En toda la transición democrática, desde 1989, ningún presidente consiguió como Horacio Cartes asegurar la conjunción del consenso ciudadano y político, que son requisitos esenciales para llevar adelante los programas económicos que permitan arremeter contra la pobreza y establecer las condiciones para las inversiones en rubros estratégicos como la infraestructura física y energética.
Porque otra cosa es ganar los comicios por amplio margen y después no tener la mínima gobernabilidad, como ocurrió en 1998 con Raúl Cubas Grau, que de entrada no pudo poner orden en un dividido Partido Colorado, lo que finalmente le resultó fatal y derivó en su exilio en marzo de 1999.
Cartes aglutinó detrás de él toda las fuerzas coloradas, con la mira puesta en la vuelta al poder, a las que se sumaron también votos de otros partidos e independientes, a tal punto de ser plebiscitado por casi el 46 por ciento de los votos ciudadanos el 21 de abril pasado.
Conseguido el objetivo de llegar al Gobierno nacional, ya no se vislumbra una ruptura en el frente colorado ni menos aún se avizora un frente de tormenta en el Congreso que evite conseguir la ansiada gobernabilidad, que le otorgue al Ejecutivo la posibilidad de comenzar a poner orden en el país y aplicar los programas necesarios para dar un impulso fuerte a la economía, que es indispensable para sacar de la pobreza a mucha gente.
El mayoritario consenso en las elecciones viene motorizado por el deseo ciudadano de que por fin se deje de afectar la economía por los avatares políticos, y que los gobernantes tomen con seriedad la misión de aplicar políticas de Estado que garanticen la salida del Paraguay de los bajísimos índices de desarrollo humano que son como un estigma doloroso para un país que aparece en el “top ten” (en los primeros diez lugares) del ránking de exportadores de cereales y oleaginosas en el mundo, así como en el primer lugar como país exportador de energía eléctrica per cápita.
Es de esperar que el mensaje salido de las urnas termine por convencer a la clase política sobre la necesidad de acompañar al gobierno de Cartes en su programa de gobierno, que ya tiene como mensaje central desde la campaña electoral concentrar todos los esfuerzos en la consecución de trabajo digno para los paraguayos.
Esto significa que se buscará generar los puestos de trabajo en el sector privado a través de genuinas inversiones, y no por medio de la actuación del sector público en la economía, que sólo desemboca en la creación de más burocracia improductiva en los ministerios y empresas estatales.
El anuncio de una depuración en las infladas listas de funcionarios públicos, especialmente en los entes descentralizados, podría ser el inicio de la aplicación del plan cartista en la economía, pero todo dependerá de la decidida acción del gobernante, que posiblemente encontrará resistencia en los círculos sindicales.
Por de pronto, se puede aconsejar que el presidente Cartes lleve a cabo este programa de “poda” de la frondosa burocracia acompañado de la publicitada alianza público-privada para la realización de inversiones en el sector de infraestructura, así como en los planes para aumentar la generación y distribución de energía eléctrica con menor dependencia de las hidroeléctricas binacionales.
Se impone en esta perspectiva lanzar inmediatamente un plan decenal, a 10 años plazo, que motive a los inversionistas y financistas a fijar su vista en el Paraguay, como un atractivo nicho de inversión en los ramos claves de infraestructura y energía. Asimismo, hay que dar señales claras al mundo de que el nuevo gobierno está plenamente comprometido en la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Y si se van confirmando las radicaciones de capitales en la industria dentro del período de diez años que abarca el plan, será notorio que el Paraguay sí tiene futuro y ya no es un país catalogado como dudoso para el inversor internacional.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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