Escribe: Luis Alen.
El nombramiento de la doctora Carolina Llanes en la Corte Suprema se debió a una fuerte operación del presidente Mario Abdo Benítez, con el fin de precautelar su determinación de luchar contra la mafia político-judicial.
El cartismo y su protegido, Javier Zacarías Irún, no están muy contentos con la nueva ministra, por la posible rotura del blindaje judicial del que disfrutan tanto el senador, su clan familiar y otros políticos exponentes de una clase política muy cuestionada.
La determinación de Marito de luchar contra la impunidad aún no se sabe si continuará firme o no, a la vista de la fuerte pulseada con el “poder oculto” que no quiere irse, pero el jefe de Estado no tiene otro camino en vista del compromiso que asumiera ante la ciudadanía honesta del país al asumir en agosto del año pasado.
El compromiso por la renovación del Poder Judicial, que es uno de los principales objetivos del abdismo en el gobierno, se vio fortalecido con la decidida operación de Marito Abdo, mientras en forma notoria el que saló perdiendo en la pulseada ha sido el cartismo, confirmado por su no disimulado descontento ante la elección de María Carolina Llanes como nueva integrante de la más alta autoridad jurisdiccional.
El efecto Llanes
Ya casi cuando Marito Abdo hacía depender peligrosamente su presidencia del “criterio político” de Horacio Cartes, el jefe de Estado volvió a tomar el impulso necesario en la lucha por el control del poder en el aspecto clave de la administración de justicia, al poner todo su empeño en la elección por parte del Senado de la doctora Llanes como ministra de la Corte Suprema.
La estéril protesta del senador Enrique Riera y el abandono de la sesión por los seis legisladores que responden a HC, más que la imagen de la frustración por ser elegida una persona que fue la interventora de la municipalidad de Ciudad del Este para dar el golpe de gracia a Javier Zacarías Irún y su clan, es la demostración que para el cartismo existe el peligro de que se reduzca o acabe su anterior preeminencia en el Poder Judicial.
La presencia de Llanes en la Corte debe significar, en efecto, el final del blindaje judicial perverso con que cuentan hasta ahora los miembros del clan ZI y de otros políticos para eludir la cárcel, ya que, como se ha anunciado, la nueva ministra ocupará un lugar en la Sala Penal de la máxima instancia judicial, a donde llegan finalmente los casos más sonados en materia de castigo por los hechos de lesión al patrimonio estatal, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal para la consumación de todos estos delitos tipificados como graves y lesivos a la convivencia ciudadana, la mayor parte de ellos protegidos por un sector bien conocido de la clase política.
La Sala Penal también entiende en la materia contencioso-administrativa, otro tema vital para la defensa de los intereses patrimoniales del Estado y especialmente en materia de control de la evasión impositiva, de la lucha anticontrabando y el manejo del presupuesto nacional, como los casos flagrantes de malversación de los fondos públicos, donde aparece esencial la tarea de la fiscalía anticorrupción y la necesaria inspección por parte de la Contraloría de las cuentas estatales.
Precisamente, a la doctora Llanes le deberá corresponder corregir la nefasta práctica iniciada por el clan Zacarías desde que asumió el poder en CDE, y copiada por otros políticos administradores, de no permitir que la Contraloría audite su administración, sino dejando que lo haga un complaciente Tribunal de Cuentas.
Se debe recordar que la flamante ministra –a quien Marito ya le dio su visto bueno pocas horas después de su elección en el Senado el pasado jueves 11- durante su trabajo de intervención había accedido que la Contraloría realizara su trabajo en la comuna esteña en paralelo a la elaboración del informe lapidario que firmara para que finalmente la Cámara de Diputados destituyera a la esposa de Javier, Sandra McLeod, de la intendencia y permitiera así la elección de Miguel Prieto como nuevo intendente de CDE.
La impunidad no quiere ceder
El presidente de la República empezó a despejar las dudas que se cernían sobre su determinación en profundizar la lucha contra la impunidad, después que en una movida sorprendente y hasta llamativa había pactado con el cartismo y el llanismo por las mesas directivas del Congreso, con la intención, se vio después, de armar el acuerdo político para aprobar el “impuestazo” o la llamada, con más finura, “reforma tributaria”.
Es que el poder oculto que da fuerza a la impunidad, alojado en lo más recóndito y sórdido de la mafia política, no da fácilmente el brazo a torcer, en la medida en que prosigue la pulseada por el control de la administración judicial, como en toda la transición democrática.
Sólo basta con mirar lo que ocurre con Javier Zacarías Irún y su clan, parapetados como están aún bajo el paraguas protector de HC y de un formidable caparazón blindado que le hace inmune hasta ahora a cualquier sanción por las graves acusaciones que pesan en su contra por las barbaridades cometidas en el manejo de la cosa pública en CDE y el Alto Paraná, durante largos 17 años.
Pero los tentáculos del “poder oculto” siguen tratando de mantener secuestrados a los magistrados judiciales, y lo muestra por ejemplo la vuelta del ex ministro de la Corte Raúl Torres Kirmser a una posición de influencia en el nombramiento de jueces y fiscales, como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los docentes de la Facultad de Derecho de la UNA.
Torres Kirmser ya se había jubilado al llegar a los 75 años, pero de igual forma mantiene por lo visto una posición influyente en el viejo sistema de justicia que ha sido manejado a su antojo por la mafia política y el poder del dinero.
La revisión del artículo 245 del código procesal penal se encuadra también en la intención de la clase política de verse librada de la cárcel mientras promueven las interminables chicanas para evitar la condena firme. Es de esperar que el presidente Marito Abdo advierta la maniobra y vete la ley que está a punto de ser sancionada para beneficio de los delincuentes tanto de guante blanco como de la “pesada”, que se librarían de la prisión preventiva con el cuento de la ingobernabilidad y la falta de espacio en las prisiones.
“No soy contrabandista”
Marito Abdo está retomando también un discurso más comprometido con la intención inicial de mostrar al mundo un Paraguay diferente a la imagen habitual de país corrupto donde reina la impunidad.
Hablando a los productores de calzado que llegaron en manifestación hasta el Palacio de Gobierno el pasado martes 16, protestando contra el ingreso ilegal de zapatos o con muy bajo arancel desde China, el presidente afirmó que puede prometer medidas contra el comercio ilícito porque no “soy un presidente contrabandista”, en alusión directa a HC y a su gobierno, que no tomó medidas anticontrabando porque a él mismo se lo acusaba de promover el contrabando de cigarrillos con su empresa tabacalera.
Con la renovación judicial y fomentando las investigaciones de corrupción incluso en entidades como el IPS donde su hermano el ministro de Hacienda Benigno López es investigado, Marito está obligado a llevar la consigna del “caiga quien caiga” hasta las últimas consecuencias.
Más aún porque los últimos episodios de extrema violencia que pusieron en vilo al país, como el caso que afectó a un ganadero del Chaco y a su familia, así como el asalto al banco Visión en San Pedro, demuestran que al Estado no le queda otro recurso que la guerra total contra el crimen organizado, para lo cual urgen la renovación judicial y el fin del reinado de la corrupción impune.
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