Funcionarios de la Represa Hidroeléctrica Acaray, aglutinados en el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se están movilizando desde hace dos semanas en reclamo de servicio médico para contratados. Realizan paro de actividades durante dos horas, los días lunes, miércoles y viernes.
La concentración se realiza regularmente en el acceso a la represa hidroeléctrica Acaray, ubicado sobre la supercarretera Itaipú, distrito de Hernandarias. La semana pasada presentaron una nota, en la que solicitan una audiencia con el presidente de la ANDE, Víctor Romero.
El técnico electromecánico Luis Fernández, delegado sindical explicó que realizan el paro por segunda semana a la espera de una respuesta a sus reclamos. Dijo que hasta el momento la Ande no nos hace caso, solicitamos la modificación de una IP (reglamento) 59.
“Este IP guarda relación con la atención médica de los funcionarios que están afectados por aquella explosión del año 2004, cuando hubo un derramamiento de policlorobifenilos (PCB), conocido como askarel. Hay compañeros contaminados y este IP59 es un reglamento interno de la ANDE reglamenta quienes pueden ser atendidos por el médico que la ANDE contrató para la atención de los compañeros afectados y a todos los funcionarios del Acaray”, explicó.
Comentó que se estableció un presupuesto para realizar la atención, compra de medicamentos y el pago de un profesional médico en la zona. “Pasa que en este IP no está incluido los compañeros que son contratados y que también trabajan acá, como si ellos fuesen inmunes a cualquier tipo de dolencia, siendo que también están expuestos”, aseguró Fernández.
Refirió que si bien la Secretaria Nacional del Medio Ambiente (SEAM) había dictaminado que el local del accidente estaba totalmente descontaminado, dijo que las últimas mediciones de monitoreo arrojaron resultados que dicen lo contrario. “Probablemente la SEAM sacó muestras del ambiente, y el monitoreo se hizo en el subsuelo y en las paredes de concreto, donde todavía hay vestigios de PCB”.
El delegado sindical señaló que son 6 los técnicos contratados que no gozan del beneficio médico y que tienen más de 3 años de antigüedad. “No pueden acceder al servicio médico, pago de exámenes y acceso a medicamentos. Ellos están excluidos curiosamente, esa es nuestra lucha. Queremos igualdad en el trato”.
El otro reclamo planteado es el examen regular. Fernández dijo que en noviembre del 2014 se realizó el último examen de PCB en sangre a todos los funcionarios y la recomendación toxicológica que esta prueba se realice cada un año.
“Ahora estamos a un año y 10 meses del último examen. Hablamos con la gente responsable de esto en la ANDE y dicen ahora quieren incluir a no funcionarios, a partir de aquel accidente ocurrido en San Lorenzo. Esa vez la población civil también se vio afectada por el incendio. Son unas 100 a 150 personas y quieren que ellos también sean incluidos en los exámenes y está esperando que eso se resuelva, mientras pasa el tiempo”.
Dijo que con esta posición la ANDE innecesariamente complicando este tema. “Nosotros lamentamos que la ANDE tenga ese pensamiento, pues la acción aplicada va en contra de lo que recomiendan los toxicólogos, o sea ellos saben más que los especialistas. Ese es el otro motivo de nuestra lucha. Solicitamos una entrevista con el presidente de la ANDE, por las vías correspondientes la semana pasada y estamos esperando una respuesta”.
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