La ley 3.001 de 2006, de valoración y retribución de servicios ambientales, fue reglamentada recién por decreto en 2013, pero hasta ahora casi no se la aplica por la desidia o venalidad de los funcionarios de la Secretaría del Ambiente (SEAM), pese a la claridad de lo que dispone la legislación vigente.
La SEAM ha exonerado a varios emprendimientos privados del cumplimiento de la citada ley ambiental y de la consiguiente adquisición de bonos, dejando casi sin colocación los certificados de servicios ambientales, que retribuyen la conservación de los últimos remanentes de bosques que cubrían casi todo el Paraguay a principios del siglo pasado.
Los certificados (bonos) ambientales fueron establecidos como un “premio” a los propietarios que conservan sus bosques en hectáreas superiores al 25 por ciento obligatorio que fija la ley forestal. Tienen un valor por ha. que le otorga la SEAM, a fin de compensar los efectos contrarios al medio ambiente de grandes obras de alto impacto ambiental, por lo que pueden ser adquiridos al mismo valor por las empresas que realizan emprendimientos como rutas, puertos, aeropuertos, canteras, petroleras e industrias contaminantes, según el listado que aparece en el decreto 11.202 firmado por el expresidente Federico Franco.
Sin embargo, hasta hoy y salvo Acepar que fue beneficiada con la compra de sus certificados por Itaipú Binacional con motivo de la puesta en funcionamiento de la línea de 500 Kv, ninguna otra empresa privada accedió a la compra de los bonos ambientales.
En estos momentos, sólo el Ministerio de Obras Públicas está previendo la adquisición de los bonos, equivalentes al 1 por ciento del costo de obras viales licitadas, haciendo un llamado a los poseedores de los certificados.
Los propietarios que apostaron a la vigencia de la ley como retribución a su actitud de conservar los bosques nativos y no proceder a la deforestación para plantación de soja o cría de ganado, están decepcionados por la nula acción de la SEAM para exigir el cumplimiento de la legislación por parte de los privados que tienen emprendimientos de alto nivel contaminante.
Diez años de atraso
Promulgada en 2006 en la época de Nicanor Duarte Frutos, la ley de bonos ambientales pasó de largo el gobierno de Fernando Lugo sin que se obligara a las obras e industrias de alto impacto a compensar su actividad contaminante con los certificados. La Contraloría General de la República observó esta irregularidad en 2011, por lo que emplazó al Gobierno y a la SEAM a poner en ejecución los planes tendientes para aplicar el sistema de servicios ambientales.
El decreto de 2013 reglamentó la ley estableciendo como obras de alto impacto ambiental: Construcción y ampliación de rutas nacionales; construcción de represas hidroeléctricas, centrales térmicas o nucleares; construcción de ductos en general (acueductos, gasoductos, oleoductos, mineraloductos y poliductos) a excepción de los conductos para aguas servidas y redes cloacales así como la provisión de agua potable; instalación de líneas de transmisión de alta tensión; construcción de establecimientos portuarios, aeroportuarios o industriales cuyas inversiones sean iguales o superiores a los dólares americanos 50 millones.
Asimismo, las actividades de alto impacto ambiental: Operación de hidroeléctricas o centrales térmicas o nucleares; extracción de gas o petróleo; extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos; operación de refinería de petróleo o sus derivados o industrias químicas o petroquímicas.
Mientras el MOPC ya anunció que no hará nuevas obras sin adquirir los bonos por el equivalente del 1 por ciento del costo total, las empresas privadas buscan eludir el pago aduciendo que no están incluidas en el listado o porque la ley “no puede ser retroactiva”, o que sus actividades ya no se tratan de “obras nueva”, en una interpretación torcida de la legislación con la ayuda de dictámenes favorables de la propia SEAM.
El Poder Ejecutivo mediante una nota de advertencia del jefe de gabinete Juan Carlos López Moreira, del pasado 3 de febrero de 2016, ordenó al ministro de la SEAM, Rolando de Barros Barreto, a tomar las medidas con el fin de revertir esta situación, que no hace otra cosa que fomentar aún más la desaparición de los últimos bosques, tanto en la región Oriental como en la Occidental.
Como respuesta a esta exigencia del presidente Horacio Cartes, en la SEAM ahora ya anunciaron que no renovarán certificados ambientales a las actividades contaminantes, a menos que adquieran los certificados ambientales.
¿Pero cómo quedan los dictámenes jurídicos abusivos que exoneraron del pago a varias empresas incursas claramente en lo que dispone la ley?
En 4 años desaparecieron
1 millón de ha. de bosques
El mapa de cobertura forestal del Instituto Forestal Nacional (Infona) registra en la Región Oriental unas 2.260.000 hectáreas de bosques, mientras que en la Región Occidental unas 13.964.000 hectáreas, es decir, unas 16,62 millones de hectáreas. Pero sólo que estos datos son de una imagen satelital de 2011.
Esto significa que el mapa forestal del Infona ya está desactualizado en más de 1 millón de hectáreas, si se tienen en cuenta los monitoreos de deforestación que realizan las organizaciones Guyra Paraguay y WWF.
Según los datos de la primera ONG aludida, durante el 2011 se deforestó en el Chaco unas 286.742 hectáreas, en el 2012 la desaparición de cobertura forestal fue de 268.084 hectáreas y 2013 el área de cambio de uso de la tierra en el Chaco paraguayo fue de con 236.869. Los datos preliminares de 2014 ya suman unas 120.000 hectáreas de deforestación en la Región Occidental. Otro tanto correspondería a 2015.
Por su parte, según datos de la ONG WWF, la deforestación en la Región Oriental se estima en cerca de 20.000 hectáreas por año, lo que implica que entre el 2011 y la actualidad ya desaparecieron unas 80.000 hectáreas de bosques.
Sumando todas las cifras señaladas tenemos una deforestación total en Paraguay, entre 2011 y la actualidad, de más un millón de hectáreas, que no están registradas en el mapa presentado por el Infona.
Sin embargo, el experto de Guyra Paraguay, licenciado Óscar Rodas, felicita la iniciativa del Infona y celebra la disponibilidad de tan importante documento oficial, que deberá ser un punto de partida para implementar políticas para la conservación forestal.
Dijo que se estima que antes de la colonización europea, en Paraguay existían en el Chaco unas 19 millones de hectáreas de bosque y otras 9 millones de hectáreas en la parte oriental. Hoy quedan 13 millones en el Chaco y 2,6 en esta parte.
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