El avión “fantasma” que obliga a la Fiscalía investigar tráfico de tabaco

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El avión venezolano de Emtrasur estacionado en el aeropuerto Guaraní en mayo pasado, esperando cargar en su bodega el cargamento de cigarrillos de Tabesa.

Escribe: Luis Alen.

 

La fiscalía de Sandra Quiñónez sigue acumulando denuncias que alcanzan al principal negocio del Grupo Cartes, que es el tráfico de cigarrillos de Tabesa, de propiedad de HC. Ahora la Secretaría Anticorrupción del Gobierno pidió que el Ministerio Público tome las medidas conducentes a desentrañar los motivos por los cuales el Patrón tuvo que enviar un lote de sus cigarrillos al Caribe en un cargamento valuado en 800 mil dólares, por medio de un Jumbo 747 de una sospechosa compañía estatal del régimen venezolano, con mucha mayor capacidad de carga y tripulada por 19 miembros, entre ellos siete iraníes sospechados de lazos con el terrorismo islámico.

 

Muchas preguntas y pocas respuestas clarificadoras envuelven el sonado escándalo del avión venezolano retenido actualmente por orden de un juez argentino en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires, procedente de México con una supuesta carga de “autopartes”. 

Es la misma aeronave que el viernes 13 de mayo aterrizó por primera vez en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, procedente de Caracas con el transponder apagado en el último tramo de vuelo ya sobre territorio nacional y llamativamente sin encender en el mismo instante las alarmas del Gobierno paraguayo, a pesar de que se conocía su origen venezolano-iraní. 

Sólo después de despegar tres días después llevando su carga de cigarrillos hacia el paraíso fiscal de Aruba, el Gobierno de Marito Abdo tomó nota de la gravedad del caso y comenzó a enviar las alarmas a los demás países de la región. 

El grupo empresarial de HC y sus órganos de prensa quisieron desmarcarse aduciendo que se trataba de una operación netamente comercial con facturas de por medio que delataban al comprador final: una tabacalera de dicha isla caribeña que habría sido la responsable de ordenar el flete y su pago.

Sin embargo, el mismo día que se difundía la noticia del sospechoso operativo en los medios de todo el país, el 18 de mayo un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rodrigo Santos Feijó, reafirmaba en una reunión con senadores que el contrabando de cigarrillos fomenta la corrupción y el crimen organizado, además de sus ramificaciones con el lavado de dinero que financia al terrorismo internacional.

Precisamente, Santos Feijó hacía lobby con los legisladores junto a Joao Rodrigues Viegas, coordinador para las Américas del Protocolo de la OMS para el combate al tráfico ilícito de tabaco, que debía tratarse al día siguiente en el Senado y que fue aprobado por una gran mayoría en la Cámara Alta, debiendo ahora ser tratado por la Cámara de Diputados. 

Dicho acuerdo internacional exigirá que el Gobierno paraguayo adopte medidas para que todo paquete de cigarrillos fabricado en el país lleve la indicación de su origen, lo que permitirá a su vez una trazabilidad que delate los caminos ilegales que transita el tráfico de tabaco y en manos de qué organizaciones mafiosas termina finalmente.

Por supuesto, el Grupo Cartes se opone al protocolo, aduciendo que afectará a las “fábricas legales”, favoreciendo a las que falsifican las marcas de registro nacional como la muy conocida “Eight”, mayormente vendida en el Brasil, e “Ibiza”, en Colombia y la zona del Caribe, que es la que transportó el avión carguero venezolano-iraní, siendo todas propiedades marcarias pertenecientes a HC.

 

Una asociación sospechosa

El 6 de junio volvió el avión de la empresa venezolana Emtrasur a sobrevolar Sudamérica, pero esta vez ya tuvo negado su aterrizaje en Uruguay, como efecto de la alarma difundida por el Gobierno paraguayo, que tenía pruebas de las conexiones de la tripulación con el terrorismo islámico y con el Hezbollah libanés, mediante datos del FBI norteamericano. 

En Buenos Aires tampoco pudo cargar combustible, por la negativa de las compañías petroleras proveedoras de Ezeiza, por las consecuencias de las sanciones del Gobierno de Washington a Irán y a Venezuela. Resaltó en todo momento la notoria complacencia del Gobierno argentino con sus sospechosos visitantes, pero finalmente la presión política opositora pudo más y la justicia el vecino país tuvo que intervenir para iniciar una investigación, conociendo los antecedentes nefastos de la implicancia del Gobierno de Teherán en los brutales ataques terroristas contra la embajada de Israel en 1992, y de la AMIA en 1994, ocurridos en la capital bonaerense y que hasta hoy no tienen cerrados sus procesos por las víctimas, que reclaman se haga justicia contra los funcionarios iraníes acusados de organizar las masacres en pleno centro de la capital argentina con decenas de muertos y heridos.

Pero la gran interrogante sin respuesta proviene de la sospechosa “sociedad” urdida para llevar los cigarrillos de Cartes al Caribe, así como la inicial parsimonia demostrada por el mismo Gobierno de Marito para permitir que unos siete tripulantes iraníes se paseen por Ciudad del Este durante tres días, conociendo que la capital del Alto Paraná es tenida como “refugio” de células islamistas calificadas como sumamente peligrosas por los servicios secretos occidentales e israelíes.

Asimismo, llama poderosamente la atención que no se haya investigado “in situ” que los cigarrillos podrían ser un “pago” por algún esquema de tráfico, ya sea de drogas, armas o lo que fuere de naturaleza ilegal, ya que sugestivamente no actuaron de inmediato los organismos encargados de luchar contra el terrorismo, el lavado de dinero o el crimen organizado, dejando partir a la aeronave el lunes 16 de mayo, con el pretexto de que “los perros olfateadores de la Senad no encontraron nada sospechoso”.

En realidad, volvió a confirmarse con el grave episodio del avión venezolano-iraní que los órganos claves de este país para la lucha antimafia y antiterrorista están prácticamente anestesiados por el poder político fáctico, como el caso de la Fiscalía que está al servicio del cartismo. Como triste corolario de todo el escándalo, se está tratando de encubrir la propia negligencia gubernamental y la cobertura otorgada al posible caso de tráfico de tabaco conectado al terrorismo, culpándole a un funcionario de segundo nivel en la Dinac y teniéndole como un chivo expiatorio.

La cosa va mucho más allá de una culpabilidad de un empleado de orden inferior, porque aquí se trata nada menos que de una asociación ilícita transnacional de la “pesada”, y que es lo que se tendrá que investigar, si es que quieren o les dejan hacer a los fiscales que tendrán a su cargo dilucidar las implicancias de la ominosa presencia del avión “fantasma”.

Así como se lleva la investigación en la Argentina, las sospechas apuntan directamente a que la operación del avión y su carga en Sudamérica, incluyendo Ciudad del Este, estarían encubriendo un entramado mucho más complejo y oscuro. Es porque se trata de una aeronave estatal-militar venezolana tripulada por iraníes relacionados con fuerzas islámicas terroristas.

Entre las hipótesis manejadas por los servicios de inteligencia norteamericanos, que tienen a CDE como un centro clave de financiamiento de grupos vinculados con el terrorismo islámico, además de la carga de cigarrillos misma también se habrían movimentado recursos financieros necesarios para las operaciones encubiertas de agentes estatales o de grupos paraestatales, por lo que incluso habría habido traslado de recursos humanos para dicho fin, dada la falta de control estricto sobre los movimientos de los iraníes y venezolanos en los sitios donde bajó el avión, caso Córdoba, Ezeiza o el aeropuerto Guaraní en el mes de mayo durante el primer viaje sospechoso.

La Secretaría Anticorrupción del Gobierno pidió que la Fiscalía investigue el escandaloso caso del avión y sus tripulantes “turistas” de Ciudad del Este, mediante una denuncia formal. Lo que se falló en tiempo y en forma para capturar con las manos en la masa a los miembros de esta presunta operación de asociación ilícita para delinquir, en conexión con el terrorismo islámico, debería motivar ahora la urgencia de acelerar los tiempos para que los fiscales se animen a investigar en serio las implicancias para el país de esta clase de acciones pasibles de consecuencias tremendas, como son los atentados terroristas y el accionar de todas las mafias conectadas con estos macabros episodios que tienen como resultado funesto las muertes de inocentes.

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