Una mafia político-judicial amparada por la Sala Constitucional de la Corte fue denunciada al Ministerio Público, confirmando que los ministros de la más alta instancia judicial, o no leen los escritos puestos a su consideración o directamente cometen prevaricato, sumándose este hecho a los ya ventilados profusamente ante la opinión pública como el blindaje para no realizar la declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios o la prohibición para que la Contraloría audite a los entes públicos o a las municipalidades como la de Ciudad del Este, en un estilo inaugurado por el clan Zacarías.
El prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.
La prevaricación es causal de remoción del cargo para un magistrado y en el caso de un ministro de la Corte, de juicio político por mal desempeño de sus funciones, según lo dispuesto en la Constitución.
La ciudadana de Itapúa, Andrea Susana Eberhardt Raitner, bajo patrocinio de los abogados Norma Liliana Ortiz Meza y Alfredo E. Wagener, presentó ante la fiscalía de San Juan Bautista (Misiones) una denuncia penal contra tres personas, entre ellas su ex-esposo, directamente involucradas en la maniobra político-judicial desenmascarada por Primera Plana que la despojó de sus propiedades obtenidas tras el divorcio y disolución conyugal.
El grave hecho ahora sujeto a investigación fiscal también apunta, según la acusación presentada, a otros coautores materiales, morales e intelectuales, instigadores o cómplices, por varios delitos de acción penal pública, entre ellos: producción de instrumento de contenido falso, lesión de confianza, apropiación indebida, daño intencional en asociación ilícita para delinquir y otros ilícitos del fuero criminal.
Pero la denuncia no termina allí, sino que salpica directamente a la administración de justicia, representada por los jueces de primera y segunda instancia, además de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuyos ministros, Antonio Fretes, Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica, podrían ser pasibles de juicio político en el caso que se compruebe su implicancia en la deliberada ignorancia de la ley, al no dar curso al pedido presentado por la misma denunciante al atacar de inconstitucional las sentencias del juzgado inferior y el de alzada.
Indefensión manifiesta
La flagrante indefensión de la afectada por el expolio de sus tierras y otras propiedades obtenidas en la disolución conyugal homologada por la misma Justicia en 2015, no fue suficiente motivo para que la Corte tratase su pedido de inconstitucionalidad en octubre de 2017, poniendo en seria duda la capacidad de juzgar de los magistrados en un caso evidente de apropiación indebida de quienes urdieron el despojo, según la denunciante.
Lo sucedido a la señora Eberhardt es una muestra palmaria de la inseguridad jurídica que vive el país, cuando de un plumazo y por la complicidad judicial, se puede urdir una maniobra para el despojo de propiedades, sin dar participación en el juicio a la parte afectada.
La señora Eberhardt sufrió en 2016 en el juzgado de San Juan Bautista, Misiones, la enajenación de todos los bienes que le habían adjudicado judicialmente de su matrimonio anterior, sin que le dieran participación en un juicio de nulidad de los títulos de propiedad obrantes en el Registro Público.
Tanto su ex esposo, Ronald Armín Lautenschlager como su ex suegro, Fritz Armín Lautenschlager Verruck, y el padre de éste, Arbillo Natalicio Lautenschlager, fueron denunciados por Andrea Susana Eberhardt, todos domiciliados en la zona de Colonias Unidas, en Itapúa, a quienes acusa de haber redactado un documento falso sobre un supuesto acuerdo de cesión “simulada” de los bienes que luego fueron propiedad del matrimonio, y a los que accedió la denunciante en un 50 por ciento una vez que quedó firme el divorcio y la disolución conyugal.
En base a dicho documento apócrifo, la afectada vio cómo magistrados acusados de venales ante la fiscalía convalidaban la apropiación indebida, sin que se le diera oportunidad de defensa alguna.
Ahora corresponde que la fiscalía le devuelva sus bienes legítimamente anotados en los Registros Públicos e investigue el grado de conexión de los magistrados acusados con la mafia político-judicial, ya desenmascarada por varias denuncias públicas, entre ellas las que se originaron en los famosos audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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