Escribe: Luis Alen.
Lo que finalmente produjo Horacio Cartes fue una verdadera “imposición” de Javier Zacarías Irún en el Alto Paraná, al dejar que la aplanadora oficialista lo avale en la Cámara de Diputados, para que después se consolide la virtual dictadura del clan con la medida del blindaje judicial del tribunal electoral.
Pero es nada más que el anticipo de lo que sobrevendrá a nivel nacional, con el inicio de los preparativos políticos para avalar el atropello a la Constitución, con la puesta en marcha del proceso para la enmienda con vistas a la reelección presidencial, actualmente prohibida por la ley fundamental de la República.
Como se sabe, el proceso de enmienda está vetado por la misma Constitución para la revisión de la duración de mandatos (artículo 290), que es donde se delimita el tema de la derogación de la actual disposición del artículo 229, en el cual se afirma sin ambigüedades que el presidente y el vicepresidente “no podrán ser reelectos en ningún caso”. Solamente se admite la reforma constitucional para la revisión de la duración de mandatos, a través de la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente. Más claro, agua.
Pero la dirigencia del Partido Colorado está lanzada en su totalidad, por una especie de resignación casi fatalista, a admitir la violación del texto constitucional, en una maniobra que supondrá soltar a todos los demonios políticos y a llevar a una especie de plebiscito de la gestión de Cartes, ya que, una vez aprobado el proceso de enmienda por el Congreso, el Tribunal Electoral deberá llamar a un referéndum en los siguientes 180 días.
Entrará a tallar la Justicia
Lo que directamente trata HC es llevar también él a la Justicia, es decir a la Corte Suprema, la viabilidad o no del proceso de enmienda para la revisión constitucional, así como también se sometería al examen de los magistrados, la eventual candidatura del ex presidente Fernando Lugo.
Cartes sabe que una decisión por la enmienda de parte de los congresistas, implicará casi con seguridad la presentación a continuación de una inconstitucionalidad por cualquier ciudadano elector, con lo que se abrirá la posibilidad tan anhelada por los miembros de la Corte de una connivencia con el poder para dar un dictamen favorable a HC, sin que se descarte la devolución de favores por parte de éste.
Estamos así en presencia del riesgo de llegar a una dictadura de incalculables consecuencias, calcando lo que ya ocurre en Ciudad del Este con el blindaje judicial al clan Zacarías.
El salvataje del clan en Diputados fue así el preludio de lo que sobrevendrá a nivel nacional, con el quiebre institucional cartista en el caso que se avasalle con total impunidad al mismo texto constitucional, que no tiene equívocos. Esto conlleva un virtual sometimiento del Estado de Derecho a los dictados del poder de turno, dada la imposibilidad del proceso de enmienda para la revisión de mandatos y abandonando el camino previsto de la reforma de la Constitución.
Al forzar el texto constitucional, con el aval del Parlamento y el Poder Judicial, el cartismo tendrá vía libre para imponerse por sí mismo, ante el fatalismo de los dirigentes colorados, que con resignación ven la imposibilidad de frenar las ansias de poder total de Horacio.
El Estado de Derecho sucumbirá de esta forma en el Paraguay, ante la caprichosa interpretación de la Corte del texto de la Constitución, así como también ya ha comenzado a desaparecer en Ciudad del Este, donde el clan Zacarías campea a sus anchas imponiendo su ley con la complacencia de jueces y fiscales, tras la decisión de blindar la gestión de la intendenta Sandra McLeod ante cualquier intento de la junta municipal de volver a plantear un proceso de intervención.
Doble discurso de HC
Lo que está ocurriendo en la República es el resultado del doble discurso de Cartes, que por un lado se afana en demostrar que realiza una administración transparente pero no se cansa de atacar a sus rivales políticos con amenazas de investigación judicial, para luego apañar el manejo corrupto de sus aliados, como el caso del salvavidas a Zacarías Irún.
Sobran los ejemplos de lo que afirmamos, como el caso de la falta de pago de la deuda por el petróleo a Venezuela, que desembocó luego en la acusación a los ex presidentes Lugo y Duarte Frutos por el endeudamiento con PDVSA. A renglón seguido, sobrevino además la crisis del Mercosur y la tensión en las relaciones con Caracas, dando la impresión de que todo se está haciendo para crear situaciones de imposibilidad de prontas soluciones, como si fuera que sólo existe la vía de dar largas al asunto, coincidiendo con una hipotética continuidad de HC, dejando que solucione el problema causado por él mismo, ¡pero sólo en el siguiente período presidencial!
Se podría llegar por eso a pedir la reelección de Cartes, como un hecho inevitable para que pueda continuar gobernando y pagar así la abultada deuda externa contraída con los bonos soberanos para obras que todavía no están inauguradas, que además en algunos casos ya se iniciaron en gobiernos anteriores.
Cuando dice además HC que en la gestión de los gobiernos que le precedieron en 2003-2013, se abultó exageradamente la lista de funcionarios públicos, ¿qué ha hecho la actual gestión para poner freno a los privilegios que aparecen a diestra y siniestra de los empleados del Estado?
Finalmente, dejar en manos de Cartes la vital negociación por las hidroeléctricas con Argentina y Brasil, en el período 2018-2023, sería como acudir al matadero, pues no se avizora ninguna posición firme al respecto, a la vista de la complaciente política energética del país, que está atrapado en los fuertes intereses de los vecinos, que disponen a su antojo de la valiosa energía paraguaya.
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