Elección definirá también el rumbo del poder fáctico

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Acto político de HC en Hernandarias, después de los abrazos republicanos que buscaron impulsar aún más su poder fáctico sobre la ANR y el país.

Escribe: Luis Alen.

 

Sea o no parte de una estrategia preparada, Horacio Cartes pone a prueba su poder fáctico y de paso el control sobre la ANR, en las elecciones municipales de este domingo 10 de octubre. Los sucesivos abrazos republicanos confirmaron su condición de gran elector colorado, pero con el riesgo que eventuales derrotas en distritos claves pongan en entredicho su liderazgo a nivel nacional, dificultando la campaña para entronizar a su delfín Santi Peña en el Palacio de López en 2023.

 

Desde el acta entreguista de Itaipú que salió a la luz en julio de 2019, HC se ha constituido en el soporte de la presidencia de Marito Abdo, lo que se consolidó aún más después de los negociados pandémicos de 2020 y las consecuencias de la crisis post pandémica de 2021.

Atado de pies y manos a Cartes, el Gobierno abdista se entregó al poder fáctico imperante en la política nacional con el nefasto resultado del reinado de la impunidad, la corrupción, la inseguridad y el sicariato.

No es de extrañar que los comicios municipales pasen casi a segundo plano porque la prioridad de la ciudadanía se centra en otras urgencias que no son atendidas por la clase política, a tal punto que la tabla de salvación, como siempre, es la que proviene del mismo poder, pero no el institucional, sino del fáctico que detenta el Patrón HC.

El clásico ritual colorado de los abrazos republicanos, esta vez se escenificó con el expreso propósito de incrementar el aura de poder de Horacio y no precisamente con el objetivo de afianzar las candidaturas, ya que en la mayor parte de los casos volverán a tener primacía los clanes familiares y políticos, exceptuando aquellas comunas en donde existe una oferta electoral más variada, cuando se juegan opciones bien diferenciadas o en el caso de una polarización notoria entre los electores.

Un caso especial lo constituye Ciudad del Este, donde HC se jugó por el candidato de la Lista 1, Ulises Quintana, en clara contradicción con Javier Zacarías Irún, quien se puso en la vereda de enfrente al optar por el candidato opositor independiente, el ex intendente Miguel Prieto, que busca la reelección.

La opción por Quintana como resultado de la “Concordia” con Marito por el pacto de la “Cicatriz” de impunidad, así como en varias ciudades con el soporte del otro liderazgo de la ANR que ostenta el vicepresidente Hugo Velázquez, es tal vez el buque insignia sobre el cual se verá si continúa o no el afán de fortalecer la “unidad de impunes”, bajo la sombra del Patrón del Quincho de la calle España, tras el conteo de los votos en las elecciones.

Más que otro resultado, un triunfo de Ulises supondrá un espaldarazo al proceso de unidad colorada apadrinado por el cartismo, mientras que la derrota será un duro golpe a esta aspiración, y con lo cual se abrirán las puertas del infierno para el inicio de una encarnizada lucha por el poder en la ANR, ya de cara a las internas partidarias y las generales, a lo largo del próximo año.

 

Faltan planes de desarrollo

A las puertas del acto comicial del domingo, no entusiasman mucho las candidaturas porque no se avizoran grandes cambios para favorecer el progreso urbanístico que traiga un mayor bienestar a la gente, especialmente en las grandes ciudades como Asunción y Ciudad del Este, con sus respectivas áreas metropolitanas. 

Está visto que el principal problema radica en la falta de una coordinación entre municipios con el apoyo del Gobierno central para la elaboración de planes innovadores de desarrollo en infraestructura e inversión adecuada de los recursos, que en gran parte son destinados sólo a sueldos o al mantenimiento de la burocracia municipal.

En forma simultánea, salen a la luz los condimentos típicos de la futura campaña para las generales, donde se deberá discutir nada menos que el futuro del país, y cuando los abrazos hipócritas servirán muy poco, ya que la ciudadanía espera la solución real a sus problemas cotidianos. Es el caso, por ejemplo, de las múltiples denuncias de malos manejos de los fondos públicos en los municipios, que sólo son la punta del iceberg de la descomunal malversación de recursos en el Estado en su conjunto, bajo el reinado de la impunidad comandado por la operación cicatrizante abdo-cartista en la ANR, que repercute indudablemente en la crónica carencia de recursos para salud, educación e infraestructura básica.

La campaña política por las municipales tuvo más la intención de consagrar el “hagan uso y abuso” proclamado por HC con tal de hacer triunfar a la ANR para su beneficio personal y político, que la búsqueda de un cambio en la forma de administrar los fondos públicos. Aunque se debe reconocer que los liberales, la izquierda e independientes tampoco fueron a la zaga de los colorados, por lo que la transparencia efectiva en la gestión casi no tuvo eco en las promesas electorales, salvo elogiables excepciones, como el anuncio a última hora de la firma de un acta de compromiso entre los candidatos a intendente de CDE para publicar con detalles las ejecuciones del dinero público, especialmente en el tema del Fonacide, que últimamente resulta la fuente estelar de la corrupción en los municipios.

Pero quizás donde más se aprecia la falta de apego de los políticos al abordaje de los problemas reales de la gente, se vio nuevamente en el anuncio de la bancada de Honor Colorado en Diputados, con el apoyo oportunista y netamente electoralista al pedido de los docentes para el incremento de 16 por ciento en sus salarios en el presupuesto nacional de 2022. 

Hasta el ex ministro de Hacienda cartista Santi Peña tuvo que salir a apoyar a sus correligionarios, borrando con el codo lo que escribió con la mano, al olvidar que había recalcado hace poco tiempo sobre la necesidad de no permitir el aumento constante del déficit presupuestario que ya se acerca al 4 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), alejándose cada vez más del 1,5 por ciento establecido hace algunos años por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La actitud de los diputados cartistas va directamente contra la decadente disciplina fiscal del Gobierno de Marito Abdo, pero respondería a una estrategia electoral del cartismo, desesperado como está por no perder en los municipios importantes de Asunción, Ciudad del Este, las urbes colindantes que forman sus áreas metropolitanas, así como en las ciudades cabeceras departamentales.

Pero si afloja Marito en la cuestión presupuestaria se podría desbocar el gasto público, con consecuencias desastrosas para la economía, originando el sobreendeudamiento del país que ya se encuentra casi en el límite admisible del 40 por ciento del PIB, lo que incidirá sobre el proceso de desarrollo y las inversiones privadas, yendo directamente contra las posibilidades de un crecimiento económico sostenido de largo plazo para ir bajando los elevados índices de extrema pobreza de más del 30 por ciento de la población.

Es lo que los gremios empresariales le acaban de alertar al Gobierno, pero por lo visto el político-empresario HC sólo ve su conveniencia particular, con tal de ir posicionando a su servicio las instituciones del país como el caso de la Fiscalía, cuyas falencias y puesta a disposición de las órdenes del Patrón ya están comenzando a hacer cundir la alarma entre los mismos empresarios, según fuentes bien informadas.

Es cierto que la bancada cartista en Diputados ha salido del lado de los empresarios, en el asunto de las penas carcelarias de hasta 10 años para los invasores de tierras privadas y fiscales, así como han tenido generalmente posturas conservadoras a satisfacción de los hombres de negocios en otros temas promovidos por la izquierda, pero también se entiende que en el problema de la tierra, así como en otros temas económicos y sociales, no sólo basta imponer el poder de una aplanadora de votos en el Congreso, sino promover el necesario consenso social, que configura el mejor instrumento para el desarrollo ordenado de un país, con justicia para todos.

Por lo tanto no es casual que Marito y su ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, estén pensando en subir los impuestos al tabaco para financiar los incrementos presupuestarios ahora apoyados por la bancada cartista en Diputados con la bendición de HC. Resulta una evidente devolución de gentileza al Patrón tabacalero, y con lo cual asoma ya una posible confrontación post-electoral entre Marito y Horacio.

 

El sicariato avanza

En la campaña electoral se ha visto también el creciente empuje del sicariato, que antes sólo estaba confinado en episodios aislados de la vida política y tenía su vigencia generalmente en los ajustes de cuentas de la mafia fronteriza o entre los narcos.

Los asesinatos por encargo empezaron a abundar también últimamente en la capital y en el departamento Central, no siendo ya una maléfica práctica focalizada en el norte del país, sino exhibiendo ramificaciones hasta en la política, con los casos de asesinatos de candidatos a concejales en Amambay, San Pedro y Alto Paraná. Precisamente este miércoles 6 de octubre se supo a primera hora del atentado al candidato a intendente de Hernandarias, Nelson Cano, quien milagrosamente salió ileso de una andanada de balas, en compañía de su hijo que iba al volante de su camioneta, en un camino rural de dicha localidad colindante con Ciudad del Este.

Dirimir las diferencias políticas a balazos no es lo más recomendable para la convivencia democrática nacional, por lo que las autoridades deberán ser mucho más severas en la adopción de medidas para prevenir este tipo de accionar contrario a una sana disputa civilizada de las distintas posturas políticas.

A esto no ayuda tampoco la actual situación de la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez, cuya autonomía frente a los políticos, y especialmente HC, no resulta favorable a los intereses de la sociedad, ya que se sabe que aplica diferentes varas de acuerdo a la cara del cliente, así como ocurre también con ciertos jueces y hasta con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, con honrosas excepciones.

Cartes por supuesto ha sido el gran beneficiado con la cooptación fiscal y judicial, ya que se debe recordar que jamás fue molestado por el Ministerio Público, a pesar de las serias denuncias de lavado de dinero que pesan sobre él en el Brasil por el escándalo del doleiro brasileño procesado Darío Messer, su hermano del alma.

La nueva filtración de “Pandora Papers” a nivel mundial permitió también conocer con lujo de detalles la existencia de una “offshore” del Patrón, no presentada por HC ante la Contraloría en su declaración de bienes durante su presidencia, lo que debería ameritar una investigación fiscal. Cartes, ni corto ni perezoso, comunicó la vigencia de su inversión foránea oculta, sólo el jueves pasado, 30 de setiembre, una vez que se enteró de la inminencia de las publicaciones en la prensa internacional y local de las documentaciones comprometedoras sobre sus manejos financieros al margen de las leyes nacionales.

Inmediatamente, los voceros cartistas salieron a poner paños fríos sobre el ocultamiento, señalando que no es delito abrir sociedades en el exterior para realizar inversiones foráneas, como en el sector inmobiliario. Pero el hecho es que como mínimo se debería investigar al Patrón por no declarar una firma formada fuera del territorio nacional, por las sospechas de evasión de impuestos y lavado de dinero, entre otros delitos. Además no informó a la Contraloría de contar con dichos bienes, aunque es cierto que lo hizo ahora, a destiempo.

Si el mal ejemplo viene de una ex alta autoridad de la República, que goza de una impunidad a toda prueba, se puede comprender así el por qué del auge de la delincuencia de todo pelaje tras la crisis del Covid, incentivado por el crimen organizado, y que coincide con la flojedad fiscal y judicial, debido a los políticos que brindan su protección a los delincuentes desde el más alto nivel, pasando la raya de la paciencia ciudadana, según todos los indicios, por lo que llega el momento de tomar decisiones para revertir el desbordado rumbo social e imponer la tolerancia cero con el delito, comenzando por desterrar el protectorado político a los marginales.

La reciente resolución de la Corte Interamericana que condena al país a un pago de casi 1 millón de dólares a Bonifacio Ríos Ávalos y a los familiares del extinto Carlos Fernández Gadea, ex ministros de la Corte sacados a empellones por un juicio político exprés en 2003 en la época de la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, da la pauta de cómo se maneja la Justicia, es decir a pedir de boca de los poderosos de turno, pero con el resultado final que siempre sobreviene: que el fardo cae sobre el pueblo contribuyente de los impuestos de donde deberán salir los resarcimientos a Ríos Ávalos y Fernández Gadea.

Es por eso que se insiste tanto en una Justicia independiente, que la sentencia de la Corte Interamericana viene a poner de relieve aún más, después de casi 20 años del desaire sufrido por ambos magistrados que puso de resalto justamente la dependencia del Poder Judicial de una clase política corrupta y prebendaria.

No puede extrañar entonces el avance del sicariato en la sociedad y en la política, porque la Justicia no funciona, no sólo para castigar a los asesinos, sino para garantizar la aplicación de la ley sin mirar la cara del cliente. Es la mayor asignatura pendiente por la cual se debe luchar en el ámbito político y ciudadano, en los próximos años.

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