Escribe : Luis Alen.
Con la condena de varios años de cárcel que la Justicia aplicó a Óscar González Daher e hijo la semana pasada, quedó en obscena evidencia el grosero manual de impunidad ejecutado para favorecer siempre a Javier Zacarías Irún y su clan, con el fin de eludir la cárcel pese a las graves denuncias por enriquecimiento ilícito, asociación criminal, tráfico de influencias, lesión de confianza, declaración falsa y hasta lavado de dinero, que prácticamente fueron los mismos delitos por los que fue acusado formalmente OGD.
Mientras el clan de González Daher ya pasó por dos juicios orales, el de ZI no ha ido nunca a rendir cuentas ante un tribunal de sentencia por haber sido agraciado con aberrantes sobreseimientos en sus causas, lo que lleva a especular que el otrora poderoso mandamás de Ciudad del Este maneja “mejor” los hilos de la injerencia política en los estrados judiciales, que posiblemente el hombre fuerte de Luque.
Pero tan aberrante manoseo de nada menos que al Poder Judicial del Estado paraguayo, notoriamente no está sólo al servicio de los Zacarías, sino es el resultado de un perverso mecanismo de protección, blindaje y blanqueo de la clase política, llevada a su “perfección” en el caso de ZI y su “troupe” familiar.
No hay que olvidar que, como ya se dijo en esta misma columna varias veces, el principal beneficiado con la Operación Cicatriz de impunidad en la ANR, ha llegado a ser ZI, hasta el punto que incluso su sinuoso trajinar por las carpas de los movimientos internos le ha resultado tremendamente útil, como se demostró con su último audaz salvataje en el Senado, donde se aprovechó nuevamente del manto protector de la mafia política para evitar la expulsión, refugiándose en el pacto entre Marito Abdo y Fernando Lugo, urdido esta vez con el fin de no permitir que Horacio Cartes conquistara el último bastión de poder que le falta como es la Cámara Alta.
A pesar del clamor popular contra la debilidad del sistema judicial ante los popes de la corrupción política y económica, no resulta de menor relevancia el hecho que Javier y su clan lograron zafar de las sanciones de las leyes penales llevando a su máxima expresión un esquema de impunidad que sigue muy campante y que podría continuar beneficiando a otros políticos también acusados de malversación de fondos públicos, a pesar de la indignación ciudadana y a la intervención más que velada de la embajada de los Estados Unidos.
Esto es así porque se llegó al extremo cinismo en el accionar político al “desechar” a algunos escombros para “seleccionar” a otros, con el objetivo bien calculado de la supervivencia del propio sistema. Y es lo que se saca como conclusión de lo acontecido con ZI, cuyo blanqueo judicial casualmente se consumó en los tiempos del acuerdo Abdo-Cartes de impunidad, mientras que su atornillamiento al asiento como legislador se consiguió con el nuevo pacto de la mayoría anticartista en el Senado.
Lo cierto es que mientras no sea tumbado por el pueblo el sistema político de corrupción en el que sigue protegido ZI y su pandilla familiar, vanos serán los lamentos por la impunidad de ellos y de los demás políticos acusados de varios delitos, todos ellos relacionados con el manejo torcido e impune de las arcas estatales en provecho propio, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal.
La Justicia debe ser independiente
Una Justicia dependiente del sector político, o, peor aún, del poder fáctico del cual depende lastimosamente el sistema estatal paraguayo, puede llevar al país a días aciagos en el futuro próximo, a la vista de los grandes problemas sin solución que comprometen el futuro de las nuevas generaciones, y que necesariamente deberán pasar por los tribunales en la medida en que se plantean conflictos que sólo podrán dirimir en forma civilizada los tribunales encargados de hacer cumplir las leyes de la República.
Aunque se tenga el mejor cuerpo de leyes antilavado de dinero, contra la corrupción y destinado a combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, si no se garantiza la plena independencia de los jueces con respecto al poder de turno, poco es lo que se logrará en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Por ello es importante que la ciudadanía tenga los elementos para el seguimiento y control de los casos judiciales, así como una especie de fiscalización en línea de las actividades del Ministerio Público, cuya actuación en los casos de corrupción deja mucho que desear como quedó demostrado no sólo en los juicios recientes contra políticos, sino también directamente en la falta de investigación por graves denuncias de desvíos de fondos y aprovechamiento del cargo de funcionario público, con enriquecimiento ilícito y lavado de dinero incluidos, que siempre van juntos.
No sorprende así, por eso mismo, que el sistema judicial sea tan reacio a aplicar la sanción por lavado de dinero, a pesar de lo exigido por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), en el caso de los funcionarios públicos pillados en el enriquecimiento ilícito. Pareciera como que no se quisiera matar la gallina de los huevos de oro de la corrupción, consistente en la evasión de fortunas al exterior, para ser guardada la plata en paraísos fiscales, o de la inserción del dinero mal habido en el canal económico legal mediante el régimen de la “Lavandería made in Paraguay”.
Transparentar el proceso tributario y de la gestión financiera pública como privada, es un camino necesario para reducir el “lavado” proveniente de las actividades ilegales, del crimen organizado y del enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Pero así como se habla de “prevaricato” cuando un juez emite una resolución torcida sabiendo que va contra la ley, en el caso del funcionario público debería existir una legislación que sancione el “abuso de poder”, que implica aprovecharse del cargo o de su influencia para delinquir en forma flagrante, principalmente con el fin de sacar una ventaja económica con su accionar ilegal.
Esta nueva figura, la del abuso de poder, debería ser incluida en el Código Penal para castigar a los funcionarios con penas severas, a la vista de la indolencia de los magistrados cuando se trata de analizar y penar el lavado de dinero que se realiza casi siempre con el enriquecimiento ilícito de políticos y de funcionarios obsecuentes al poderoso de turno, tanto nominal como real.
La economía pendiente
Una rápida recuperación económica de la pandemia dependerá de las inversiones que se realicen en los canales legales de dinero procedente de las actividades lícitas. De allí la importancia de contar con un Poder Judicial que funcione para garantizar la legalidad y transparencia de las transacciones en un mercado regido por la competencia y la libertad de los concurrentes.
Lamentablemente, la operación “blanqueo” de ZI y su clan, más la inexistencia de sanciones por lavado de dinero, hacen presumir que falta mucho por recorrer en el país para la plena vigencia de la independencia judicial, más aún cuando un organismo clave como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sigue controlado por la corporación política proclive a la impunidad.
Como indicación de que la plena sanción a OGD aún debe esperar un buen tiempo para que quede firme y ejecutoriada, el JEM acaba de rechazar el procesamiento de la jueza Cynthia Garcete, de Ciudad del Este, quien fue precisamente la que le otorgó un inaudito sobreseimiento “exprés” a los Zacarías, que ya se tiene como un precedente nefasto en la judicatura.
El proceso de investigación contra Garcete había sido iniciado ya el año pasado por el entonces titular del JEM, el senador Enrique Bacchetta. A pesar de la recomendación de la propia asesoría jurídica, los miembros votaron en mayoría para salvar a la jueza. También fue archivado el caso de otro escandaloso caso que involucra a la citada magistrada, de liberación de policías reconocidos como supuestos autores de un robo de US$ 100.000.
Bacchetta ahora votó en solitario a favor del inicio del juicio a Garcete, pero con la oposición de los demás integrantes, entre los que se hallaba la ahora fallecida ministra de la Corte Gladys Bareiro, con el acompañamiento de los miembros afines al cartismo, colorados y liberales, quienes por lo visto continúan firmes en sostener los aberrantes blanqueos “a la carta” que realizan los magistrados a los políticos, que así les devuelven en el Jurado los favores recibidos.
Se debe recordar que Cynthia Garcete, jueza penal de garantías, había sobreseído al senador Zacarías Irún en el caso de desvío de fondos por G. 1.200 millones. Precisamente la abogada María Esther Roa, que soporta un juicio oral por realizar escraches en la pandemia, había expresado que durante una audiencia preliminar no se pueden resolver cuestiones de fondo, como la que dispuso la jueza en el caso de ZI, en un privilegio que “miles de procesados paraguayos no tienen”.
La profesional que fue líder de las protestas anticorrupción en la pandemia, fue categórica respecto a que Garcete no podía otorgarle el sobreseimiento a ZI durante una audiencia preliminar, abriendo un precedente peligroso en los hechos punibles de corrupción pública. Aludió a un “mecanismo de defensa” de la corporación política mafiosa, en el caso de lo actuado por la magistrada de CDE ahora salvada por el JEM.
Como estaba ya previsto con antelación, ZI siempre marcó la ruta a seguir a los políticos, cuando se trata de defenderse ante las acusaciones, mediante un completo manual conducente al blindaje judicial. Según vaticinó Esther Roa ya el año pasado, y la última votación en el JEM le dio la razón, muchos otros cuestionados por corrupción buscarán la misma estrategia de Javier para no pasar por un juicio oral y público.
Sólo que para ello deberán tener también la bendición del Patrón del Quincho de la calle España, que en su momento fue el padrino de ZI, pero que ahora sería como una especie de protector en retirada, a la vista que Javier ya habría abjurado de su fe cartista.
A despecho de la mafia política, la vacancia en la Corte Suprema puede ser aprovechada por la sociedad civil para iniciar un movimiento necesario de renovación, con la designación de un ministro o ministra que se comprometa a desterrar la corrupción y la impunidad, por medio de sentencias que ya no sirvan para proteger el sistema de corruptelas que amenaza con vaciar de contenido a las instituciones democráticas de nuestro país.
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