El presidente Marito Abdo y su Equipo Económico hasta el momento no tienen definida la forma de contrarrestar la fuerte subida de la cotización internacional del petróleo, que tuvo su impacto inmediato en los precios de los combustibles, desatando protestas de los emblemas privados al estar fuera del subsidio direccionado sólo a Petropar, mientras las camioneros se oponen a que la ayuda alcance a los empresarios privados, amenazando nuevamente con los cierres de rutas.
Lo primero que aparece como causa de las subas es la situación internacional inestable en los precios de las materias primas, incentivada por la guerra de Rusia en Ucrania, pero más allá de este motivo inmediato se nota también que ahora el Gobierno debe improvisar medidas que no reflejan un consenso ni son las soluciones de largo plazo al problema de las costosas importaciones petroleras.
El conflicto que surge entre las partes involucradas es notorio, especialmente entre los que promovieron el subsidio a Petropar, para bajar el precio del diesel y de la nafta común, provocando el enojo de las distribuidoras privadas de combustibles, que consideran esta salida como discriminatoria. Ahora la Cámara de Diputados debe tratar la eliminación del subsidio sólo a Petropar, para extenderlo a los privados, lo que a su vez genera la contrariedad del gremio de camioneros, que exigen reducciones de precios, pero no acudiendo a endeudar más al país.
Es que el Gobierno quiere contratar un préstamo externo de US$ 100 millones, con el fin de subsidiar tanto a Petropar como a los distribuidores privados, lo que producirá que toda la ciudadanía pague el subsidio para que los empresarios sigan ganando plata a partir de elevadas tasas de rentabilidad.
Siempre será un mero parche, ya que una medida de fondo debe ser utilizar estos recursos externos para financiar una política energética de mayor uso de la electricidad con miras a reducir la gran factura de la importación de combustibles caros derivados del petróleo.
Además, subsidiar sólo a Petropar inmediatamente genera no sólo una competencia desleal para las importadoras y distribuidoras de los emblemas privados, sino también saca a la luz pública los manejos de los políticos con la entidad estatal, al aparecer varios de ellos como propietarios de estaciones de servicio con el emblema oficial, algunos con millonarias cuentas pendientes de pago con la entidad estatal.
Y tampoco se puede descartar los arreglos entre los legisladores de diferentes partidos y bancadas para llegar a acuerdos que nada tienen que ver con las soluciones de fondo que son necesarias para reorientar la política energética y dar los primeros pasos para la plena utilización de la energía de las hidroeléctricas como forma de depender cada vez menos de las caras importaciones petroleras.
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