Deuda ilegal de binacionales marca hoja de ruta para 2023

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Hugo Velázquez cree que posiblemente ya prescribieron delitos por la deuda espuria en Itaipú, mientras Efraín Alegre pide cárcel para HC por lo acordado con Mauricio Macri en Yacyretá.

Escribe: Luis Alen.

 

El candidato que asuma más posturas firmes en la defensa de la soberanía energética paraguaya en Itaipú y en Yacyretá, posiblemente sea el que gane la presidencia de la República en las elecciones de 2023. Es también el año en que se debe revisar el Anexo C del Tratado con Brasil, por lo que se puede decir que la campaña electoral ya está en posición de largada con los primeros planteos conocidos ahora de los potenciales candidatos.

 

El vicepresidente Hugo Velázquez y el titular del PLRA, Efraín Alegre, quienes se encuentran en una indisimulada carrera electoralista, han sentado su posición ante la contundente postura de la Contraloría General de confirmar como “espuria” la deuda de Itaipú de US$ 4.193 millones, que ya hace varios años era calificada como tal por los especialistas en materia energética de nuestro país.

Las cuentas ocultas de Itaipú y Yacyretá han sido guardadas siempre bajo siete llaves por los administradores de turno, en complicidad con la clase política de los tres países, pero ahora surge la necesidad de empezar a destapar la olla en la represas del Paraná, a pesar del remanido argumento de la “binacionalidad”, es decir un Estado dentro del Estado, que aún sigue defendiendo la justicia paraguaya, a despecho de la importancia de la transparencia con el ánimo de sacar mayores beneficios económicos y sociales para el Paraguay en las próximas negociaciones.

El contralor Camilo Benítez puso las cosas en su lugar con un dictamen que traerá consecuencias en las negociaciones con los brasileños, así como también se deberá realizar con la deuda no auditada de Yacyretá asumida por Horacio Cartes en el acuerdo de 2017 con Mauricio Macri, que igualmente debe ser considerada espuria por el gobierno nacional que surja de las próximas elecciones generales.

Velázquez ya adelantó lo difícil que será procesar por “traición” a los funcionarios paraguayos que convalidaron en Itaipú la deuda ilegal, al haber prescrito jurídicamente su responsabilidad, en el caso de los que vivan aún. Pero dio a entender que sería tema de la negociación con Brasil un pedido de resarcimiento ante los perjuicios financieros ocasionados a la Ande y al país por más de mil millones de dólares en  el período en que se fijó una tarifa por debajo de lo establecido en el mismo tratado, para beneficio exclusivo de los brasileños.

A su vez Alegre, al tiempo de solicitar sanción penal a los responsables de la deuda ilegal de Itaipú, directamente aludió al nefasto precedente del acuerdo Cartes-Macri en Yacyretá, que incluso podría dificultar el logro de un entendimiento con Brasil en la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, por causa de las excesivas concesiones hechas a la Argentina en el reconocimiento paraguayo de la deuda y en la fijación de una tarifa baja para un pago a 30 años de una obligación trucha causada por la negligencia de los socios condóminos.

 

La posición paraguaya

El presidente Marito Abdo respira aliviado: no tendrá la responsabilidad histórica de sentarse a negociar con Jair Bolsonaro, ya que el presidente brasileño eligió evitar cualquier conversación anticipada con su par paraguayo sobre el espinoso asunto económico-financiero de la energía, prefiriendo aplicar la política de los hechos consumados en el caso de la tarifa de la binacional.

Esto ocurre por la intención de los vecinos de priorizar antes la presión para la reducción de la tarifa de Itaipú, porque en septiembre próximo comenzará a bajar el costo de producción de la usina, en un proceso que culminará en 2022, al quedar saldada la deuda por la construcción de la usina, y con lo que así desaparece el 62 por ciento de componente de los gastos de explotación.

Así como presiona a la justicia para no dar curso a la transparencia en Itaipú y Yacyretá que conduzca finalmente a conocer sus oscuros manejos financieros, el Gobierno nacional prefirió no ceder hasta ahora ante la presión brasileña para reducir la tarifa de Itaipú, en un hecho que muestra de cuerpo entero la falta de planificación de años para la plena utilización de la energía que le corresponde al Paraguay en las dos grandes represas del Paraná.

Es que siempre se prefirió el “statu quo” de la cesión de la electricidad excedente a precios de chauchas y palitos, especialmente al Brasil, a cambio de un manejo oscuro de los fondos originados en el costo de explotación, incluidos los famosos gastos sociales que ahora por la pandemia deberán ser fiscalizados, a pesar de la negativa constante de los administradores de estos recursos, que son dirigidos a control remoto por los políticos del poder de turno.

La reducción tarifaria resulta beneficiosa a la misma Ande y con más razón a los consumidores paraguayos, además de incentivar el uso de la energía en la industria y en el transporte eléctrico. Por eso no es posible acompañar la posición oficial conocida ahora de propender, si no se puede mantener la actual tarifa de Itaipú, por lo menos la fijación de una “tarifa intermedia”, con el fin de seguir el festín de la plata dulce sin control.

Lo que sí habría que exigir tanto al Brasil como la Argentina, es el rediseño del cálculo de las compensaciones al Paraguay por la obligatoria “cesión” de su energía no consumida en las represas, pasando a otro régimen que más se parezca a una relación de países soberanos, con la vigencia del precio de mercado por la energía que sea exportada a los vecinos, con lo que se superarán las visibles inequidades de décadas de acuerdos con los que nuestro país fue muy afectado, al recibir un valor irrisorio por la energía cedida y por el costo de oportunidad perdido que significó la falta de libre disponibilidad del excedente.

Esta es una posición ya definida por el PLRA en 2019, bajo el liderazgo de Efraín Alegre, por lo que el partido opositor aparece desde ya en ventaja electoral con una bandera que busca la plena reivindicación nacional en la explotación de los recursos hidroeléctricos fronterizos llevados adelante con Brasil y Argentina. Incluso ahora Alegre pidió la cárcel no sólo para los “entreguistas” funcionarios, la mayoría de ellos colorados, que avalaron la deuda espuria de Itaipú sino también lo mismo para Horacio Cartes, al haber dado su consentimiento durante su presidencia para el arreglo con Macri sobre Yacyretá, en el cual se legitimó otra deuda ilegal pagadera con una ínfima tarifa hasta su saldo cero en 2047.

El tema de la tarifa de la electricidad como el precio de mercado a ser pagado por la energía propiedad del Paraguay, son temas trascendentes que hacen al futuro del país y que tendrán que ser una “causa nacional”, especialmente para el próximo gobierno que surja de las elecciones de 2023. Pero para ello se necesita mostrar un frente unido ante los vecinos, y no como ahora en que se busca por todos los medios, especialmente en la ANR, no llegar a la plena transparencia en el uso de los fondos manejados por las binacionales.

 

Acuerdo opositor

Otro aspecto importante en orden a alentar la unidad opositora para 2023, con vistas a apoyar las negociaciones que sean más beneficiosas para el Paraguay en las represas binacionales, ha sido el acuerdo opositor para llegar unidos a las elecciones municipales de octubre en Asunción, con el fin de recuperar la intendencia que actualmente se halla en manos del colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

La unidad opositora en la capital se logró básicamente entre liberales y el Partido Patria Querida, con la participación de otros partidos como Encuentro Nacional y la Democracia Cristiana, pero sin la adhesión de grupos más pequeños de izquierda e independientes. Sin embargo, la pugna entre la Lista 1 de Rodríguez y la alianza encabezada por Eduardo Nakayama, el candidato del PLRA, podría dar una “hoja de ruta” promisoria a seguir para el frente opositor que también se perfila en 2023.

La oposición unida abre posibilidades reales para un debate nacional que se avecina para la lucha por la transparencia real en el manejo de las finanzas públicas, tanto a nivel nacional como regional y local-municipal. Es el paso obligado para llegar después a la vigencia de una justicia independiente que destierre la impunidad que beneficia a ladrones de guante blanco parapetados en sus bastiones políticos que les sirven de protección para el blindaje de sus latrocinios en directo perjuicio del pueblo, como ocurre lamentablemente en las binacionales, y tal como lo comprobó el informe de la Contraloría General de la República en el caso de Itaipú.

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