Es penoso el manoseo constante de la que es objeto la justicia en esta parte del país. Hay un grupo político (clan Zacarías) que ha convertido al Poder Judicial y el Ministerio Público local en un garrote de atropello permanente al estado de derecho.
Y lo más grave aun es que un alto porcentaje de magistrados y fiscales se presta al juego sucio del clan Zacarías, para así seguir gozando de la impunidad que le permita continuar esquilmando las arcas públicas de la municipalidad de Ciudad del Este, sin que ninguna autoridad competente hasta hoy demuestre voluntad para acabar con el alevoso desfalco, que comenzó en el 2001.
La corrupción en la comuna paranaense ha traspasado la barrera del asombro. Esta comarca fronteriza pasó a convertirse en un escenario tragicómico, hasta desafiando la inteligencia de la ciudadanía. En esta capital departamental todo funciona al revés de las manecillas del reloj. El corrupto es el ciudadano de primera, el gentleman de la sociedad; mientras que el hombre honesto, es vilipendiado, es el bandido y el corrupto.
Hoy la justicia en Ciudad del Este y Alto Paraná está totalmente sometida al poder político de un grupo de personas, que constantemente pisotea la Constitución y la ley, bajo la protección de magistrados y fiscales, que actúan “incentivados” por el vil metal, sin importarles el ideal de una sociedad más justa y equitativa.
El clan Zacarías, bajo la batuta de su “jefe”, Ernesto Javier Zacarías Irún, ha convertido la ciudad en una especie de Sodoma y Gomorra, donde nada se respeta, las instituciones son rifadas y los recursos públicos están al servicio de un grupo político, que nunca se interesó por el bienestar del pueblo paranaense. Quienes manejan la municipalidad local se han amasado una incalculable riqueza, sin que sean molestados por los organismos de control y de investigación.
Los Zacarías, que administran el segundo municipio más importante de la República, desde el 2001 (más de 16 años), no permiten fiscalización alguna, que podría desvendar el verdadero origen de su fortuna.
Es más, la acción prepotente y autoritaria del clan Zacarías no tiene límites. Ahora no permiten que el principal órgano de control de la institución municipal desarrolle sus tareas. Cualquier resolución tomada por los concejales, este clan perverso manda anular, a través de antojadizas medidas judiciales, otorgadas por jueces y fiscales venales.
Las instituciones han dejado de funcionar en este país. Constantemente se están pisoteando y violando disposiciones legales del orden jurídico nacional. Varias autoridades y políticos ignoran las leyes, someten la justicia a su antojo, para así concretar sus malévolos objetivos.
El pueblo paraguayo ya no debe tolerar la prepotencia de sus autoridades. Esta es una nación sufrida, y sus habitantes ya no están dispuestos a seguir soportando a quienes se apropian de las cosas públicas, y que sigan cometiendo sus fechorías al amparo y reparo de la santa impunidad, que consiguen mediante jueces, fiscales, parlamentarios, políticos y gobernantes corruptos y deshonestos.
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