Escribe: Luis Alen.
Volvió con todo la lucha por el poder entre Marito Abdo y Horacio Cartes, después de la “pausa” por la crisis del acta de Itaipú. El escenario de la pugna se da en el ámbito de la seguridad, donde se juega no sólo la estabilidad social, sino también el futuro mismo de las instituciones políticas y la recuperación económica.
El cartismo y la oposición se habían opuesto a la intención del presidente de permitir la incursión de las Fuerzas Armadas en las operaciones de orden público, de tal forma que la Policía quede como un mero apéndice de ellas, previa reforma constitucional. Era el plan abdista de creación del ansiado mando único para la lucha contra el crimen organizado, utilizando de paso la “ociosa” estructura militar, pero con el propósito soterrado de acentuar el poder presidencial en detrimento de cualquier nueva arremetida de la anterior influencia cartista en los cuadros militares y policiales.
Pero con el arribo de Euclides Acevedo al ministerio del Interior cambió aparentemente la estrategia presidencial, pues la voz de orden ahora es una especie de estado mayor de la seguridad, conformado por las fuerzas policiales y con la estrecha colaboración de las FF.AA. como una suerte de apoyo táctico necesario en caso de desbordes en las calles, pero con el aviso de una mayor severidad de los elementos de la Policía que no se tenía antes con los protocolos excesivamente condescendientes ante los cierres de rutas, ocupaciones de tierras y el auge de la delincuencia común.
Inteligencia y corrupción
El tema más acuciante, sin embargo, radica en las labores de inteligencia y control sobre las bandas que responden a las estructuras criminales, bien enraizadas en el país y con el patrocinio de los narcos y traficantes brasileños. Aquí entra a tallar un factor determinante como es la capacidad de mando y contralor sobre las fuerzas policiales, con el fin de poner coto a la endémica corrupción en sus filas, como ha quedado demostrado incontables veces en los últimos tiempos a través de los repetidos casos descubiertos por la Fiscalía, con verdaderas zonas liberadas para los traficantes de toda clase previo pago de sumas multimillonarias.
El nombramiento de un opositor en el ministerio político del gabinete de Abdo Benítez, fue una jugada de ajedrez que desorientó al cartismo, hasta el punto que “el patrón del quincho”, HC, ve sólo el camino de promover eventualmente la desestabilización del Gobierno, con la renovada amenaza del juicio político, como un reaseguro ante la insistencia del nuevo ministro de volver a reimpulsar el proyecto de ley de reorganización policial, que visiblemente tiene el objetivo de “molestar” el poderío de Horacio.
A Cartes no le queda otra opción que patear el tablero, si es que el abdismo se propone finalmente cruzar el Rubicón, planteando la batalla decisiva con el cartismo a través de la completa sumisión policial a las órdenes del mando civil. Se debe recordar, a propósito, lo que señalaba Juan Ernesto Villamayor cuando era aún ministro del Interior, que muchos oficiales de la Policía aún estarían nostálgicos de la época en que el virtual comandante de la Policía era José Ortiz, el gerente de Tabacalera del Este S.A.
El plan de HC de la “autonomía policial” fue lanzado al éter por el senador cartista Sergio Godoy, que es un abogado con buen formación jurídica que sabe muy bien que su propuesta riñe con la misma Constitución, ya que la Policía no puede tomar decisiones por su cuenta sin estar supeditada a la dirección política, y en este caso de un ministerio como el de Interior, que generalmente es regido por un civil, tal como ya ocurriera en la época de Cartes, cuando el ministro era incluso un referente de la oposición liberal, el exfiscal antidrogas Francisco de Vargas, quien formó parte del gobierno cartista durante la mayor parte del período presidencial de Horacio, hasta que renunció en octubre de 2016 al “exigir” los convencionales de la ANR que sean colorados los miembros del gabinete, lo que obligó también a Santiago Peña, ministro de Hacienda de entonces, afiliarse al partido Colorado y llegar a ser después el candidato del cartismo a la presidencia de la República y enfrentar en la interna un año después a Marito.
A sabiendas del rechazo que provocaría el proyecto en el gobierno y particularmente en Acevedo, lo que aparece al mismo tiempo es el plan de poner sobre ascuas la misma gestión de reordenamiento policial y de la estrategia de seguridad del nuevo ministro.
Lo que expresó al respecto el exministro del Interior Rafael Filizzola, líder del PDP (Partido Democrático Progresista) es revelador de lo que está proponiendo HC: la intención subyacente del expresidente es que la Policía Nacional esté a su servicio, como en la época del gobierno anterior, con un ministro del Interior haciendo de mera figura decorativa y de pasapapeles, porque el poder real estaba en quienes dominaban las rutas del contrabando de tabaco y, por lo tanto, de las vías que hacen de soporte al narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Más claro, agua.
La propuesta de Godoy sobreviene después que el cartismo ya mostrara las uñas no aportando los votos para los cambios en la ley orgánica policial, tendientes a profundizar el proceso de control civil sobre el estamento policial, como el caso de los ascensos, que se iban a cambiar en su modus operandi, pasando a ser los méritos más que la antigüedad, el cedazo por el cual debía pasar un oficial para ser promovido a un escalafón superior en el cuerpo. La reacción cartista contra Acevedo ocurrió igualmente porque el nuevo ministro insiste en volver a presentar el proyecto de modificación en la ley policial, lo que es esencial a los fines de un mayor control sobre la operatividad y la sujeción de los uniformados a las directivas civiles y políticas.
Eliminar la obediencia de la Policía a las órdenes políticas, con una supuesta “autonomía” frente al Ejecutivo, sería prácticamente dejar a los cuadros policiales en poder de los narcos y del crimen organizado. La idea de HC, en el fondo, es evitar que el poder de Marito, a través de Acevedo, se entrometa con las “directivas” cartistas en el submundo del manejo de los “negocios” no tan santos de frontera y de las rutas dominadas por el narcotráfico, el contrabando de tabaco y los distintos mecanismos de control sobre el dinero negro que después se lava en los procesos de “blanqueo” de activos del sistema financiero legal, casi siempre con la mirada complaciente de la Fiscalía y de la Seprelad (Secretaría Antilavado)
Los cambios en la ley orgánica policial respondían precisamente a esta finalidad, pero más aún apuntaban a evitar que los ascensos sean meramente automáticos y no por “meritocracia”. El veto cartista se concretó, en unión a algunos diputados liberales y el aporte de Ulises Quintana, un abdista que ahora habría migrado al cartismo, y que aparentemente buscó refugio en el “quincho” a cambio de evitar su inevitable nueva incursión por la cárcel, provocando un escándalo de proporciones y el mote de “Cámara de la Vergüenza” para el colegiado, que también salvó de la pérdida de investidura a otros dos diputados, el cartista Tomás Rivas y el liberal efrainista Carlos Portillo.
La actitud de Quintana resulta inentendible, pues decidió por lo visto mirar a otro lado en las reuniones donde también estén Javier y Justo Zacarías Irún, sus antiguos adversarios en la campaña proselitista en Ciudad del Este. Está por verse qué actitud tomarán estos últimos cuando, por ejemplo, Ulises se lance, como es su intención, como precandidato a la intendencia de CDE.
El peor escenario
El incremento notable de la delincuencia común en las últimas semanas, en coincidencia con la toma de posesión del nuevo ministro Acevedo, obedecería a la intención del mismo crimen organizado y de su protección política, de crear un clima adverso de inseguridad en la población para poner en entredicho la habilidad del aparato de seguridad del gobierno para enfrentar a las mafias.
En una llamativa simultaneidad, el equivalente a una maniobra de conspiración de alto voltaje estaría en ciernes en el cartismo, con el fin de acelerar la caída del abdismo asediado por la inseguridad rampante y el impase del acta de Itaipú. El protagonismo de Euclides para el fortalecimiento del poder de Marito Abdo, ha sido el factor determinante de la inminente ruptura dentro de la ANR, entre sus principales dos corrientes, Añetete y Honor Colorado.
Posiblemente sea lo más conveniente para la estabilidad política y la recuperación económica, evitar el choque entre Marito y HC, dado que un elemento clave en el escenario nacional es el afianzamiento institucional para atraer inversiones que creen fuentes de trabajo y utilicen la energía de las grandes hidroeléctricas.
Los últimos sucesos con el acta de Itaipú dieron la pauta del peligro de la inestabilidad, por lo que la retoma eventual de un proceso de juicio político al presidente Mario Abdo o su vicepresidente, sólo traerá consecuencias negativas para la economía y la sociedad.
Pero, por otro lado, el Gobierno no puede dejar de persistir en su propuesta de fortalecimiento de la institución policial y de la Justicia, que resulta esencial para traer prosperidad a la población paraguaya, porque sin seguridad física y jurídica, difícilmente se pueda llegar a tener un crecimiento aceptable para salir de la pobreza.
Los últimos sucesos de “estallido social” o de crisis económica en países vecinos de Sudamérica (Ecuador, Chile, Argentina) han sido consecuencia en gran parte de la falta de atención a los reclamos de mayores prestaciones a importantes sectores de menor capacidad económica para afrontar una creciente inflación y el ajuste por enormes deudas contratadas ante la necesidad de financiar el desarrollo de la infraestructura.
Sin dejar de proponerse los cambios en la seguridad y la Justicia, el gobierno de Marito debería igualmente perseguir una mayor paz social con medidas a favor de la gente más pobre, “bajando línea” de paso a sus parlamentarios para que dejen de considerarse gente “especial”, por encima de los “comunes”.
A propósito, se vio en los citados países vecinos, que el “común” o pueblo, si se ve frustrado en sus expectativas es capaz de barrer con una clase política incapaz de escuchar los reclamos populares.
El hecho de que las naciones citadas los gobiernos han retrocedido y se han puesto a tomar medidas en favor de la gente, habla claramente de su temor a los efectos tremendos de un “estallido”.
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