pidieron una intervención para que se investiguen las irregularidades cometidas por el intendente y su esposa, Blanca Vargas de Caballero. Ambos pertenecen al equipo político de Javier Zacarías Irún, desde que Caballero asumió el primer periodo como jefe comunal.
César Paredes, uno de los organizadores del abucheo, dijo que están cansados de la corrupción en el municipio. “Estamos cansados de que el clan Caballero-Vargas utilice la Municipalidad como una empresa familiar. Solicitamos que la Fiscalía y la Contraloría intervengan. Estamos hartos de que se maneje como un boliche”, sentenció.
Agregó que con la divulgación de las declaraciones juradas solo se confirmó lo que siempre sospecharon.
Los ediles colorados disidentes Édgar Franco, Eudes Mereles, Proto Meza y Óscar Romero Roa denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a Caballero por supuesto desfalco de G. 716.639.380. La cifra había desaparecido de las cuentas de la Comuna en 2019, según los denunciantes.
Empresas de Vargas
En su declaración jurada, publicada recientemente por la Contraloría General de la República, se observa que la diputada Vargas de Caballero declaró tener tres empresas a su nombre: Po Kuarahy Rese S.A., Dimafre S.A. y T y F S.A. Las dos primeras fueron beneficiadas con decenas de contratos por miles de millones de guaraníes en la comuna minguera. Po Kuarahy Rese obtuvo desde el 2013 14 contratos con la institución municipal, y solamente uno participó de un concurso de ofertas; los restantes fueron adjudicaciones directas. En tanto, la firma Dimafre S.A. se quedó con 19 adjudicaciones directas de la comuna.
Los contratos fueron para adquisición de piedras brutas basálticas, adquisición de sillas pupitres, equipos informáticos, construcción de empedrados, entre otros.
Concejales serviles
Ocho concejales serviles a Caballero traban constantemente los pedidos de investigación y avalan las irregularidades del jefe comunal. Se trata de los liberales Alcides Alfonso, Blas Báez, Juan Carlos Friedeling y Arnaldo Sosa. También los colorados Roberto Alderete, Lucas Caballero, Laura Barreto y Artemio Báez.
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