Escribe: Luis Alen.
El cartismo vincula a una “persecución política” la filtración del voluminoso informe de Seprelad por lavado de dinero originado en el tráfico de cigarrillos, pero la cuestión ya adquiere aristas internacionales con la posible intervención de Estados Unidos para acelerar la investigación, frente a la notoria lentitud de la Fiscalía paraguaya, que estaría temerosa de causar problemas a Horacio Cartes, en momentos en que éste se lanza a buscar más poder político con el fin de precautelar la suerte de sus negocios.
Ni el heróico sacrificio de Marcelo Pecci le conmueve evidentemente a la fiscala general Sandra Quiñónez para acelerar las investigaciones por lavado de dinero, en un hecho profusamente reseñado por la Seprelad y sospechado como mecanismo que se inicia en el negocio tabacalero del Patrón HC.
A nadie escapa que la ejecución de Pecci en una playa colombiana implica una declaración de guerra del crimen organizado que se ve amenazado por la derivación que podría tener una profunda investigación fiscal sobre el lavado de dinero de activos dudosos provenientes de los distintos tráficos, entre ellos el propio negocio tabacalero, las drogas, el tráfico de armas y la trata de personas, que utilizarían una ruta común, además del mismo mecanismo de lavandería de dinero sucio, que son los ilícitos donde se nutre también la financiación del terrorismo internacional.
Ahora ya ni siquiera se trata de la impunidad judicial atribuible a magistrados venales o de la complicidad policial con los delincuentes, sino de una prueba de fuego para la fiscala general Quiñónez, que nunca quiso investigar a fondo el tráfico tabacalero presuntamente para no “molestar” a quien le puso en la titularidad del Ministerio Público.
Marito en la cumbre
El presidente Marito Abdo solicitó a su colega Joe Biden, de Estados Unidos, un trabajo conjunto contra el crimen organizado transnacional, que estaría precisamente detrás del magnicidio del fiscal antimafia paraguayo.
La cumbre presidencial de las Américas, realizada entre el 8 y 10 de junio en Los Ángeles, fue el marco apropiado para que la potencia norteamericana venga en auxilio de un Gobierno evidentemente maniatado por un poder fáctico que también le tiene bajo su férula a la fiscala general.
En un principio la embajada norteamericana en Asunción confiaba en Sandra Quiñónez, porque se debe recordar que el delegado residente del departamento de Justicia, Brian Skaret, dio un informe positivo de la actuación del Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y especialmente en la operación A Ultranza Py, hasta que ocurriera el fatídico hecho de Barú, Colombia, que marca indudablemente un antes y un después de la lucha contra la mafia internacional, por parte de Estados Unidos, Colombia y Paraguay.
El horrendo episodio que segó la vida de Pecci aceleró los tiempos tanto de Quiñónez como de la misma embajada norteamericana, pues antes de este execrable hecho todo hacía pensar que finalmente la cuestión de la investigación contra el mecanismo de lavado vinculado a HC tendría que quedar a las resultas de la interna de la ANR, prevista para diciembre, donde ganando Horacio se colocaría de nuevo como el árbitro de la política paraguaya, con suficiente poder para negociar con los “yanquis” un modo de coexistencia o de blindaje internacional, como en su época de presidente parapetado en su fuero de jefe de Estado.
Por el contrario, de perder HC en la interna se volvería devaluado el poder fáctico que detenta ahora, quedando muy expuesto ante el poder formal, con posibilidades de perder influencia en la justicia y con la casi certeza de que su protegida en el Ministerio Público podría ceder su puesto en la próxima elección de un nuevo fiscal general a principios del año próximo.
Pero el nuevo escenario no parece el más propicio para una espera de seis meses de aquí a diciembre, por lo que ocurrió en la misma cumbre, donde se notó la ausencia de algunos jefes de Estado de Centroamérica acusados por EE.UU. de no realizar un trabajo destinado a combatir la corrupción, como el caso del presidente de Guatemala, que sostiene en su puesto a un fiscal general incapaz de mover un dedo contra los corruptos, según informes de las agencias norteamericanas de lucha contra la delincuencia organizada.
El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien no es precisamente afín al eje izquierdizante Cuba-Venezuela-Nicaragua, no acudió a la cita continental molesto por la presión norteamericana para que cambie el rumbo en la lucha contra la corrupción.
El caso de Marito Abdo resulta al revés, pues acudió a la cumbre con la clara intención de pedir más presión de EE.UU. contra Cartes, quien será también su contrincante en la interna por la junta de la ANR. Habrá que ver, sin embargo, qué actitud toma el presidente a su vuelta para continuar su pugna con el empresario tabacalero en el frente interno, ya que sus titubeos son muy conocidos frente al poder de HC, teniendo en cuenta que éste ya le salvó en dos oportunidades del juicio político.
Hasta es posible que sigan los hipócritas “abrazos cicatrizantes” que surgen cuando hay que salvar de caer en manos de la justicia a “chanchos del chiquero colorado”, ya sea en el Parlamento o en la Fiscalía, como ocurre actualmente con los negociados pandémicos del gobernador cartista de Guairá, Juan Carlos Vera.
El partido definitivo no se jugará por lo visto en diciembre, sino antes, pero siempre dependerá finalmente de la evaluación que haga Estados Unidos sobre si conviene o no ahora arremeter contra HC. Por de pronto, el embajador norteamericano Marc Ostfield ya avisó que podrían continuar con las famosas “designaciones” de significativamente corruptos para algunos personajes de la política criolla que están en la mira por acusaciones de corrupción, como forma de presionar a la Justicia.
Senado envía informe
Los senadores decidieron enviar al Congreso de los Estados Unidos el informe sobre lavado de dinero de la Seprelad, así como a otros organismos internacionales como el Gafilat, en vista de la inacción fiscal paraguaya, en una medida sin precedentes que habla de la magnitud inusitada que alcanzó el lavado de dinero que nutre a los traficantes.
Es que el documento habla de operaciones realizadas a través de bancos norteamericanos y en paraísos fiscales, en contradicción con la rigurosa legislación de EE.UU. que persigue los delitos transnacionales y más aún si tienen la osadía de utilizar su sistema financiero, que está supervisado estrictamente por el Departamento del Tesoro de Washington.
Un alto funcionario del Tesoro, el subsecretario Brian Nelson, encargado de luchar contra el lavado y sus ramificaciones hacia el terrorismo, se reunió en Los Ángeles con Marito Abdo. De este encuentro se pueden esperar las instrucciones que habrá recibido el presidente para tomar un poco más de empuje en tratar de concretar la investigación de la gran lavandería made in Paraguay.
El presidente Abdo, en su intervención ante la cumbre de las Américas, puso énfasis en el combate contra el crimen organizado, recordando lo sucedido al fiscal Pecci.
Resulta notorio, como dijeron los funcionarios estadounidenses cuando reaccionaron ante el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que el golpe de la mafia fue contra ellos mismos y como resultado de la operación A Ultranza Py que estaba por pasar a la siguiente fase que es la acción destinada a derrumbar el mecanismo del lavado de dinero, ni más ni menos la razón misma de ser de los tráficos.
Un tema pendiente es saber hasta dónde llega el respaldo que ha recibido en el pasado la fiscala general Sandra Quiñónez de la embajada norteamericana. Pero los funcionarios norteamericanos habrían esperado alguna medida contra la titular del Ministerio Público de parte del Congreso, lo que no ocurrió por no correr el proceso de juicio político ya en dos oportunidades.
Las protestas callejeras de los ciudadanos también casi se apagaron, pese a los llamados de los activistas de la sociedad civil, entre quienes se encuentra María Esther Roa, quien reafirmó que las movilizaciones ciudadanas deben continuar, para mostrar que seguirá el control ciudadano sobre los procesos que se abran de ahora en más en la Justicia en materia de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, como forma de evitar la tan temida impunidad.
En esta perspectiva, la abogada y activista puso énfasis en la posibilidad de controlar los plazos en los procesos y de realizar un ránking de los jueces o fiscales que más “cajonean” las causas, para ponerlos en evidencia ante la opinión pública.
Frenar al crimen organizado
Pese a la movilización ciudadana no se pudo evitar la prescripción en algunos casos muy publicitados de corrupción en la gestión pública que vienen incluso de la época de Fernando Lugo, como el proceso contra Camilo Soares, conocido como los “coquitos de oro” de la Secretaría de Emergencia.
“La sociedad civil impulsó el control sobre estos casos de corrupción, pero no se pudo evitar su prescripción por la falta de voluntad política, porque hasta los funcionarios judiciales nos apoyaban en la tarea para evitar que terminen en la impunidad los acusados, pero ha sido muy fuerte la presión de los estamentos de poder político y económico”, afirmó Roa.
Con estos antecedentes, crecen los motivos para redoblar la vigilancia de la sociedad civil sobre los casos no sólo de corrupción que siguen apareciendo en la administración pública, sino en la lucha contra el crimen organizado y sus actividades ilegales por excelencia como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, que últimamente han evidenciado fuertes conexiones con exponentes de la política y del mismo Gobierno nacional.
Preguntada si no se debería extender también el control “on line” sobre la Fiscalía, acusada ahora de favorecer a un sector político en detrimento de otros, la activista María Esther Roa está de acuerdo con esa nueva faceta que debe asumir la contraloría ciudadana de casos judiciales, más aún cuando se nota la creciente influencia de la narcopolítica en el país.
Recordó que el “Corruptour” llevado a cabo el 18 de febrero frente a la Fiscalía General del Estado en forma conjunta por la organización Somos Anticorrupción Paraguay (SAP) y la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) fue en repudio a la gestión de Sandra Quiñónez y para exigir su renuncia o juicio político.
Se pudo comprobar que la gente en forma unánime puso énfasis en la foto de la fiscala general, cuya salida se exige como prioritaria para impulsar la independencia de la justicia y la investigación imparcial de los hechos de corrupción, así como los de narcotráfico y lavado de dinero.
Explicó Roa que con el Corruptour se pretende concienciar a la ciudadanía del daño económico y social que ocasiona la corrupción, y sus consecuencias en el plano de los derechos humanos.
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