El clan Zacarías intenta prenderse a todas las ramas que están a su alcance para evitar una futura intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, cuando se instale el nuevo gobierno, a partir del próximo 15 de agosto.
La corrupción imperante que se ha apoderado de este país ha hecho que muchos malversadores de los recursos públicos no sean castigados, y así continuar gozando de una grosera impunidad, porque las instituciones responsables de tomar medidas no actúan o sencillamente son cómplices de los latrocinios que se cometen contra el Estado.
Y uno de los beneficiados, por ejemplo, de este esquema perverso dominante en esta república es la familia Zacarías Irún, donde Javier Zacarías y su esposa Sandra McLeod (actual intendente) desde el 2001 administran la comuna paranaense, sin que nunca haya permitido un control de gestión contable por parte de los organismos de fiscalización, como la Contraloría General de la República (CGR), Fiscalía de Delitos Económicos y la propia Cámara de Diputados, que en marzo del 2016 también puso cerrojo a una eventual investigación de la municipalidad esteña.
Hoy ronda un gran escepticismo sobre las autoridades responsables de impulsar una investigación o intervención de la comuna de la capital del Alto Paraná, concretamente la Junta Municipal local, que en los últimos tiempos se ha visto debilitada en su accionar de sus miembros ante la arremetida del clan Zacarías, que trata por todos los medios lícitos e ilícitos desintegrar la bancada opositora, denominada G-8.
A pesar del intenso lobby del clan Zacarías sobre los ediles opositores, hay una sedienta ciudadanía que viene clamando justicia y transparencia en la gestión pública, por lo que seguirá vigilante sobre el accionar de sus representantes.
Las dudas que se generaron en las últimas semanas sobre los concejales opositores, tendrán que se revertidas con la actitud firme de los mismos ante el avasallamiento del cuestionado grupo político, que desea seguir navegando en la impunidad.
El jefe de este clan fronterizo, Javier Zacarías Irún, quien sufrió una catastrófica derrota electoral en su propio feudo (al perder los candidatos oficialistas a la presidencia y gobernación) ahora trata de acercarse a los candidatos colorados a los distintos cargos electivos, en nombre de la unidad. Sin embargo, varios dirigentes republicanos dudan de la sinceridad de Zacarías Irún, atendiendo que el mismo ya había traicionado a su partido para las generales del 2008/2013.
Es inadmisible que se siga enseñoreando la corrupción en la municipalidad de Ciudad del Este, donde en más de 16 años de gestión el clan Zacarías convirtió en un negocio privado la institución, para convertir hoy en una acaudala familia, que se enriqueció con los recursos públicos, aportados por los contribuyentes.
La unidad del partido colorado no debe significar impunidad para quienes se apoderaron del dinero del pueblo. A pesar de que el presidente Horacio Cartes incumplió varias de las promesas hechas durante su campaña electoral, entre ellas está el castigo a los corruptos y transparencia de gestión. Sin embargo, a pocos meses del fenecimiento de su mandato quedaron en meras palabras, y antes que plasmar en realidad, se dedicó a proteger y otorgar impunidad a los corruptos y facinerosos, como Javier Zacarías, Víctor Bogado, Oscar González Daher, Luis Canillas, por citar algunos.
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