El protocolo contra el tráfico de tabaco amenaza negocio de HC

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El rechazo a un mayor control sobre la producción y el contrabando de cigarrillos podría permitir la continuidad de un millonario negocio que se instaló en todo Brasil.

Escribe: Luis Alen.

 

El Senado tiene en agenda la ratificación del Protocolo de la OMS contra el Tráfico Ilícito de Tabaco, que contempla una serie de medidas destinadas a combatir el contrabando de cigarrillos, que según los informes de agencias internacionales sería uno de los principales negocios que aseguran a Horacio Cartes su poderío político y económico. 

 

El principal gerente de HC, el titular de la Unión Tabacalera del Paraguay (UTP) y mandamás de Tabacalera del Este S.A. (TABESA), José M. Ortiz, solicitó a los senadores el rechazo de la adhesión del Paraguay al convenio internacional anticontrabando de tabaco, supuestamente porque “perjudicará a las fábricas locales”.

Ortiz argumentó para fundamentar el rechazo al documento en vigencia a nivel mundial, que “este protocolo tiene como objetivo de fondo obstaculizar que las industrias de tabaco nacionales exporten a las zonas francas, a fin de que las multinacionales sigan controlando el mercado internacional a nivel global”.

El Brasil ya ha ratificado el convenio, que se dio en el marco mayor de lucha contra el tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que da la pauta del peligro que conlleva para el negocio de Cartes una ratificación paraguaya, porque así el país estará obligado a tomar disposiciones que permitan realizar una trazabilidad de cada cajetilla de cigarrillos producida localmente y que saldría del país en forma ilegal, para su identificación posterior en el lado brasileño o en otros países, con el fin de adoptar acciones destinadas a reducir el tráfico ilícito de tabaco.

Según estudios realizados por agencias federales norteamericanas, universidades y centros de análisis técnicos como el CADEP de Paraguay, la producción tabacalera nacional sobrepasa holgadamente el consumo local, pero no existen registros oficiales significativos de exportaciones en los últimos años, lo que hace presumir que gran parte de los cigarrillos producidos en el país pasan la frontera de contrabando a los países vecinos, principalmente el Brasil.

El informe de CADEP (Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya) también aludió a que la gran producción de cigarrillos locales no estaría registrada totalmente por cuanto una parte saldría de contrabando, entre ellos los fabricados por TABESA de Cartes. Ante tal situación, no pagarían todos los impuestos debidos como el Selectivo al Consumo (ISC), pero inmediatamente reaccionaron José M. Ortiz y el subsecretario de Tributación, Óscar Orué, negando esta posibilidad, por lo que CADEP tuvo que retractarse públicamente en vista de una amenaza de demanda judicial de las empresas tabacaleras nucleadas en la UTP.

 

Depende de la “Cicatriz”

Como se vio en otras acciones que atañen a la lucha anticontrabando de tabaco en la frontera y que quedaron en el “opa rei”, se notó de sobremanera que el Gobierno de Marito Abdo no quiere chocar directamente con HC por el tema cigarrillos. Sólo basta el ejemplo del mismo protocolo internacional que será tratado ahora en el Senado, ¡después de tres años de estar cajoneado en el Senado!, porque el Poder Ejecutivo ya lo había enviado para su tratamiento en diciembre de 2018, a poco de asumir el actual jefe de Estado.

Habría votos para su aprobación en la Cámara Alta, pero al final todo dependerá del acuerdo cicatrizante de impunidad que continúa vigente entre el abdismo y el cartismo, como lo refleja la dubitativa respuesta de la bancada de Añetete en Diputados ante la solicitada intervención a la gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González. Los colorados dan largas al asunto pese a las pruebas contundentes y abrumadoras contra el gobernador cartista, por flagrantes irregularidades administrativas que configuran varios presuntos delitos desde el lavado de dinero a la asociación criminal, pasando por la simple y llana malversación de fondos públicos.

Un verdadero caso escandaloso es el destino incierto de US$ 1 millón, pagados en plena pandemia por el “Locutor N° 2” a ONGs que no han logrado demostrar obras e inversiones del mismo costo que los rubros liberados para asistir supuestamente a pobladores de Central afectados por el coronavirus en sus actividades, según sostiene la acusación de la Fiscalía.

Lo cierto es que aquí entra a tallar la protección para la impunidad entre abdistas y cartistas, ya que también existen acusaciones de negociados pandémicos de reparticiones del Ejecutivo que afectan a personas relacionadas con el círculo áulico presidencial, especialmente en el área de Salud Pública, por la compra por la vía de excepción de medicamentos e insumos médicos por cifras multimillonarias, posiblemente sobrefacturados o de dudosa utilidad para la emergencia sanitaria.

 

Una prueba para la oposición

Enfriar el proceso contra Hugo Javier González pareciera ser la consigna, ya que se acerca el receso legislativo hasta marzo y así postergar sine die la intervención, pese a que resulta de interés político para la misma gente de Añetete y de Hugo Velázquez, comenzar a cargar la tinta en contra de los hombres del cartismo, ya en plena campaña por la interna de la ANR del año próximo.

También la oposición empieza a ser tentada a participar en el tira y afloje republicano, porque en el caso que los abdistas decidan acelerar el proceso contra González antes del receso, deben contar con votos opositores para una intervención rápida. A su vez, HC podría intentar dividir a la oposición, con lo cual se consumará un escenario de adhesiones al mejor postor que podrían convertirse en nefastos precedentes en los próximos meses para lograr el ansiado acuerdo programático de una amplia concertación opositora, que es la única capaz de tumbar a la ANR en las generales de 2023, sobre la base de postulados innegociables de lucha contra la corrupción y la impunidad, que son los prerrequisitos obligatorios con el fin de lograr la salvación de la soberanía nacional en varios campos económicos, energéticos y sociales.

A propósito de las cuestiones sociales, la Iglesia aprovechó el púlpito de las celebraciones del novenario de la Virgen de Caacupé para advertir del peligro de un estallido social en el campo por la seguidilla de desalojos a campesinos e indígenas, que echados de las tierras que ocupan sin ningún título de propiedad, deben escapar de la policía ubicándose en asentamientos precarios en los alrededores de las ciudades, expulsados del campo por los agroexportadores que cultivan soja o los hacendados que crían ganado para la exportación posterior de carne vacuna.

De hecho, ya se da el estallido de baja intensidad con los elevados índices de delincuencia en los centros urbanos, sin que la policía atine a tomar en serio el problema. El presidente de la República, Marito Abdo, interrogado sobre la posición de los obispos, tiró el fardo a la Justicia, como queriendo decir que tanto la dureza de la represión contra campesinos como la flojedad contra los delincuentes en las ciudades, tienen a los administradores de justicia como los últimos responsables.

Pero, de cualquier modo, es un hecho que el Estado ausente en muchos aspectos de la vida nacional, no puede seguir impávido ante las penurias que viven los compatriotas sumidos en la pobreza, debiendo cumplir con su papel las instituciones destinadas a remover los obstáculos que impiden la vida digna de miles de familias, por lo que se tendría que abordar la problemática social con el mayor de los rigores, debido a que está en juego el futuro del país mismo.

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