Escribe: Luis Alen.
Convencido de que se le avecinan tiempos difíciles en la Justicia, Horacio Cartes busca blindarse a toda costa, acudiendo otra vez a la fórmula fallida de cuando buscaba la reelección, es decir, pidiéndole auxilio a Fernando Lugo y a Blas Llano para, esta vez, conseguir el nombramiento de un fiscal general obediente a sus órdenes.
Se nota claramente que a HC sólo le atemoriza la avalancha de casos judiciales que podría recibir cuando deje la presidencia en agosto, ya que no le interesa en lo más mínimo la gran inseguridad que vive la República, asediada por las bandas criminales y la violencia en las calles, como una demostración del triunfo del crimen organizado, figurando como ejemplo mayúsculo la supuesta guerrilla del EPP con su evidente consigna de la “tierra liberada” del Norte para el narcotráfico.
Pocas horas después que Horacio le condecorara a Luis Canillas el día del agente de policía, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) secuestraba a otro colono menonita de Río Verde, la zona roja del grupo irregular, ascendiendo ya a cinco la cantidad de ciudadanos privados de su libertad por la banda criminal del Norte.
Para más datos, a Canillas el presidente lo premiaba por sus repetidas llamadas al jefe de policía durante el atraco al local del PLRA, la madrugada del 1 de abril con el conocido saldo de la muerte del joven Rodrigo Quintana, y por su hilarante denuncia de una conspiración vía Whatsapp de parte de la senadora Desireé Masi contra el jefe de Estado, pocos meses antes. Aparte de ser asesor jurídico de Yacyretá, Canillas no posee ningún cargo oficial en la Policía.
La condecoración a Canillas muestra de cuerpo entero a un Cartes preocupado sólo de su obsesiva búsqueda del poder total, ahora con todas las fichas puestas en el tablero electoral interno del Partido Colorado, a través de su títere Santi Peña.
El objetivo de HC es mantener el actual “modelo”, donde se hace lo que ordenan los gerentes del grupo Cartes empotrados en el poder, y quien se opone a las órdenes resulta desplazado. Un ejemplo ha sido precisamente el manejo de la policía, que sólo está para cumplir órdenes de los gerentes o asesores, como el caso del mismo Canillas.
A renglón seguido, lo que menos le importa a Horacio es la rampante inseguridad que asuela al país, donde el crimen organizado se ha posicionado sólidamente, comenzando por el osado EPP que a estas alturas ya está secuestrando una persona por semana, sin que las fuerzas de seguridad realicen un movimiento táctico decisivo para poner fin a las andanzas de los delincuentes, que por lo visto tienen vía libre en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, que casualmente son también dominados por el narcotráfico.
¿Qué hace la FTC?
Los periodistas que se han animado a husmear en las entrañas de la zona roja del Norte comprobaron con asombro la lentitud de la respuesta de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la virtual indefensión de los productores que están a merced de las correrías de la supuesta guerrilla del EPP. Hasta llegaron a filmar a posibles apoyos logísticos de los irregulares, que luego el propio comandante de la FTC aclaró que eran militares camuflados. Sin embargo, para los productores menonitas, era una gran mentira y los hechos lo están confirmando.
Por no decir que existe complicidad o connivencia entre la FTP y el EPP, al menos se puede afirmar rotundamente que el Gobierno de HC da muestras de excesiva parsimonia y hasta temor para ingresar a los montes y acabar con los facinerosos, pero el descubrimiento periodístico de supuestos proveedores logísticos de los irregulares, según los propios productores, pero que finalmente serían militares mimetizados, de acuerdo con el comandante, abre un gran margen de dudas que los hechos están inclinando la balanza hacia los dichos de los colonos y no hacia las afirmaciones de las fuerzas de seguridad.
El dato preocupante es que en Brasil ya dan como un hecho que el Primer Comando da Capital (PCC) está cooptando las fuerzas de seguridad del Paraguay y de Bolivia, como forma de garantizar la provisión sin mayores trabas de drogas y cigarrillos contrabandeados hacia la frontera con el vecino país. No extrañaría por tanto que la propia FTC también sea copada por los intereses de los narcos y miembros del crimen organizado, para dar cobijo también al EPP, como forma de asegurar un territorio liberado para el narcotráfico, que sería la misión fundamental, en última instancia, del grupo irregular del Norte.
Blindaje estilo Zacarías
A HC le quita más el sueño su “futuro” judicial que la inseguridad extrema en que vive la ciudadanía, lo que ha quedado demostrado con la maniobra en curso para el nombramiento de un fiscal general manejable en el próximo período presidencial. La terna enviada por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo es una indicación de la inusitada atención que le brinda HC a un blindaje al estilo de Javier Zacarías Irún, que en el Alto Paraná hace rato tiene sometidos a su férula a fiscales y jueces.
Tener control sobre el Ministerio Público, la Corte Suprema y el Poder Judicial, le es fundamental a HC, y una victoria en la interna del 17 de diciembre le estaría asegurando prácticamente esto, y más aún si gana además las elecciones generales de abril con su delfín, con lo cual se constituiría en el árbitro de la situación política, convirtiéndose en el hombre fuerte del Paraguay.
Perder la interna le sería catastrófico, especialmente porque ni teniendo influencia sobre el fiscal propuesto por él y eventualmente confirmado en el Senado en los próximos meses, la disminución de su poder implicaría también perder los hilos de conexión con los ministros de la Corte Suprema, más todavía teniendo en cuenta que cuatro de éstos deberán jubilarse en los próximos dos años, debiendo ser sustituidos probablemente tras acuerdos entre las fuerzas políticas y el nuevo poder que se instalaría en el país a partir de agosto de 2018.
La andanada de demandas y querellas judiciales que le esperan a Cartes en el caso que decrezca su influencia en la Justicia, se espera sean numerosas, por la forma en que se manejó el Gobierno durante la administración actual, muchas veces actuando al margen de la Constitución y las leyes de la República, en varios asuntos de vital importancia para la nación.
Basta sólo con citar los casos de los bonos soberanos sin ley del Congreso, los decretos monopólicos de combustibles para favorecer a Petropar en detrimento de los emblemas privados, el masivo contrabando y evasión con los cigarrillos producidos en gran parte por la empresa del poder, las licitaciones y compras amañadas para favorecer a grupos ligados al poder de turno, sólo por citar algunos de los temas más sonados que se han publicado en la prensa nacional.
Hay sobrados motivos como para sospechar que igualmente el Ejecutivo no extirpó el EPP para posibilitar una especie de “contrapeso local” a la arremetida de los grupos criminales brasileños tipo PCC, Comando Vermelho o el mismo Hezbollah libanés, que han sentado sus reales sobre territorio paraguayo, con el fin de comandar en el mismo terreno la provisión de drogas, armas, cigarrillos y demás productos ilegales, que entran de contrabando al Brasil, a los demás países vecinos y que se dirigen a todo el mundo.
El “juicio de residencia” que se le avecina a HC, como se denominaba en los tiempos coloniales a la inspección que realizaba la corona española en sus dominios ultramarinos al término de la gestión de un gobernador, revelaría en todo caso la decisión de dilatar la extinción del EPP , ya sea por estrategia para evitar el control total de la frontera por los grupos criminales brasileños, o directamente por conveniencia cómplice, para abrir el camino a los distintos tráficos. Sólo el tiempo o la historia darán finalmente el veredicto.
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