Corte dispone que siga juicio a los ZI por declaración falsa

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada por el cuestionado senador Javier Zacarías Irún y su esposa, Sandra McLeod de Zacarías.

La tercera fue la vencida para Ernesto Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod de Zacarías, que se habían salvado anteriormente en dos ocasiones en el mismo máximo tribunal por casos de corrupción con sentencias “a pedir de boca”. Pero por acordada fechada el 27 de julio la sala constitucional le salió ahora en contra a la pareja en su pretensión de volver a evitar por tercera vez el banquillo de los acusados.

La pareja que manejó a su antojo por 18 años la municipalidad de CDE recibió un revés en su intento de zafarse nuevamente de la justicia.

En la resolución fue rechazada la inconstitucionalidad planteada en nombre de los ZI por el abogado Ricardo Preda del Puerto, en contra de la causa penal que se le había iniciado por parte de la fiscalía al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa Sandra McLeod. Como resultado de esta decisión, el matrimonio deberá ir a la audiencia preliminar previa a un juicio oral por declaración falsa de bienes realizada en su momento ante la Contraloría General de la República.

Con los votos de los tres ministros de la sala constitucional César Diesel, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos, por acuerdo y sentencia número 440 se dispuso la continuidad del juicio, por advertir el ministro Diesel que “lo pretendido es más bien utilizar la figura de la excepción de inconstitucionalidad para lograr la nulidad de la acusación formulada en la causa penal”.

El caso de la declaración falsa había quedado “congelado” por años en la sala constitucional, quedando como la última posibilidad de una tercera embestida contra Ernesto Javier Zacarías Irún en la Corte, a la espera de un posible procesamiento del senador y de su esposa, ambos ex-intendentes de Ciudad del Este que fueron ya acusados también por enriquecimiento ilícito el primero y por lesión de confianza los dos, en sendos procesos llevados de propósito en forma displicente por la fiscalía, según los mismos ministros de la Corte.

Pero en ambos casos anteriores, tanto por enriquecimiento ilícito como por lesión de confianza, la misma Corte le había salvado a la pareja Zacarías. 

Posiblemente con los nuevos vientos políticos provenientes del Norte contra los “significativamente corruptos”, por fin se podría llevar a los ZI al banquillo de los acusados.

 

Blanqueos a satisfacción de ZI

Pero hace sólo unos días, con el blanqueo efectuado por la Corte Suprema al matrimonio Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod de Zacarías, en el caso del desvío de G. 3.700 millones de la municipalidad de Ciudad del Este, el sistema judicial paraguayo había demostrado estar al servicio de la corrupción y la impunidad de políticos de la calaña de ZI y su clan.

El Ministerio Público y el Poder Judicial aparecieron de cuerpo entero como lo que son: un instrumento manejado a su antojo por los corruptos y sinvergüenzas de la política criolla. Tanto es así que, por ejemplo, los tres ministros de la máxima instancia judicial de nuestro país que firmaron ahora el lamentable rechazo al procesamiento de Javier Zacarías y Sandra McLeod, fueron los mismos que en octubre de 2020 también enviaron al opa rei el intento de procesar a ZI por enriquecimiento ilícito, según fue acusado tras su criticado accionar de 18 años en la comuna de CDE.

Los ministros Antonio Fretes (actual presidente de la Corte Suprema), César Diesel y César Garay, fueron los “reincidentes” a favor de ZI, en menos de dos años, con lo cual se confirma el contubernio espantoso existente entre la justicia y los políticos acusados de corrupción, que en el Paraguay por lo visto se salvan invariablemente de ser llevados al banquillo de los acusados y evitan así ser condenados por sus deleznables latrocinios en perjuicio directo de los bolsillos de la ciudadanía honesta.

Pero allí no termina la trama armada en beneficio de ZI, porque los mismos ministros delataron a los fiscales actuantes en el caso de la acusación por el presunto desvío de los G. 3.700 millones, al narrar sin ningún disimulo sus aberrantes posiciones a favor de los Zacarías, diciendo: “Es sorprendente y no más asombroso -en lexicología académica- que tres representantes de la sociedad hayan signado la presentación que atendemos, haciéndola al unísono y sin prodigarse, al menos, en sustentar sólida y jurídicamente sus pretensiones”.

Los fiscales de este caso contra ZI fueron Diego Arzamendia, Natalia Fúster y Francisco Cabrera, en la causa 13/2019, caratulada “Sandra María McLeod de Zacarías y otros s/lesión de confianza”, y pretendían la anulación de una resolución del Tribunal de Apelaciones integrado por Miryan Meza, Perfecto Orrego y Juliana Giménez, por la cual se confirmaba una sentencia de la jueza de CDE, Cinthia Garcete Urunaga, quien sobreseyó definitivamente a ZI y a su esposa, la ex-intendente de Ciudad del Este.

Garcete Urunaga le había “salvado” a los ZI de ser procesados por lesión de confianza en el manejo de los fondos de publicidad de la comuna esteña entre 2014 y 2015, pero había dejado en suspenso el caso de las acusaciones por el uso de recursos municipales en las campañas políticas del cartismo en CDE para las elecciones de 2015 y 2017-2018.

La magistrada había aducido que el dictamen favorable del Tribunal de Cuentas ya servía para sobreseer a ZI y Sra. en el caso de los fondos posiblemente desviados de publicidad, pero en el tema de la campaña política de 2018, la jueza había dictado sólo el sobreseimiento provisional, supuestamente porque la Fiscalía no cerró el caso en forma definitiva al faltar algunas “averiguaciones”.

Pero la Corte de Fretes, Diesel y Garay dio por cerrado el caso y por terminadas tantas dilaciones, procediendo al blanqueo de la pareja esteña y de otros procesados con ellos en la misma causa.

 

Fiscalía “a la carta”

Una muestra de la “perfecta” conjunción entre la Fiscalía y la Corte se comprueba no sólo en el caso ya apuntado de lesión de confianza, sino en el proceso que también se le había incoado a Javier Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito, donde también la Corte en octubre de 2020 rechazó “in limine” la acción de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público de Sandra Quiñónez, protegida del Patrón Horacio Cartes.

Ya los ministros “blanqueadores” de ZI habían entrado en acción entonces, al entender que la acción no cumplía con los requisitos formales, por lo que la descartaron sin más trámite, al no reunir los requisitos exigidos para una presentación de inconstitucionalidad.

La investigación por enriquecimiento ilícito es de cuando el legislador colorado se desempeñaba como intendente de Ciudad del Este. 

El manejo fiscal fue de antología, totalmente dirigido a satisfacción del afectado. La misma Fiscalía había pedido desestimar la causa debido a que pese a que la denuncia fue presentada en plazo, pasaron más de 10 años de lo ocurrido sin que la Fiscalía investigue, con lo que el delito prescribió.

Esto fue solicitado al juez Gustavo Amarilla, quien le dio trámite de oposición por lo que la Fiscalía General del Estado se había ratificado en el pedido del fiscal inferior de desestimación. Con ello, el magistrado no tuvo otra opción que desestimar el caso.

Sin embargo, después, cuando hubo la imputación por supuesta declaración falsa contra Javier Zacarías Irún, se pidió también la reapertura de la citada investigación sobre enriquecimiento ilícito. Con ello, el juez Amarilla se declaró incompetente para la causa, ya que había dispuesto, a pedido fiscal, la desestimación y se apartó del caso.

Su entonces colega Miguel Tadeo Fernández impugnó la inhibición y el caso pasó al Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala. Ahí, los camaristas indicaron que la causa debía juzgarse en el Alto Paraná, donde ocurrieron los hechos. Ya en Ciudad del Este, el juez de Garantías Marino Méndez, el 14 de junio de 2019 rechazó la solicitud de los fiscales de reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito contra Zacarías Irún.

Esto fue apelado por los fiscales, y los camaristas Isidro González, Miriam Meza y Stella Marys Zárate, el 28 de agosto de 2019 no dieron lugar a la apelación, por lo que se confirmó el rechazo de la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

 

La Corte “a medida”

Fue justamente contra estas dos resoluciones que los fiscales de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo, Sussy Riquelme, Osmar Legal y Luis Said, plantearon la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

Según el voto del ministro Fretes, “los recurrentes pretenden reanudar el debate en esta instancia extraordinaria, sobre cuestiones que han recibido oportuno tratamiento por los magistrados intervinientes”.

Para Fretes, los camaristas argumentaron correctamente el fallo. “Según las constancias de autos, el planteamiento del accionante ha sido juzgado conforme a derecho, resultando los agravios vertidos, meros desacuerdos con el pronunciamiento que se cuestiona”, alegó.

Por su parte, el ministro César Diésel dijo que compartía el voto de Fretes. Además, apuntó que “los recurrentes no han expuesto el agravio irreparable y concreto que le ocasionan las resoluciones judiciales impugnadas”.

Garay también se adhirió al voto de Diesel. Con ello, los tres ministros rechazaron la acción de la Fiscalía, con lo que quedó firme el rechazo de la reapertura de la investigación fiscal contra ZI por enriquecimiento ilícito.

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