Bajo el patrocinio de los abogados Ulises Quintana y Eugenio Guerín, el concejal municipal Celso Miranda denunció ante la fiscalía a dirigentes de los mesiteros y funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este.
La denuncia fue contra el jefe de fiscalización Ireneo Franco y los funcionarios Lorenzo González y Carlos Silva. Además de los dirigentes de mesiteros Alfredo Meza, Nery Chávez, Max Giménez, Wilfrido González, Mirna Maciel y una persona a la que nombraron como “Ña Rubia” y cuyos otros datos se desconocen. La denuncia es por coima, asociación criminal, daño de cosa de interés común, entre otros ilícitos.
Miranda relata en el escrito que el pasado 5 de octubre, siendo aproximadamente a las 19:00, se apersonó en el lugar conocido como 4ta. Etapa, un espacio público municipal, destinado a la reubicación de los mesiteros, casilleros y saloneros de la vía pública y constó que varios obreros, estaban excavando, en una zona destinada para jardines, un pozo donde se evidencia que anteriormente había un árbol.
“Estaban preparando el lugar para instalar una casilla, en el lugar, donde está absolutamente prohibido. Gracias a mi intervención, con la ayuda del concejal municipal Miguel Prieto, quien me acompañó en ese momento, pudimos evitar que se siga violentando ese espacio público destinado al uso colectivo. Hemos filmado y recogido todos los testimonios, a través de grabaciones que ambos hicimos en la red social conocida como Facebook, y cuyos extractos adjuntamos como prueba del hecho”, refiere otra parte del escrito.
El relato sigue: “El día siguiente también pudimos comprobar fehacientemente, con filmaciones y grabaciones visuales, que se instalaron clandestinamente varias casillas (10 aproximadamente), en los espacios destinados al uso pçublico, sin contar con ninguna clase de autorización”.
“Varias personas que fueron consultadas en el lugar, dicen que estas incursiones clandestinas de casillas estarían siendo autorizadas verbalmente por funcionarios municipales y por dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública, que responden gremial y políticamente a la intendenta Sandra McLeod y Javier Zacarías”, añade en su denuncia el edil Miranda.
Agrega que las versiones dadas por los habitúes del lugar indican que presumiblemente, las casillas son instaladas en forma clandestina y quedan cerradas a la espera de ser vendidas por miles de dólares y que es en negocio paralelo que estaría siendo manejado por las personas denunciadas, “por lo cual, urge que la fiscalía proceda a investigar con profundidad esta situación para detectar la denuncia”.
Recuerda que el articulo 158, inciso 4, del Código Penal, determina que el que destruyera total o parcialmente una cosa destinada al uso público o embellecimiento de vías públicas, plazas o parques, serán castigados con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa” y que estos casos serán castigados también la tentativa. Igualmente menciona que la ley 4770/2012, castiga con 10 años de cárcel para quien en zona protegida, realizara tala de árboles, cuando se actuara con intenciones o fines comerciales”.
Entre otras cosas, el edil pide se libre oficio a la Municipalidad de Ciudad del Este, a fin de que remita las copias autenticadas de los contratos existentes entre la institución comunal y los mesiteros, vendedores de la vía pública, saloneros y casilleros de lugar conocido por 4ta. Etapa.
Igualmente solicita que la intendenta municipal sea emplazada a enviar los documentos dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento de lo que dispone la ley que castiga el desacato.
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