Los diputados por el Alto Paraná, Ramón Romero Roa, Carlos Portillo, Gustavo Cardozo y Oscar González Drákeford, con sus votos a favor de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, en algo reivindicaron la poca reserva moral y la credibilidad con que cuentan los legisladores de esta región del país.
El resto de los 4 congresistas, que representan al décimo departamento, los republicanos Andrés Retamozo Ortíz, Elio Cabral, Blanca Vargas de Caballero y Concepción Quintana, apañaron la imperante corrupción que se viene denunciando, desde años atrás, en la citada comuna fronteriza.
A pesar de que los votos de los mismos no sirvieron para lograr la intervención de la cuestionada gestión del clan Zacarías, porque los diputados colorados actuaron en bloque, para de esa manera blindar la galopante corrupción existente en la municipalidad de la capital del Alto Paraná, donde a gritos una mayoritaria de ciudadanos clama por una intervención en la citada institución pública.
No obstante, a pesar de los reiterados cuestionamientos al accionar de los legisladores en estos casi 3 años de gobierno, los cuatro diputados altoparanaenses (un colorado y tres liberales) respondieron al clamor popular y acompañaron la lucha por la transparencia de la ciudadanía, que viene exigiendo que se audite o se intervenga la gestión del clan Zacarías, que desde el 2001 está en el poder, y no se conoce en la institución de la presencia de la Contraloría General de la República (CGR).
¿Protección de Cartes?
No deja de llamar la atención el doble discurso del presidente Horacio Cartes, sobre la transparencia de gestión pública. Es sabido que el mandatario enfatiza el combate a la corrupción, pero a la hora en demostrar en la práctica, otorga blindaje a algunos políticos y autoridades, sospechados en graves irregularidades en el ejercicio de la función pública, como lo registrado, días atrás, en la municipalidad de Ciudad del Este.
El jefe de Estado suele instar “transparencia en la gestión pública”, pero del discurso a la acción dista mucha distancia, cuando se presencio el pasado miércoles 27 de julio un triste espectáculo, cuando 42 diputados colorados votaron para que no se intervenga la cuestionada y criticada administración del clan Zacarías, que desde hace 15 años esta al frente del municipio, sin que ningún organismo de control haya realizado una exhaustiva revisión de su gestión, excepto el “blanqueo” con los papeles a través del Tribunal de Cuentas. Pero una vez cotejado los documentos con lo plantado en terreno, es casi imposible que coincida. Varias obras que figuran en el presupuesto no fueron ejecutadas.
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