Escribe: Luis Alen.
El Gobierno no pudo esconder ni maquillar los crudos números del incremento de la pobreza, la total y la extrema, tanto en el sector rural como en el urbano, pero lo que está tratando de “salvar” es su responsabilidad en la falta de un enfoque adecuado para combatir este flagelo social.
Por acción u omisión deliberadas, los actores políticos principales, comenzando por la nueva “mayoría” cartista integrada incluso por gente de izquierda, sigue pensando en soluciones mágicas redistributivas ya sea vía aumento de impuestos o por medio de un incremento de los gastos, especialmente los relativos a las transferencias directas condicionadas a los sectores más vulnerables.
El convidado de piedra de este Gobierno, el sector privado, tiene mucho que aportar y hablar del deterioro social, pero en forma increíble no es escuchado, a pesar de la génesis supuestamente empresarial del cartismo.
El déficit de inversión industrial
Así, por ejemplo, se tiene el hecho cierto de que un factor esencial para reducir la pobreza en cualquier economía es la mayor inversión en industrias, especialmente las que dan empleo a gran número de mano de obra, como la construcción de edificios y rutas, pero más aún las que procesan materias primas, tanto nacionales como importadas, utilizando un insumo muy abundante en el país, como la energía eléctrica.
La dinámica inversora en obras viales y construcciones ha venido creciendo, es cierto, pero no lo suficiente para absorber a la mano de obra menos calificada y desempleada crónica. Mientras tanto, el sector industrial en su conjunto ha tenido menos dinamismo inversor, lo que revela la necesidad de llevar adelante, o grandes obras del tipo de nuevas usinas hidroeléctricas, o industrias de alto consumo eléctrico con amplios efectos multiplicadores en toda la economía.
Otro elemento a considerar es que el Gobierno se concentró exageradamente en el gerenciamiento de grandes obras con el marco de las APP (Alianza Público Privada), las de financiamiento “llave en mano” o las de licitaciones públicas, pero en el caso de las dos primeras casi no hubo grandes logros, en tanto que los llamados amañados con tufillo a corrupción o digitación anticipada han causado la huida de las inversiones sanas.
Así como se orienta el Gobierno, hacia el copamiento de las instituciones por una facción política autoritaria, el carto-llano-luguismo, menos aún vendrán las inversiones de corte industrial de uso intensivo del capital y de la energía eléctrica, lo que no augura un futuro promisor para la lucha frontal contra la pobreza de casi el 40 por ciento de la población.
Lo indicado a partir de esta realidad es evitar que el país caiga en manos facciosas y dictatoriales, al ser pisoteado el Estado de Derecho y la libertad de expresión, que son las bases institucionales requeridas para la realización de inversiones.
Por otra parte, resulta imperativo reformular todo el sistema eléctrico nacional, de tal forma a reorientar las inversiones en el sector que permitan dotar de suficiente infraestructura en generación, líneas de transmisión y distribución a todas las regiones del país, y especialmente en las zonas donde se puedan instalar complejos industriales que absorban la mano de obra ociosa del campo.
Las inversiones del sector privado pueden servir de impulso suficiente para que los números sociales desfavorables puedan ser revertidos. El fracaso del Gobierno cartista en reducir la pobreza está dando la alarma.
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