Escribe: Luis Alen.
Las evaluaciones sobre la gestión del Ejecutivo en 2015 no soslayan los reveses políticos de Horacio Cartes como su derrota en las elecciones municipales tras haber sido el virtual jefe de campaña de Arnaldo Samaniego y de otros candidatos a intendentes, o los no menos repetidos papelones en sus discursos, pasando por la flaca performance económica y los déficits sociales.
Sin embargo, lo que no se menciona casi en ningún balance de los analistas es que el Gobierno de HC está mostrando su verdadero “tumbo”, al volcarse decididamente por una estrategia en la que se configura una colusión (o confusión) entre los negocios particulares del primer mandatario y los del Estado.
Esta situación representa un verdadero peligro para el país, ya que se subordinan los intereses nacionales a las prioridades del grupo empresarial del presidente, como está ocurriendo en varios casos.
Por citar sólo algunos, existe la sospecha de que la ley de topes de tasas de interés sobre las tarjetas de crédito se puso en práctica para reducir la influencia de la banca extranjera en el mercado de crédito (ejemplo Itaú, de Brasil) a favor de la banca nacional, entre las cuales se halla el Banco Amambay, propiedad del titular del Ejecutivo.
El resultado de la inconsulta legislación, que pasó incluso por encima de las atribuciones del Banco Central, está a la vista: una reducción de casi la mitad del consumo en el último trimestre del año, llevando a un descenso del aumento previsto en el Producto Interno Bruto y a una reducción notable de las recaudaciones tributarias, con el consiguiente incremento del déficit fiscal poniendo en jaque el tope de 1,5 por ciento del PIB, establecido por la Ley de Responsabilidad fiscal.
Asimismo, la constitución del monopolio de Petropar en la venta de combustibles, en desmedro de las distribuidoras privadas, se hizo no precisamente para “capitalizar” a la quebrada empresa estatal o para “favorecer al consumidor” con menores precios, sino para promocionar la adquisición de derivados del petróleo de la multinacional Trafigura, hoy por hoy la principal proveedora de la petrolera nacional, que a su vez es la matriz de una de las más pujantes distribuidoras privadas, Puma Energy, que casualmente está siendo vinculada hasta al negocio del flete fluvial del transporte de barcazas petroleras, y, por lo tanto, al centro del poder político donde se cocinan los grandes negocios petroleros en el país.
El monopolio de Petropar no ha traído ninguna rebaja en los precios de los combustibles al consumidor, al mismo tiempo que se ha dañado la imagen del país para la atracción de las inversiones, al ser cambiadas las reglas de juego en un sector muy sensible para el sector privado, como el petrolero.
El conocido negocio de HC del tráfico de cigarrillos hacia los países vecinos, que hoy en día es la principal fuente de divisas para el país después de la soja y de la reexportación de productos chinos hacia Brasil por encima de las hidroeléctricas y de la carne vacuna, representa también un motivo de preocupación, ya que con tal de evitar los controles sobre el contrabando allende nuestras fronteras, resulta notoria la condescendencia de Cartes hacia las posiciones de los socios en las binacionales Itaipú y Yacyretá.
Cuando podía haberse aprovechado el cambio de gobierno en la Argentina para presionar a Mauricio Macri por una solución definitiva en el caso de la deuda y la tarifa de la EBY, el cartismo vuelve a insistir con el mismo libreto de siempre de contratar como simples planilleros a muchos operadores políticos ligados al cartismo, en lugar de poner al frente de Yacyretá a los técnicos entendidos en el manejo de la hidroeléctrica.
De una vez por todas, las binacionales deben ser verdaderas promotoras del desarrollo nacional, y no simples proveedoras de fondos para la consolidación del poder de turno.
La esencia del “nuevo rumbo”
A pesar de que el Gobierno cartista ha desechado ya como lema de su gestión la frase “nuevo rumbo”, es un hecho que se está en presencia de una definida orientación que es la esencia de la estrategia de HC, al privilegiar la actual administración del país antes que nada los intereses del grupo empresarial Cartes.
En esta misma columna se ha citado el caso de la presencia incólume de los gerentes del grupo empresarial en varias entidades claves del Estado, desde Itaipu hasta Hacienda, pasando por Petropar, por citar sólo algunos ejemplos notorios. La disidencia colorada puso el acento en la campaña electoral en la actuación de los gerentes sin ninguna cobertura legal, entre bambalinas, dejando a los directivos de los entes como simples amanuenses o pasapapeles de los verdaderos mandamases vinculados a la rosca del poder.
Llama la atención que este asunto clave, que surgió con toda virulencia en la campaña electoral, prácticamente fue olvidado nuevamente en los últimos meses por los disidentes de la ANR y de la oposición en su conjunto, y ni qué hablar de la débil posición al respecto de la prensa empresarial privada.
Se agrega a todo esto la compra de medios de comunicación por parte del Grupo Cartes, lo que ha supuesto una progresiva defensa de los intereses políticos y empresariales utilizando una prensa propia, y especialmente aquella de profusa difusión, como los diarios “amarillos”.
Las poses presidenciales apoyando la transparencia y el acceso a la información pública, así como las investigaciones sobre corruptelas en la Contraloría, la Universidad Nacional, el Tribunal Electoral o el control sobre los administradores aduaneros, forman parte de la misma estrategia de copamiento del grupo presidencial, en un avance sobre las instituciones claves en donde se manejan jugosas prebendas o en las que se recaudan ingentes fondos, como en el caso de las Aduanas.
La intención prioritaria de los estrategas de HC es controlar estas instituciones claves cuyos recursos potencialmente estarían dirigidos hacia otros liderazgos políticos emergentes que podrían hacerle sombra al cartismo en una eventual pulseada en 2018.
La Contraloría era manejada, a propósito, por los restos del oviedismo, en tanto que la Justicia Electoral por otros liderazgos de los partidos tradicionales, en tanto que la UNA era controlada por elementos del senador Juan Carlos “Kalé” Galaverna, mientras que el “maletín de la corona” de la Aduana tendría hasta ahora como beneficiarios a algunos de los padrinos políticos o protectores de los administradores aduaneros.
Así, se puede concluir que la confusión, o colisión, entre los negocios de HC y los asuntos del Estado, forman parte de una estrategia dirigida a consolidar el poder cartista en detrimento de potenciales rivales en 2018.
Habrá que ver si la crisis económica y social, o el paso del “UNA no te calles” a un “Paraguay no te calles”, en 2016, no termina definitivamente con los sueños de la reelección de Cartes.
O peor aún, si los coletazos del “FIFA-Gate”, que ya llevaron entre rejas de la Justicia norteamericana a dos amigos de HC, Nicolás Leoz y Juan Angel Napout, no terminan también por afectar las aspiraciones de permanencia en el poder “per secula seculorum” del actual dueño del Sillón de López.
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