Escribe: Luis Alen.
Hasta ahora no se ha escuchado de boca de algún candidato a cargos electivos relevantes, como la presidencia de la República o bancas en el Congreso, una propuesta seria para eliminar de una vez por todas la pobreza extrema en el Paraguay, atendiendo a la importante franja de población que cae en la más baja escala social, unas 2 millones de personas.
Lo que se dice en las declaraciones habituales de los candidatos es su compromiso “con la educación, la salud, vivienda y ambiente dignos, la seguridad”, etc., pero no se habla de medidas destinadas a reorientar los recursos hacia los sectores sociales más desprotegidos en el reparto de la torta económica, salvo las promesas hechas para la potenciación de la asistencia a los adultos mayores, las transferencias monetarias condicionadas o a las personas con discapacidad, que son programas ya en curso en el presupuesto desde anteriores gobiernos.
Erradicar la pobreza, comenzando por la extrema, en el Paraguay es posible, pero no factible con el presupuesto nacional actual, a menos que ocurra un verdadero milagro: que la clase política que surja de las elecciones se tome el atrevimiento de reformar completamente el modo de hacer política y cambie las estructuras obsoletas del Estado, realizando los necesarios ajustes en las grandes partidas presupuestarias, especialmente en los gastos superfluos.
A ningún candidato escapa el marco teórico según el cual el presupuesto general de gastos de la Nación debe servir con fines desarrollistas, pero en la práctica de nuestros representantes, por lo menos desde la finalización de la dictadura, nunca se ha llegado a investigar a fondo el grado de despilfarro mayúsculo que implica el costo de nuestra política, inficionada por la corrupción, a tal punto que muchos quieren dedicarse a este, en principio, noble menester, sólo para enriquecerse en forma meteórica, pisoteando con ello las promesas de épocas de elecciones en aras del aprovechamiento personal del cargo.
Liquidar el costo de la corrupción
Además de basar el presupuesto nacional en un plan de desarrollo económico con inclusión social, los legisladores que ocupen bancas en el próximo Congreso deberán en primer lugar reducir drásticamente el alto costo de la corrupción en las compras y licitaciones del Estado, al mismo tiempo que se pone coto a los absurdos niveles salariales que no se corresponden con los del sector privado, a la contratación de personal superfluo por recomendación política, el recorte de gastos innecesarios en cada una de las reparticiones públicas y, finalmente, terminar con las costosas subvenciones a los partidos políticos, cuyos gastos deberían ser cubiertos por sus propios afiliados.
Hace rato que un cargo público es sinónimo de bonanza económica para los miles de funcionarios, pese a que un servidor estatal debe tener en primer lugar el orgullo de sobrellevar una “carga pública”. Pero la subversión de valores en que se desenvuelve la clase política, ha permitido que el Estado se convirtiera en un verdadero botín, por lo que, año tras año, se va consolidando la fábrica de nuevos ricos que es la función pública, cuando la misma debería estar sólo al servicio del pueblo.
Por supuesto que hay excepciones que confirman la regla, como el caso de los funcionarios honestos que viven de un salario que muchas veces no les alcanza, pero en la realidad son otras víctimas del gasto superfluo del Estado, que resulta directamente manejado por una minoría ligada a la dirigencia política, tanto del partido en el poder como de la oposición, que consiguen pingües beneficios practicando diversas clases de corruptelas, desde el tráfico de influencias hasta directamente exigir coimas para la consecución de algún trámite o contratación.
La clase de real compromiso con sus votantes de quienes accedan a los cargos electivos en el próximo período gubernativo o legislativo, se verá con su conducta en el momento en que se deba realizar el corte de los gastos superfluos ligados al alto costo de la política y de la corrupción en el país.
Los recursos así liberados podrían cubrir holgadamente los fondos necesarios para emprender programas que ayuden a liquidar la pobreza extrema, ligados principalmente a la soberanía alimentaria, como el plan “Hambre cero”, que implica básicamente la asistencia a miles de niños de hasta 5 años en la línea de pobreza.
Asimismo, encarar en forma decidida el plan de soberanía energética para reunir los recursos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá para la lucha contra la pobreza y asistir monetariamente, en forma general y condicionada a su formación profesional en artes y oficios, a los jefes o jefas de hogar de la franja de pobres extremos.
Por último, en una siguiente etapa, propender a la soberanía económica que se basará en la redistribución del ingreso a través del impuesto a la renta, poniendo en vigencia la renta básica universal, que implicará así la eliminación tanto de la pobreza extrema como de la general.
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