La crisis política que se desató en el gobierno de Abdo Benítez con la firma del acta bilateral no debe ser motivo para olvidar a los ladrones y facinerosos, actualmente, investigados por la cuestionada justicia de nuestro país.
La ciudadanía paraguaya aguarda que los organismos responsables apliquen la ley y la Constitución a todas aquellas personas que cometen y cometieron cualquier tipo de hechos punibles, y en especial, contra el Estado. Esta nación guaraní está estigmatizada por la corrupción, y las autoridades de los tres poderes del Estado están obligadas a demostrar una firme voluntad política para cambiar la república.
El gobierno nacional tiene la responsabilidad de transparentar la gestión pública en todos los niveles de poder. Y aquellas autoridades que no se quieran adaptar a la política de la legalidad, queriendo seguir la vieja práctica del pokaré, necesariamente deberá dar un paso al costado, porque si se desea edificar una nación progresista, donde haya oportunidad para todos, el país deberá ser saneado de la osamenta que la tiene a mal traer.
La corrupción desde hace décadas viene corroyendo el tejido social del Paraguay, y hasta ahora no ha surgido alguna panacea para que se pueda buscar combatir el mal, que en los últimos años, prácticamente, se ha institucionalizado en el país, por la falta de una decidida voluntad política de nuestras autoridades. Este país sudamericano, a raíz de los graves problemas que enfrenta, a nivel socioeconómico y político, impide que grandes empresas transnacionales quieran invertir en el territorio nacional.
Se debe poner fin a la impunidad, principal causante de la galopante corrupción que invade a esta república. Bajo ningún sentido se puede seguir protegiendo a facinerosos personajes que han desvalijados los recursos públicos y hoy disfrutan de esa fresca viruta, que al final es del pueblo. Hay que aplicar mano dura contra los ladrones y terminar con la protección, que durante algunos gobiernos recientes se han dado, y que resulta lamentable acciones de esa naturaleza.
El presidente Mario Abdo Benítez, a pesar del sensible momento que experimenta su gobierno, deberá retomar urgentemente el combate a la corrupción y al crimen organizado. Se debe trabajar para pulverizar el Paraguay de delincuentes y facinerosos. De lo contrario, esta nación guaraní seguirá siendo cueva de ladrones.
El mandatario, por un lado, tiene la responsabilidad de aclarar que pasó con el polémico acta bilateral; y por otro lado, tendrá que observar con lupa el papel que viene cumpliendo la justicia, si demuestra un interés real de enviar a la cárcel a “amigotes” de algunos popes de la política paraguaya.
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